Por: Emy Padilla y Kelly Ortez

El papel de militares, jornada de protestas, relaciones diplomáticas con la izquierda, conflicto con empresarios, medios de comunicación, líderes religiosos, oenegés y comunidad internacional, era parte del escenario entre el 2006 y 2009 cuando Honduras era gobernada por Manuel Zelaya Rosales, ahora, 14 años después, todo parece un déjà vu con Xiomara Castro.

Analistas consultados por Criterio.hn coinciden que la polarización actual no necesariamente desencadenará en un golpe de Estado como ocurrió en 2009 porque las condiciones nacionales e internacionales no son las mismas y porque quien habla del tema es el oficialismo, posiblemente, con la intención de demostrar ante el imaginario colectivo que en la actualidad no existen condiciones para que se repita un hecho como tal porque tienen de su lado a la población y a los grupos armados.

Tegucigalpa, Honduras. – Ha pasado apenas año y medio desde que Xiomara Castro se convirtiera en la primera mujer en ocupar la presidencia de la república en Honduras. El panorama actual en este país centroamericano se enmarca en un clima de polarización, similar al que se originó previo al golpe de Estado de 2009, reapareciendo en escena los mismos actores, aunque el contexto ya no sea al mismo.

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Desde que el expresidente, Manuel Zelaya Rosales, asumió la presidencia de Honduras, en enero de 2006, hasta el golpe de Estado de junio de 2009, su gestión se vio empañada por la confrontación constante con diversos sectores, al igual que ocurre en la actualidad con Xiomara Castro.

Los motivos de la confrontación son similares al pasado: polémicas leyes, desacuerdo con el giro de relaciones internacionales con gobiernos de izquierda, oposición a derechos sexuales y de género por el involucramiento religioso, disgustos de la clase empresarial ante la amenaza de suspender algunos de sus beneficios, pleitos entre la clase política por colocar a sus afines en instituciones claves del Estado, entre otros temas.

Analistas consultados por Criterio.hn coinciden que el panorama tiene mucha similitud con el pasado, pero esperan que no tenga el mismo final. Algunos sostienen que el discurso del gobierno tiene propósitos que aún se desconocen y que utiliza el fantasma del golpe de Estado para arreciar con sus estrategias, sacando a su gente a las calles, para presionar y lograr sus propósitos.

Otros sostienen que se ha creado, como en el pasado, un frente de derecha ante un proyecto alternativo que propone el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Pero, al igual que los primeros, desestiman se origine un golpe de Estado en la actualidad porque las condiciones nacionales e internacionales ya no son las mismas.

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SIN GOBERNABILIDAD

El ascenso de Castro al poder ha estado arropado por una serie de impasses, por ejemplo, dos días antes de su toma de posesión, 25 de enero de 2022, se originó un conflicto en el Poder Legislativo por la conformación de dos juntas directivas en el Congreso Nacional, una liderada por el diputado del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix y apoyada por el Partido Nacional y una facción de diputados del Partido Liberal. La otra junta directiva y que al final ha ejercido las funciones, es la que preside, Luis Redondo, quien fue apoyado por la presidenta Castro, y respaldado por diputados de Libre, del Partido Salvador de Honduras (PSH), una facción del Partido Liberal y el único diputado del Partido Democracia Cristiana.

A más de año y medio de dicha situación, que desencadenó con actos de violencia dentro del hemiciclo legislativo, la legitimidad de Luis Redondo sigue siendo cuestionada por la bancada del Partido Nacional que, en las últimas semanas, previo a la elección del nuevo fiscal general y fiscal general adjunto, se declaró en insurrección impidiendo el desarrollo normal de las sesiones.

Las nuevas autoridades del Ministerio Público debieron ser electas el 31 de agosto y comenzar su mandato a partir del 1 de septiembre, fecha en que, por ley, debió finalizar el periodo del actual fiscal general, Óscar Fernando Chinchilla, sin embargo, hasta el momento se respira un ambiente de ingobernabilidad ante la falta de consensos entre las bancadas de los partidos políticos que han  sido incapaces de ceder a sus intereses y elegir a dos de los candidatos que integran la nómina de cinco, seleccionada por una junta proponente.

En medio de este escenario se han producido una serie de acciones que van desde daños a las instalaciones como insurrección legislativa por parte de los diputados del opositor Partido Nacional, y la conformación de un bloque opositor que ha salido a las calles a protestar contra las decisiones que se han adoptado en el Congreso Nacional.

