La Plataforma Agraria exige protección y justicia efectiva, mientras organismos internacionales advierten sobre la impunidad y la debilidad institucional que afectan los derechos humanos en el Bajo Aguán
Tegucigalpa, Honduras. – El Ministerio Público, a través de la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA), presentó requerimiento fiscal contra 15 presuntos integrantes de la estructura criminal “Los Cachos”, acusados de desplazamiento forzado, privación ilegal de libertad, lesiones agravadas y asociación para delinquir.
Desde diciembre de 2024, la violencia en el Bajo Aguán se intensificó, con ataques armados contra cooperativas campesinas Camarones y Tranvío perpetrados por los grupos criminales “Los Cachos” y “Los Canechos”, quienes, según denuncias, están vinculados a la empresa agroindustrial DINANT.
La presencia de grupos criminales empleados por la seguridad privada de Corporación Dinant ha llevado a desalojos violentos contra integrantes y familias campesinas, generando desplazamientos forzados, amenazas y agresiones que han agravado el conflicto agrario en la región.
De interés: Tras dos meses de violencia en el Bajo Aguán, ordenan intervención militar y policial
PLATAFORMA AGRARIA EXIGE JUSTICIA Y PROTECCIÓN
El vocero de la Plataforma Agraria, Yoni Rivas, calificó como un avance importante el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público contra 15 presuntos integrantes de “Los Cachos”, que han sembrado el temor en el Bajo Aguan.
Sin embargo, Rivas expresó escepticismo sobre la efectividad de la justicia, recordando que el principal cabecilla del grupo, Juan Carlos Lizama, ha sido detenido en varias ocasiones y liberado poco después, a pesar de su historial delictivo y de las pruebas acumuladas en su contra. “Si queda en libertad, sería un enorme riesgo para los defensores y demostraría la fragilidad en la que opera el sistema judicial en este país”, advirtió el dirigente campesino, quien subrayó la importancia de que las autoridades actúen con contundencia y garanticen un debido proceso para evitar la impunidad.
Ante el temor de represalias y una posible escalada de violencia contra las cooperativas Chile y Tranvío, la Plataforma Agraria exige al Estado hondureño que, además del requerimiento fiscal, se implementen operativos efectivos para capturar a todos los integrantes de la banda y se refuercen las medidas de protección a los líderes y familias campesinas. “Hemos sido permanentemente amenazados y es urgente neutralizar el actuar violento de este grupo criminal para garantizar la vida y la seguridad de quienes defendemos la tierra en el Bajo Aguán”, enfatizó Rivas.
ESCALADA DE VIOLENCIA Y DESALOJOS ILEGALES
Históricamente, los campesinos y campesinas del Bajo Aguán han enfrentado violencia, desplazamiento forzado y muerte en su lucha constante por defender sus tierras frente a los intereses de terratenientes y estructuras criminales que buscan despojarlos de sus territorios.
Halileh García, del Instituto Calán, señaló que la violencia que enfrentan las cooperativas campesinas del Bajo Aguán no es un hecho aislado, sino un proceso prolongado que se ha intensificado en los últimos meses, especialmente entre diciembre de 2024 y enero de 2025.
García, recordó que la estructura criminal conocida como “Los Cachos” realizó un desalojo forzoso e ilegal contra la Cooperativa Camarones el 24 de diciembre, aprovechando la temporada navideña para actuar con impunidad.
Los ataques continuaron con agresiones armadas, vigilancia constante y disparos que dejaron varios heridos y al menos tres asesinatos registrados a finales de enero. Estos hechos forman parte de un patrón de violencia dirigido a desplazar a las familias campesinas que poseen títulos legales sobre sus tierras, en un contexto donde la institucionalidad estatal ha sido insuficiente para protegerlas.
Este análisis coincide con denuncias previas de la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Campesinas del Aguán (COPA), que han documentado amenazas, ataques y desplazamientos forzados en defensa de sus territorios frente a intereses criminales y agroindustriales. La violencia en el Bajo Aguán sigue siendo un desafío crítico para la justicia y los derechos humanos en Honduras.
La situación en el Bajo Aguán ha sido documentada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que en su informe anual 2024 enfatizó que la falta de avances en la implementación de la Comisión derivada de los acuerdos suscritos en 2022 con la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (Copa) es un obstáculo fundamental para la búsqueda de soluciones basadas en el respeto a los derechos humanos, la reparación a las víctimas y el acceso efectivo a la justicia.
Además, el informe subraya que la conflictividad agraria, sumada a la debilidad institucional y la presencia de estructuras criminales, afecta gravemente el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades campesinas.
