Tegucigalpa. –Amílcar Alexander Ardón Soriano, alias Chande, es un poderoso exnarcotraficante y asesino hondureño, exalcalde durante dos periodos del municipio de El Paraíso, en el occidental departamento de Copán, punto estratégico para el tráfico de drogas por su proximidad a la frontera con Guatemala.
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Doble A (AA), como se le conoce en el mundo criminal, pasó a ser una pieza clave de la Administración para el Control de Drogas (DEA, pos sus siglas en inglés) para destapar la conexión directa entre el narcotráfico y la política hondureña.
En el juicio contra Juan Antonio Tony Hernández, hermano del actual gobernante de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado a cadena perpetua más 30 años de presión por ser narcotraficante a gran escala, narró que financió las campañas políticas del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y de Juan Hernández en 2013 y 2017 al igual que su candidatura como congresista en 2010.
Además, el exlíder del cártel de los doble A (AA) afirmó que financió las campañas del oficialista Partido Nacional en los procesos electorales de 2005, 2009, 2013 y 2017, con dinero proveniente del narcotráfico.
Otra pieza que hundió a Tony fue Víctor Hugo Díaz Morales, alias el Rojo, también exnarcotraficante de Honduras, quien relató que aportó USD 40,000 en la campaña de Juan Orlando Hernández para su diputación en 2005 y colaboró para las elecciones de 2009 con USD 100,000 a favor del Partido Nacional.
Otro hecho que sacudió la política de la nación centroamericana fue cuando fiscales estadounidenses dijeron en la Corte de Nueva York que Joaquín el Chapo Guzmán entregó a Tony Hernández un millón de dólares en sobornos que fueron entregados a Juan Orlando Hernández a cambio de protección y facilitar el paso de la droga por Honduras.
IHSS, PANDORA Y OTROS MÁS
En junio de 2015, Juan Orlando Hernández, reconoció que el Partido Nacional recibió, en 2013, al menos diez cheques provenientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para financiar la campaña política con un monto de USD 147,783, más de 3.3 millones de lempiras de los 7,000 millones del desfalco, bajo la administración de Mario Zelaya.
Tras el multimillonario latrocinio, los hondureños salieron a las calles de forma masiva con protestas exigiendo una comisión internacional que investigara los actos de corrupción como la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), sin embargo, mediante negociaciones se aprobó la creación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), también fenecida.
La misión anticorrupción destapó una docena de casos de corrupción en Honduras en los que sindicó a altos funcionarios públicos como la exprimera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, varios excongresistas y actuales congresistas y dejó avanzadas investigaciones contra familiares del gobernante Juan Orlando Hernández.
El Caso Pandora desnudó que se desviaron 238 millones de lempiras para financiar la campaña política de los conservadores Partido Nacional y Partido Liberal y del partido minoritario Faper, fondos que debieron ser destinados a mujeres campesinas.
Con todo lo anterior expuesto, queda en evidencia que muchas de las campañas políticas en los procesos electorales de Honduras han sido financiadas con dineros procedentes del saqueo y latrocinio de las instituciones públicas del Estado y de estructuras criminales vinculadas al narcotráfico.
Para regular el control de gastos y conocer de dónde provenían los fondos en campaña electoral, la MACCIH impulsó la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, aprobada en octubre de 2016, dando vida a la Unidad de Política Limpia que se encargaría de limitar donaciones, regular el financiamiento público a partidos políticos, contar con sistemas de fiscalización, reportar ingresos y gastos recibidos por los partidos políticos y candidatos.
Aunque su creación surgió en enero de 2017, la Unidad de Financiamiento, Transparencia, Fiscalización a Partidos Políticos y a Ciudadanos comenzó a operar hasta septiembre de 2017 teniendo su primer ejercicio para las elecciones generales de noviembre de ese año.
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BLOQUEO E IMPUNIDAD DESDE INSTITUCIONES FISCALIZADORAS
El actual presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), en enero de 2018, siendo comisionado coordinador de la Unidad de Política Limpia emitió el acuerdo 001-2018 en el que solicitó al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) declarar de carácter clasificado: los datos personales de personas naturales o jurídicas; montos cantidades o descripción de aportaciones; imágenes, cheques, facturas, cotizaciones o recibos de toda aportación; resultados de dictámenes realizados por el departamento de auditoría de la Unidad de Política Limpia de aportantes a una campaña política en cualquier nivel electivo.
Dicho acuerdo fue aprobado por el IAIP en agosto del mismo año lo que blindó y vulneró el derecho de acceso a la información de conocer quiénes o qué empresas han financiado o financiaron campañas políticas convirtiéndose de esa forma en un nuevo pacto de impunidad.