El llamado Bloque de Oposición Ciudadana (BOC), es integrado por líderes del Partido Nacional, el presidente y fundador del Partido Salvador de Honduras (PSH) Salvador Nasralla, los diputados de este instituto político y militares en retiro, artífices del golpe de Estado de 2009, liderados por el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Romeo Vásquez Velásquez.

Estos sectores se movilizaron el sábado 19 de agosto por las calles capitalinas, evidenciado un gasto extraordinario de recursos económicos, sin que hasta el momento sus organizadores, entre ellos actuales diputados del Partido Nacional, acusados por actos de corrupción, hayan informado sobre el origen de los fondos y cuánto gastaron en la actividad.

Mientras el gobierno de Xiomara Castro se ha enfrascado en una campaña publicitaria sobre la amenaza de un supuesto golpe de Estado y ha sacado a las calles a sus afines y empleados del gobierno a exigir se elija a las nuevas autoridades del Ministerito Público.

El despliegue y el evidente gasto del gobierno, ha sido cuestionado por varios sectores de la sociedad hondureña que consideran dicha acción como un abuso.

Para el abogado y doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, presionar a otro poder del Estado, es algo que no abona a los consensos y al diálogo. Aunque reconoce que el gobierno tiene derecho a convocar a manifestaciones, advierte que a este tipo de acciones se les llama injerencia y pone en tela de juicio la independencia y separación de los poderes del Estado.

Para el sociólogo y analista político Pablo Carias, el panorama actual se asemeja al suscitado en 2008 previo al golpe de Estado, pero enfatiza que eso responde a la carga de problemas que nunca se solucionaron, por tanto, siguen vigentes.

En ese sentido, dijo que el gobierno ha utilizado la excusa de amenazas de un golpe de Estado, para no asumir su papel como autoridad responsable, al tiempo, que sigue manteniendo discursos políticos escudados en el pasado, ante la falta de respuesta a los problemas que aquejan a la sociedad hondureña.

“El malestar de la población es evidente y el gobierno se excusa en palabras como sabotaje y golpe de Estado, pero eso no es acertado, porque los problemas están, son evidentes y todos los estamos viendo”, “manifestó Carías, en entrevista con Criterio.hn.

Del mismo modo, aseveró que la acción más coherente que puede realizar el gobierno, es instar al diálogo y no a la confrontación y polarización, debido a que gobierna para un país no sólo para los militantes del Partido Libre.

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“EL FANTASMA DE ROMEO”

En el 2009 surgió un personaje que traería confrontación y sería partícipe del golpe de Estado, 14 años después sigue su presencia. Romeo Vásquez Velázquez, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (2007-2009), fue destituido luego que se negara a cumplir la orden girada por el entonces presidente Manuel Zelaya Rosales, en custodiar y distribuir el material de la consulta para instalar una cuarta urna en las elecciones de noviembre de ese año.

La madrugada del 28 de junio de 2009, Vásquez Velásquez lideró un escuadrón para expulsar al entonces presidente y de esta manera concretar un golpe de Estado; algunos catalogan de premio el hecho que para el siguiente periodo (2010-2014), el presidente Porfirio Lobo Sosa lo nombrara gerente general de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), luego pudo fundar su propio partido político, Alianza Patriótica, que ha estado en dos contiendas electorales en las que sólo ha obtenido el 0,20 por ciento de los votos.

En pleno 2023 sigue queriendo incidir con sus polémicas acciones, generando división en sus opiniones en distintos medios de comunicación y redes sociales, siempre rememorando el golpe, que a su juicio fue una “sustitución constitucional”. Muestra de ello es que el 22 de julio lideró una movilización de reservistas y veteranos de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.), para honrar la memoria de integrantes del ente armado en el marco del día del veterano de guerra.

La marcha se realizó pese a la desautorización de la secretaría de Defensa que estableció mediante un comunicado que no reconocía la actividad como un acto oficial de las Fuerzas Armadas, debido a que para conmemorar la fecha ya se habían realizado actividades previamente, el 14 y 18 de julio.

