Tegucigalpa. A 16 días de las votaciones generales en Honduras, diversas organizaciones de sociedad civil denuncian que existe un pacto de impunidad que impide conocer la información sobre las personas naturales o jurídicas que financian las campañas políticas de los candidatos a cargos de elección popular en forma privada.
En enero de 2018, Kelvin Aguirre, quien hoy dirige el Consejo Nacional Electoral (CNE), fungiendo como comisionado coordinador de la Unidad de Política Limpia (UPL) emitió el acuerdo 001-2018 en el que se solicitó al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) declarar de carácter clasificado datos personales de personas naturales o jurídicas; montos cantidades o descripción de aportaciones; imágenes, cheques, facturas, cotizaciones y recibos de toda aportación; resultados de dictámenes realizados por el departamento de auditoría de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos, de aportantes a una campaña política en cualquier nivel electivo.
El 8 de agosto de ese mismo año, el IAIP aprobó el acuerdo vulnerando así el derecho de acceso a la información pública que tiene la ciudadanía y conformando un pacto de impunidad que impide conocer de dónde salió el financiamiento de las campañas políticas de los candidatos y candidatas a cargos de elección popular.
“Eso tiene unas consecuencias muy importantes para investigar la utilización de fondos ya sea dinero público a través de la corrupción o dinero proveniente del crimen organizado. Hemos estado viendo como el partido de gobierno ha estado utilizando grandes cantidades de dinero para favorecer a su candidato Nasry Asfura que puede condicionar los resultados de la elección”, cuestionó Edy Tábora, abogado de Bufete Justicia para los Pueblos.
Para Tábora, con el financiamiento privado se condiciona los aportes que al final se traducen en otorgamientos de contratos y beneficios fiscales a las empresas que financiaron campañas políticas o protección a criminales que respaldaron a los partidos políticos.
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En tanto, el pasado 20 de enero, la Coalición Anticorrupción (CAP), el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), el Bufete Jurídico para los Pueblos (BJP) y la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu) junto a la organización internacional Abogados Sin Fronteras-Canadá presentaron un recurso de nulidad contra la resolución.
Según las organizaciones de sociedad civil es un acto nulo entre las dos instituciones en las que su normativa constitutiva los obliga a auditar e investigar la procedencia de los dineros que se pagó las campañas políticas, además de ser una omisión de la aplicación del artículo 36 del decreto 137-2016 que contraria la emanado en la ley de rendir cuentas por lo que se demanda resolver a favor el recurso de nulidad porque afecta la transparencia.
Cabe señalar que en diversos juicios en Estados Unidos contra narcotraficantes hondureños e inclusive en el de Joaquín Guzmán Loera alias “el Chapo” se ha develado que expresidentes hondureños, diputados y alcaldes han financiado sus campañas políticas con dinero procedente del narcotráfico.
De igual manera, la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) presentó varios casos de corrupción como Pandora en el que se implicó a 38 personas entre actuales diputados, exdiputados, funcionarios y exfuncionarios por el desvío de 238 millones de lempiras utilizados para financiar campañas políticas del Partido Nacional y Partido Liberal o los casos Red de Diputados que involucra a más de 100 congresistas y el caso narco política.
“Necesitamos saber quiénes están financiando a los candidatos. Con esta reforma se contradice la propia ley orgánica de las dos instituciones. Nosotros exigimos que se cumpla la ley para que la ciudadanía tenga acceso a la información de sus candidatos y quienes los financiaron. Es importante saber a qué intereses responden aquellos que en algún momento lleguen al poder”, manifestó la abogada Kenia Oliva del BJP.
Con este pacto de impunidad promovido por instituciones que deberían, según su ordenamiento constitutivo, auditar e investigar de dónde salieron los millonarios recursos para financiar campañas políticas se debilita la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, al tiempo que se blinda conocer quiénes fueron los candidatos o candidatas financiados con dineros del narcotráfico o de la propia institucionalidad pública.