A criterio de Edy Tábora, abogado del bufete Jurídico Justicia para los Pueblos, el acuerdo 001-2018 impide investigar la utilización de fondos en campaña política sea dinero a través de la corrupción o el narcotráfico.
Entes de sociedad civil como la Coalición Anticorrupción (CAP), el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), el Bufete Jurídico para los Pueblos (BJP) y la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu) junto a la organización internacional Abogados Sin Fronteras-Canadá presentaron, el 20 de enero de este año, un recurso de nulidad contra la resolución sin que hasta el momento las autoridades del IAIP se hayan pronunciado.
OTRO PACTO Y UN MAYOR BLINDAJE DESDE EL CONGRESO NACIONAL
La normativa de la ley de financiamiento y fiscalización obliga a los partidos políticos y candidatos y candidatas a cargos de elección popular presentar un informe del gasto en campaña política, de lo contrario, son sancionados pecuniariamente más no penal o administrativamente.
Tras las elecciones primarias de marzo, la mayoría de las participantes no presentaron su respectivo informe por lo que debieron ser multados con el equivalente al valor de 50 salarios mínimos y en caso de incumplirlo en el plazo máximo se aumentaría a 100 salarios más lo que representaba una sanción entre 500,000 a 1, 000,000 de lempiras.
Como jugada estratégica, aprovechando un feriado nacional al tiempo que se disputaría un encuentro deportivo que llamaría la atención de muchos hondureños, el Congreso Nacional convocó a sesión legislativa en la que se aprobaron un sinfín de reformas al Código Penal que lapidó el combate a la lucha contra la corrupción, benefició las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico en Honduras (ZEDE), promovidas por el gobernante Juan Orlando Hernández.
También se criminalizó la protesta social, pero en especial, los congresistas se exoneraron de multas y sanciones a los candidatos y candidatas y movimientos internos de los partidos políticos que participaron en las elecciones primarias.
Los diputados, con la justificación que “no pudieron presentar sus informes a causa de la pandemia de la COVID-19, sumado a la devastación que generó los huracanes Eta y Iota, a finales del mes de octubre y principios de noviembre de 2020”, aprobaron ampliar un mes más la presentación del informe y redujeron la multa de entre 50 a 100 salarios mínimos a solo 15 salarios, valor que no supera los 150 mil lempiras.
El comisionado de la Unidad de Política Limpia, German Espinal, detalló que la mayoría de los candidatos no van a cumplir con la entrega del informe, incumpliendo la ley, por lo que 15 días después de las elecciones generales aplicarán la insignificante sanción.
Espinal no quiso referirse a la pregunta si debería o no establecerse una sanción penal a quienes quebranten lo establecido en la normativa de fiscalización, de lo contrario, les resulta más fácil a los candidatos y candidatas pagar una pequeña multa que justificar de dónde o cómo financiaron su campaña política.
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LAS VERGONZOSA REALIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE GASTOS ELECTORALES
La Unidad de Política Limpia presentó el informe preliminar de las elecciones primarias en el que se desnudó que solo el 36% de todos los precandidatos que participaron en las votaciones presentó el respectivo informe.
De 4,065 precandidatos distribuidos en nueve corrientes internas del opositor Partido Libertad y Refundación (Libre), tres del conservador Partido Liberal y dos del también conservador y oficialista Partido Nacional, solo 1,453 presentaron el informe correspondiente lo que representa el 36%.
De los precandidatos del Partido Libre debían presentarse 1,996, sin embargo, solo 554 lo hicieron lo que representa que un 62% no lo hizo; del Partido Liberal era un total de 1,215 cumpliendo solo 507 un 48% y del Partido Nacional 854, pero 392 lo presentaron siendo el 46%.
Las precandidatas mujeres son quienes más incumplieron con la entrega, apenas el 33% de ellas presentó el informe (386 de 1,139 mujeres), un 35% de hombres lo entregó (1,035 de 2,927).
Para las elecciones generales fueron electos 1,281, de estos, 842 presentaron el informe, 439 han incumplido con la documentación de sus respectivos gastos de campaña siendo los candidatos del Partido Liberal los que más cumplieron la ley con el 76%. Mientras el Partido Libre alcanzó un 61% y el Partido Nacional un 54%.
Cabe señalar que fueron 60 diputados del Partido Nacional quienes aprobaron la reforma a la ley que los exoneró y amplió el plazo de entrega del informe en contubernio con diputados de partidos minoritarios y algunos liberales, el único congresista que votó en contra fue Oswaldo Ramos Soto, siendo una sorpresa porque todos los nacionalistas votan bajo la postura del partido. Los diputados opositores de Libre y el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD) y el resto de la facción liberal no participó en la sesión.
