El movimiento campesino denuncia la impunidad con la que operan grupos armados y exige al gobierno de Xiomara Castro la intervención urgente en las zonas más afectadas, señalando la complicidad de sectores agroindustriales y la necesidad de proteger a las comunidades del Bajo Aguán
Tegucigalpa, Honduras. – Desde el Bajo Aguán, cooperativas agropecuarias y empresas asociativas campesinas agrupadas en la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Bajo Aguán (COPA) se movilizaron hasta el Ministerio Público en Tegucigalpa para exigir avances en las investigaciones contra los grupos criminales que operan en la región y que han generado violencia y asesinatos contra campesinos.
Yoni Rivas, vocero de la Plataforma Agraria, declaró que existen denuncias formales en el Ministerio Público contra Miguel Mauricio de la Soledad Facusse, jefe ejecutivo de la Corporación Dinant; Elvin Gabriel Martínez Echeverría, jefe de seguridad; y Juan Carlos Lezama. Este último, capturado el 07 de mayo y señalado por el MP como unos de los cabecillas de “los Cachos –estructura criminal que ha sembrado el terror en la zona— según denuncia de Rivas, desde prisión sigue coordinando la estructura criminal que ataca al movimiento campesino.
Los campesinos y campesinas que llegaron al ente investigador del Estado portaban pancartas en señal de protesta, entre las que se podía leer: «Exigimos la pronta investigación a los grupos criminales en el Bajo Aguán», «¡No más muertes de campesinos en El Aguán por parte de Dinant!», «¡Justicia para nuestros Mártires!» y «¡Fuera Dinant con sus industrias del Aguán!», exigiendo no solo el avance de las denuncias interpuestas, sino también la intervención efectiva de los cuerpos de investigación del Estado para proteger a las comunidades campesinas víctimas de violencia.
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ESCALADA DE VIOLENCIA EN EL BAJO AGUÁN
La Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Bajo Aguán (COPA) denuncian una preocupante escalada de violencia en la región, protagonizada por grupos armados irregulares en la finca Pasó Aguán y la comunidad de Rigores.
De acuerdo con la denuncia, el viernes 30 de mayo, en horas de la madrugada, miembros de la comunidad de Panamá reportaron haber escuchado un intenso tiroteo proveniente de la finca Pasó Aguán, zona bajo control de un grupo armado irregular desde hace más de una década.
El sábado 31 de mayo, alrededor de las 6:30 p.m., se reportó la muerte violenta de Josué Esaú Aguilar Cárcamo, de 22 años, en la comunidad de Rigores. hijo de Guadalupe Cárcamo, socia activa de la Empresa Asociativa Campesina de Producción Gregorio Chávez.
De acuerdo con el registro de la Plataforma Agraria, durante el gobierno de Xiomara Castro se han registrado al menos 15 asesinatos de campesinos en la región, y solo en 2025 ya suman cuatro. Por ello, Yoni Rivas insistió en que las autoridades deben intervenir con urgencia para detener la violencia y evitar más muertes, denunciando que muchas de estas estructuras criminales gozan de protección por parte de sectores agroindustriales, especialmente la Corporación Dinant.
“Ya es momento en que las autoridades deben tomar una acción, intervenir para neutralizar las acciones violentas, para no seguir enterrando compañeros y compañeras asesinados por parte de estas estructuras criminales”, expresó Rivas, subrayando la urgencia de una respuesta estatal efectiva para frenar los asesinatos y garantizar justicia para las víctimas
MOVIMIENTO CAMPESINO EXIGEN INTERVENCIÓN
Ante el panorama de violencia que se ha intensificado desde diciembre de 2024, cuando el grupo armado conocido como “Los Cachos” reanudó los tiroteos y ataques contra cooperativas campesinas y comunidades de la zona, La Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Bajo Aguán exigen al gobierno de la presidenta Xiomara Castro la urgente intervención en las zonas donde operan grupos armados que mantienen bajo terror a las comunidades campesinas.
Yoni Rivas, señaló que esperan que haya una acción de los cuerpos de seguridad del Estado que les permita “a neutralizar a estos grupos criminales que continúan ejerciendo violencia, ejecutando asesinatos, campañas de desprestigio, pretendiendo desplazar a quienes tenemos lucha de defensa territorial en esta región del Aguán”.
De igual manera, la Plataforma Agraria, señaló que existe preocupación por la participación de compradores de fruta de palma, autorizados por empresas agroindustriales, en la promoción de estos enfrentamientos, un patrón que ha sido observado de manera reiterada en la región.
Además de la violencia, la Plataforma Agraria alerta sobre campañas de desinformación en redes sociales que buscan criminalizar a sus líderes, pese a que su lucha por la defensa de la tierra se basa en acciones pacíficas y jurídicas. Por ello, exigen a las autoridades una pronta investigación de los crímenes y la intervención en los sectores más afectados, donde los grupos criminales actúan con pleno conocimiento de las autoridades.
