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Programas sociales, la estrategia del Partido Nacional para hacer campaña política

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Portada: La primera dama, Ana García, entrega alimentos a pobladores de las aldeas Banderas y La Unión, Choloma, Cortés, afectados por las  tormentas Eta y Iota. (Foto: Casa Presidencial)

Tegucigalpa.-Los programas de asistencia social implementados por el gobierno de Honduras para dar respuesta a la población que vive en pobreza y extrema pobreza han sido utilizados por el Partido Nacional para campaña política, en especial en tiempos electorales, según un informe del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad).

En el informe “la política pública de asistencia social del partido de gobierno: origen, trayectoria y propósito de los programas y proyectos sociales”, detalla que en años electorales el gasto en la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis) incrementa de manera sustancial y ejemplifica que para  las elecciones de 2017 el incremento fue de 75 %, mientras que en este año electoral de 53 %.

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Según el documento para el 2014, periodo que asumió la Presidencia Juan Hernández, el gasto en Sedis era de 642, 722,666 lempiras, sin embargo, para las elecciones de 2017 en las que Hernández fue reelecto de manera ilegal se aprobó un presupuesto de 2,024,878,276, no obstante, el gasto fue de 2,580,757,667.

Tal situación está ocurriendo este año electoral en el que el oficialismo pretende continuar en el poder tras doce años de gobierno; el gasto en 2019 en Sedis fue de 1, 611, 134,917 pero este año, hasta finales de julio, incrementó a 3, 414, 749,370.

En tanto, para el periodo electoral de 2017, plagado de denuncias por fraudes, entre lo aprobado y lo ejecutado el incremento para los programas de asistencia social del gobierno fue de 555, 879,391, mientras este año electoral ya supera 1, 076, 360,303.

En 2013 el gobernante anunció el “Plan de Todos para una Vida Mejor” por medio del cual puso en marcha el “Bono 10 mil”, “Microempresas de Tortillas”, “Eco-fogones”, el programa “Vida Mejor” que contempla dotación de pisos de cemento, techos, letrinas, filtros de agua y las famosas “Bolsas solidarias”, cuestionadas porque han sido utilizadas para manipular a personas de escasos recursos y  para actos de corrupción, según una investigación de 2019 de Univisión.

También implementó el programa con “Chamba Vivís Mejor” y lo convirtió, en agosto de 2019, en el Programa Presidencial de Empleo Con Chamba Vivís Mejor que cercenó los derechos laborales establecidos en el Código del Trabajo y puso en marcha el empleo por hora.

“El papel que juega la política pública basada en bonos en año electoral, dadas las experiencias electorales del 2013 y 2017, y las evidencias de su instrumentalización con propósitos político-electorales, podemos concluir que es un patrón que se repetirá este año electoral”, señala el Cespad.

Es importante resaltar que el nivel de pobreza y extrema pobreza, según cifras del Banco Mundial, durante los ocho años de gobierno de Juan Hernández pasó a 70 %, lo que indica que siete de cada diez hondureños viven en pobreza y, de estos, cuatro en extrema pobreza.

A criterio del analista e investigador de derechos Humanos, Joaquín Mejía, el oficialismo se aprovechó de estos programas asistencialistas y utilizó el Presupuesto de la República y la dignidad de las personas de manera perversa.

“Una de las características de los regímenes populistas es la eliminación de las políticas públicas sociales y sustituirlas por programas de asistencialismo porque a través de este se crean redes clientelares que sirven en momentos electorales porque la gente se crea la idea que quienes les están llevando un bono es por caridad o por ser buena persona sin entender que lo que están haciendo es alimentando la pobreza, quitando el hambre de hoy, pero garantizando esa fidelidades que son muy utilizadas al momento de las elecciones”, explicó.

Mejía expone que se debe garantizar políticas de asistencia continua que sea asumido como un asunto de Estado sin que sean afectados por los cambios de gobierno; además señala que se debe crear un marco jurídico adecuado con reglamentación clara que instrumentalice esa política y un presupuesto suficiente y adecuado que contemple la integración institucional y de organizaciones de sociedad civil.

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