Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-Mientras los proyectos del modelo extractivista se siguen expandiendo por el territorio hondureño, los campesinos y las poblaciones de las zonas rurales se enfrentan a una crisis por los efectos del cambio climático y la falta de apoyo gubernamental y con ello a la pérdida de cosechas y a la inseguridad alimentaria.
Bajo el panorama antes descrito se desarrolló este jueves en la capital hondureña un foro mediante el cual se lanzó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, un documento que privilegia los derechos de los habitantes del campo, aprobado en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre del año pasado.
La declaración se aprobó con 121 votos a favor, ochos votos en contra y 52 abstenciones. De América Latina y el Caribe, 27 Estados miembros votaron a favor, uno en contra y cuatro se mantuvieron en abstención, entre ellos el Estado de Honduras.
Aunque Romelio Degrandez, un productor de hortalizas del municipio de Güinope, El Paraíso, no comprenda los tecnicismos de la Declaración, nos resumió las penurias que vive por hacer realidad su proyecto que anda en busca de mercados, ofreciendo productos libres de químicos.
Romelio nos dijo que espera que la Declaración se traduzca en beneficios para él y sus compañeros del campo que están relegados por el gobierno porque no cuentan con ningún tipo de asistencia técnica ni financiera.
“Nosotros luchamos para sobrevivir cada día para mantener a nuestra familia”, expresó al tiempo que lamentó que el actual gobierno limite las ayudas a los socios partidarios y que construya cosechas de agua únicamente en las tierras de sus correligionarios.
El testimonio de Romelio coincide con los datos del Banco Mundial, que señalan que en Honduras más del 60 por ciento de la población se encuentra viviendo en una situación de pobreza. En zonas rurales aproximadamente uno de cada cinco hondureños vive en pobreza extrema y según este mismo organismo internacional, la mayoría de los y las hondureñas residen en las áreas rurales y dependen de la agricultura para subsistir.
Posición del Estado de Honduras
La posición del Estado de Honduras a lo largo de las negociaciones de la Declaración fue de abstención. A pesar de las diferentes acciones de incidencia realizadas a nivel nacional, la delegación del Estado de Honduras en Ginebra se mantuvo fuera de la discusión durante las cinco sesiones ante el Consejo de Derechos Humanos. Esta misma actitud fue sostenida por la delegación del Estado de Honduras en Nueva York durante las discusiones ante la Comisión de la Asamblea General hasta el 17 de diciembre de 2018, fecha en la que se realizó el voto final para la adopción de la Declaración por los Estados miembros de la ONU.
El Estado hondureño ha demostrado una actitud de desidia ante los pequeños productores del campo, ya que el interés del actual gobierno se concentra en la industria de monocultivos y ganadería estabulada y en la profundización del modelo extractivista, que se originó entre los años 2013 y 2014 con la aprobación de un conjunto de leyes y reformas constitucionales para favorecer el desarrollo industrial y agrícola, que está destruyendo la biodiversidad.
La aprobación de la Declaración se dio gracias a la movilización durante 17 años consecutivos y el debate de la Vía Campesina, el mayor movimiento de pequeñas y pequeños productores de alimentos del mundo, en estrecha colaboración con FIAN Internacional, la Unión Internacional de Trabajadoras/es de Alimentación (UITA), el Foro Mundial de Pueblos Pescadores (WFFP), el Consejo Internacional de Tratados Indios (CITI), la Red de Organizaciones Campesinas y Productoras/es Agrícolas del África Occidental (ROPPA) la Alianza Mundial para los Pueblos Indígenas Móviles (WAMIP).
Durante el foro, realizado en Tegucigalpa, disertaron: Soledad Pazos, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH; Diego Monttón, de la Vía Campesina Internacional y Sofía Monsalve, de FIAN internacional.
Soledad Pazos calificó a la Declaración como una victoria para las y los campesinos, pero en el caso de Honduras, dijo representa un reto. “El trabajo no termina aquí, el siguiente paso es que, todos y todas aquí, empujemos con la implementación efectiva de esta Declaración”.
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La funcionaria apuntó que se debe desarrollar y fortalecer políticas que atiendan las particularidades específicas de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, focalizando en derechos importantes como el derecho a la tierra, al agua y el derecho a las semillas.
La representante de la OACNUDH citó que la población rural en Honduras representa 3.9 millones de personas, es decir más del 44 por ciento de la población. Asimismo, que 1.4 millones de hondureños se encuentran subalimentados, pese a que el 29 por ciento del territorio nacional es meramente agrícola, según un informe de la FAO.
En tanto el representante de la Vía Campesina Internacional, Diego Monttón, manifestó que actualmente la tierra se ha convertido en una mercancía para que los bancos hagan plata. Asimismo, que sin el modelo neoliberal no existirían fenómenos como la migración, el hambre y el calentamiento global.
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Otro gremio vendido les dan una monedas y ya los callan