Lavado de activos, fraude, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, falsificación de documentos, son solo algunos de los delitos por los que la Uferco y la MACICIH han vinculado a figuras del Partido Nacional
Tegucigalpa, Honduras. – En la parte frontal de la tarima se observan varias figuras del opositor Partido Nacional (PN), entre abrazos, -como muestra de unión-, gritan de manera unísona ser víctimas de persecución política por parte del gobierno actual, sin embargo, la mayoría ya se han visto envueltos en casos de corrupción en perjuicio del Estado de Honduras en años anteriores.
En escena se observa a ex funcionarios de gobierno y actuales militantes del Partido Nacional, entre ellos: El diputado y jefe de la bancada del Partido Nacional Tomás Zambrano, el ex alcalde capitalino y excandidato presidencial, Nasry Asfura; el expresidente Porfirio Lobo Sosa, y el diputado Antonio Rivera Callejas.
Todos implicados en casos de corrupción, incluyendo su hoy ausente, pero máxima figura Juan Orlando Hernández, quien se encuentra a la espera de ser juzgado por delitos vinculados al narcotráfico en Estados Unidos.
La causa que reunió a los personajes antes mencionados es abogar por la supuesta persecución de la cual es objeto su compañero, actual presidente del Partido Nacional, David Chávez.
El objetivo que convocó a dichos personajes y a otros integrantes de ese instituto político y sus bases, fue hacer pública la denuncia que refiere a una supuesta persecución política por parte del gobierno de Libertad y Refundación (Libre), que preside Xiomara Castro.
Mediante un comunicado señalaron “la concentración del poder e instrumentalización del Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad, para perseguir y denunciar, a la oposición policía y a todo aquel que adversan al régimen Castro-Zelaya”.
Ante ello piden a los organismos defensores de derechos humanos establecer medidas de protección para integrantes de este instituto político y sus familiares.
Y, a Naciones Unidas (ONU), Organización de Estados Americanos (OEA), y Unión Europea (OEA), le piden establecer una comisión de vigilancia sobre la situación de Honduras, ya que argumentan que la instrumentalización de justicia, se extenderá a otros sectores del país por parte de lo que ellos llaman “dictadura de izquierda”.
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TRES REQUERIMIENTOS FISCALES CONTRA EX FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO PASADO
Es preciso mencionar que la conferencia, que tuvo lugar en la sede del Partido Nacional, se convocó luego que, en la madrugada del martes 28 de noviembre del presente año, se impidió la salida del país del presidente del Comité Central del Partido Nacional (CCPN), David Chávez por tener un requerimiento fiscal y orden de captura pendiente.
Según confirmó el secretario de seguridad, Gustavo Sánchez, el líder nacionalista fue requerido en horas de la madrugada de ayer, cuando se disponía a tomar un vuelo en el Aeropuerto Internacional de Palmerola, rumbo a Estados Unidos.
De acuerdo al jerarca policial al ser notificado del requerimiento fiscal en su contra, Chávez, se dispuso a salir del recinto en su vehículo, causando daños materiales en el lugar. Hasta el momento se desconoce su paradero, por ello ya se ha designado a personal que pueda localizarlo y capturarlo.
Sobre el requerimiento fiscal en contra de Chávez, el vocero del Ministerio Público, Yuri Mora, confirmó que la Fiscalía para la Trasparencia y Combate a la Corrupción Pública lo acusa del delito de fraude y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública.
El caso en particular por el cual se le imputa dicho delito es la comisión de una serie de irregularidades cuando, el hoy fugitivo, ejercía como titular del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).
Se recuerda que el delito también fue denunciado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), ya que una investigación realizada en 2016 reveló la compra sobrevalorada 76 millones de lempiras en equipos para laboratorios cuando el valor real rondaba en 21 millones de lempiras.
Sobre el tema el fiscal general interino Johel Zelaya declaró ante los medios de comunicación que vendrán más requerimientos fiscales y no se debe a un tema de persecución, “no es persecución política, sencillamente esos expedientes ya están, nosotros no tenemos por qué perseguir a nadie políticamente”, apuntó Zelaya.
Cabe señalar que desde que asumieron el poder las nuevas autoridades interinas del Ministerio Público (MP), ha emitido órdenes de captura y requerimientos fiscales en contra de ex funcionarios del gobierno anterior entre ellos: la ex secretaria de finanzas y salud, Rocío Tabora y Alba Consuelo Flores, respectivamente.
La primera a la espera de un juicio y la segunda prófuga de la justicia, ambas se les acusa de ser responsables de la compra fraudulenta de los hospitales móviles durante la pandemia de la Covid-19 en el año 2020.
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FIGURAS DEL PARTIDO NACIONAL MENCIONADOS EN ACTOS DE CORRUPCIÓN
El Partido Nacional se ha considerado como la estructura criminal más grande de Latinoamérica. Lo anterior debido a que al menos unos 15 narcotraficantes hondureños extraditados confesaron que financiaron campañas políticas y pagaron sobornos para concretar el segundo periodo presidencial de Juan Orlando Hernández.
Hoy, la máxima figura del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, al que los narcotraficantes colocaron el poder, se encuentra preso en Estados Unidos a la espera de un juicio por delitos vinculados al narcotráfico.