CIFRAS ACTUALES DEL GASTO DE CAMPAÑA PARA ELECCIONES GENERALES
Datos del informe monitoreo y observación del financiamiento político de las campañas electorales durante el proceso primario del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), detallan que el Partido Nacional gastó en las primarias 231, 632,336 lempiras seguido del Partido Liberal con 71, 460,632 y el Partido Libre con 21, 308,015 lempiras.
El candidato presidencial de los liberales, Yani Rosenthal gastó 13, 030,965, seguido del nacionalista Nasry Asfura con 5, 661,510 y Xiomara Castro, candidata de los rojinegros, no invirtió en publicidad.
Para las generales, el Cohep en su monitoreo de gastos de campaña política, hasta el 15 de octubre, expone que Asfura ha gastado 14, 250,495 mientras Rosenthal 5, 789,674 y con un gasto menor el primer designado y antes candidato presidencial, Salvador Nasralla con 612,430, en tanto, Castro 202,430 y Esdras Amado López, candidato presidencial del recién creado Partido Nueva Ruta, 55,890.
A nivel municipal el gasto por candidato a alcaldes del Distrito Central lo encabeza David Chávez del Partido Nacional con 3, 960,470; Jorge Aldana, de Libre 469,430 y Eduardo Martell del Partido Liberal, 26,770.
Por la ciudad de San Pedro Sula: Armando Calidonio, también afín al Partido Nacional con 2, 085,300 lempiras, el opositor a Calidonio, Roberto Contreras, 172,650.
Por medio de redes sociales los candidatos y candidatas también han recurrido para su campaña política siendo el candidato a diputado por Libre, Jorge Calix, quien más invierte hasta el momento con 195,210 lempiras superando a la candidata presidencial.
Le siguen el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, con 93,629 lempiras; Ebal Díaz, candidato a diputado, 60, 909; Armando Calidonio con 48,115; Chávez, con 40,712 y Martell con 30, 254. Cabe señalar que el monitoreo del ente privado no recopila datos de propaganda política en vías públicas, vallas publicitarias, postes de energía o cableado privado, etc.
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EVADEN IMPUESTOS
Un recién informe Comportamiento tributario de candidatos a cargos de elección popular presentado por el Servicio de Administración de Rentas (SAR), revela que, de los tres principales candidatos a ganar las elecciones (Xiomara, Asfura y Rosenthal), solo uno paga impuestos, otro ni siquiera ha presentado una declaración y el otro presentó una declaración de un centavo. Además, 34 candidatos no han presentado declaraciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR), pero tienen ingresos no declarados, es decir, son evasores del fisco.
De 32,733 candidatos en las elecciones generales, hay 12,441 que no tienen RTN, es decir, que no tributan, pero realizan actividades económicas y no están reportando ingresos; seis tienen demandas activas en los juzgados para recuperar cerca de tres millones y 46 empresas relacionadas con los candidatos están con demandas para recuperar los impuestos.
Sumado a lo anterior, de los candidatos que sí cuentan con RTN, únicamente 1,343 aportan al fisco, lo que representa un 7%, ya sea por ser asalariados, retenciones por conceptos de honorarios y retenciones por dividendos o utilidades atribuidas, los restantes 18,949 no están realizando ningún aporte a la administración tributaria hondureña.
“Para la Unidad de Política Limpia es importante que todos los candidatos a cargos públicos tengan un RTN, todos los recursos del financiamiento público y privado deben depositarse en una cuenta bancaria. Se necesita que haya rendición de cuentas”, manifestó el también comisionado de la Unidad de Política Limpia, Luis Javier Franco.
Cabe señalar que la normativa electoral establece que los candidatos que tengan cuentas pendientes con el Estado de Honduras deben ser inhabilitados, sin embargo, el informe se presentó a pocos días de las votaciones y esto impide que el CNE actúe.
Conozca el listado completo aquí Informe preliminar
LA UNIDAD DE POLÍTICA LIMPIA, UN ELEFANTE BLANCO
Para Edy Tábora, al igual que el congresista Jari Dixon y la diputada del PINU-SD ahora designada presidencial de Libre, Doris Gutiérrez, la Unidad de Fiscalización, Transparencia y Fiscalización a Partido Políticos es “un elefante blanco” convirtiéndose en un ente sin razón de ser debido que no tiene facultades de accionar contra los candidatos y candidatas que sean financiados con dineros ilícitos.
A criterio del director del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD, por sus siglas en inglés), Luis León, la unidad no tiene capacidad de investigación que permita verificar los financiamientos siendo un organismo sin dientes sumado que no hay voluntad política por reforzarla.
Cabe indicar que, previo a las elecciones primarias de marzo, la unidad contaba con 43 empleados y tres comisionados. Para las elecciones de 2021 se aprobó un presupuesto de 60 millones de lempiras y se contrató a 33 auditores y 30 abogados nada más.