Su antecesor también nacionalista Porfirio Lobo Sosa fue señalado por cometer delitos durante ocupó el poder, para el caso, fue mencionado en el caso narcopolítica realizada por la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
El hecho más reciente que vincula a Lobo con actos de corrupción es la acusación que le hizo la Uferco, por ser implicado en el caso Pandora II que involucra a otros funcionarios incluyendo al ex presidente Hernández.
Su núcleo familiar también se vio envuelto en actos de corrupción para el caso su esposa Rosa Elena Bonilla, fue declarada culpable del delito de fraude continuado y apropiación indebida en el llamado caso Caja Chica de la Dama, por cual se le otorgó una pena de 14 años, por el cual hoy guarda arresto domiciliario.
Otro de los líderes del Partido Nacional que también se han visto implicado en actos de corrupción es ex alcalde capitalino y ex candidato presidencial Nasry Asfura, a quien la Uferco lo acusó de una serie de delitos entre ellos: lavado de activos, fraude, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos y abuso de autoridad.
En primera fila, alegando persecución política también se encontraba Tomas Zambrano en 2017 fue salpicado por el delito de fraude en las elecciones en 2017 y la MACCIH lo acusó por los delitos de falsificación de documentos, abuso de autoridad todo ello en el denominado Pacto de Impunidad Pacto de Impunidad-Fe de erratas.
Del mismo modo, el diputado Antonio Rivera Callejas también presentó un requerimiento fiscal en el caso “pacto de impunidad”, vinculado a los delitos de falsificación de documentos públicos y delitos contra la forma de gobierno.
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Tambien está el periodista y diputado, Jorge Alberto Zelaya Munguía, quien esta señalado en el Caso Hermes que involucra a periodistas que recibieron dudosa publicidad desde Casa Presidencial en el gobierno de Juan Orlando Hernández.
Zelaya Munguía, habría recibido un total de 1.6 millones provenientes del saqueo, entre los años 2014 a 2017 por concepto de publicidad sin respaldo alguno. Cabe señalar que mientras Zelaya recibía fondos de manera irregular del Poder Ejecutivo se desempeñaba como regidor municipal de la capital.
ACCIÓN PÚBLICA QUE CORRESPONDE AL MINISTERIO PÚBLICO
Sobre el tema, el abogado y analista político Raúl Pineda Alvarado, dijo en entrevista con Criterio.hn que el requerimiento de Chávez se puede observar desde dos puntos de vista: desde el formal, como una acción pública que le corresponde hacer al Ministerio Público (MP) la cual no se observaría como persecución política.
Sin embargo, también se observa intención interesada debido a que sorprende una orden de captura emitida por un juez a las 7:00 de la mañana cuando el sistema de justicia se ha caracterizado por ser lento.
A su juicio, es incensario entrar al debate si la acción responde a justicia o persecución debido a que ambas acciones pueden ser sustentadas con argumentos válidos.
El profesional del derecho analizó que las acciones de libre también pueden responder a un interés político, “libre se dio cuenta que, por la vía formal y tradicional, garantista y respetuoso de la ley no va a lograr sus objetivos políticos […] entonces deciden vamos a hacer uso del poder, entonces ya el problema sobrepasa a los actores”, sostuvo Pineda Alvarado.
En tanto, el abogado y también analista político Kenneth Madrid explicó a Criterio.hn que la acción de requerir a un funcionario no debe sorprender debido a que todos los que han asumido algún cargo deben estar dispuestos a comparecer para brindar cuentas a la sociedad.
Recordó que la acción del Ministerio Público es correcta, sin embargo, lo que a su juicio llama la atención es que Chávez ya había comparecido por la acusación y mediante un recurso de amparo el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), dijo que no había ninguna responsabilidad del implicado.
Destacó que el caso desestimado fue por malversación de caudales públicos y en esta ocasión se le quiere acusar de fraude, “ahora se le califica de fraude y como violación a los deberes de los funcionarios, pero los hechos son los mismos, entonces se tendrá que ver como lo valora el juez que lleva la causa”, dijo Madrid.
Desglosó que el Ministerio Público haría mal si utiliza casos del pasado para instrumentalizar la justicia, por ello sería muy anticipado decir que las motivaciones son políticas.
En este sentido, destacó que fue un mal precedente que Chávez haya huido del aeropuerto, porque su deber era someterse a la justicia y comparecer.
Al igual que el entrevistado anterior dijo que no se puede referir si es persecución o justicia porque ambos lados tienen sus argumentos, sin embargo, precisó que la filtración de información abre la interrogante de la persecución política.
Lo anterior debido a que a su juicio son los fiscales los que deben anunciar el siguiente requerimiento no los diputados, “no se ve bien que sea un diputado el que anuncie los requerimientos fiscales, porque deben ser los fiscales quienes deben asumir el rol”, apuntó Madrid.
Lo anterior debido a que de manera extraoficial se conoció que a la par de David Chávez, existen 13 ex funcionarios que también se les presentará un requerimiento fiscal, no obstante, esta información no ha sido confirmada por las autoridades del Ministerio Público.