En su defensa, Vásquez Velásquez, arguye que tiene una responsabilidad histórica en detener el comunismo que se quiere implantar en Honduras, “con odio, venganza y envidia se construyen los gobiernos comunistas”, dijo recientemente el general en retiro para justificar sus ataques al actual gobierno.

Vásquez Velázquez acudió al Ministerio Público, el martes 29 de agosto, junto al general en retiro Luis Maldonado Galeas y los también generales en retiro y exjefes de las Fuerzas Armadas, Isaías Barahona y Mario Raúl Hung Pacheco, a interponer una denuncia en contra del actual jefe castrense José Jorge Fortín por haberlos acusado públicamente de pretender gestar un golpe de Estado en contra de la presidenta Xiomara Castro.

Consultado por Criterio.hn sobre la confrontación que existe en la actualidad, el sociólogo y analista, Armando Orellana, respondió que el fenómeno de la repetición de hechos obedece a relaciones cíclicas, que consiste en la presentación de ciertos elementos, pero, aclaró que no significa que los hechos se repiten de forma exacta.

CONSTANTES PROTESTAS

Una de las acciones presentes durante el mandato de Manuel Zelaya Rosales, fueron las constantes protestas, lideradas por organizaciones gremiales para exigir la derogación de leyes relacionadas a temas forestales, de agua, minería, telecomunicaciones, conflicto de tierras en manos de campesinos, control del precio de la canasta básica, aumento al salario mínimo y la polémica instalación de la “cuarta urna”, como proyecto de consulta, para la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, siendo esto último el detonante del golpe de Estado.

En la actualidad la primera movilización, en contra del gobierno se realizó en mayo pasado, cuando el empresario estadounidense nacionalizado hondureño, Víctor Wilson Canessa, radicado en la zona sur de Honduras, y el alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, organizaron una protesta en contra del proyecto de Ley de Justicia Tributaria porque -según ellos- esta normativa, aún sin aprobarse y que pretende la revisión de las exoneraciones fiscales, representa un peligro para las inversiones y la generación de empleo, sobre todo en la industria camaronera. Esta protesta confrontó al gobierno de Castro, que más tarde anunció investigaría supuestas presiones por parte del empresario para obligar a los trabajadores a protestar.

Y no sólo los empresarios han incomodado al gobierno de Castro, también lo hizo el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), una organización de sociedad civil que siempre ha sido crítica de la corrupción. El Cespad convocó a los hondureños para que salieran el 18 de julio pasado a activar las llamadas “marchas de las antorchas”, para exigir la instalación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), auspiciada por las Naciones Unidas.

Esta convocatoria hizo que el gobierno llamara a su militancia y a empleados públicos para que protestaran, el mismo día de la convocatoria del Cespad, para exigir a los diputados del Congreso Nacional la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria y la adhesión de Honduras al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, más conocido como la Corporación Andina de Fomento (CAF).  Posteriormente, este último propósito, lo logró en un controvertido proceso en el Congreso Nacional, que nuevamente fraccionó a las distintas fuerzas políticas.

Ante esta convocatoria, el Cespad canceló su movilización. En tanto la organización de sociedad civil “Una voz por Honduras” convocó para el viernes 21 de julio, frente a la Casa Presidencial. Durante esta actividad, que no alcanzó la convocatoria y se redujo a unas pocas personas, fue agredido por los colectivos de Libre, Rashid Mejía, el organizador de la jornada.

El abogado y analista político, Raúl Pineda Alvarado, es de la opiniónque las protestas no son el patrón del gobierno de Manuel Zelaya Rosales, sino más bien una copia de modelos como, por ejemplo, el del presidente Daniel Ortega en Nicaragua y sus colectivos, que no son más que grupos de choque del gobierno para confrontar con la oposición.

“El problema en Honduras es que la alterabilidad en el ejercicio de poder se está poniendo en riesgo, porque se quiere quedar en el poder [el Partido Libre], copiando lo de los colectivos que se parecen a los grupos de reacción de Nicaragua”, apuntó Alvarado.

El analista considera que, en efecto, hay una serie de similitudes entre el panorama de 2008 al que persiste en la actualidad, sin embargo, cree muy lejano un golpe al Ejecutivo, como la cacarea la presidenta Castro y sus más cercanos colaboradores. “Un golpe no se va dar”, dijo Pineda Alvarado en una entrevista con Criterio.hn.

Siguiendo con su estrategia de confrontación Xiomara Castro convocó nuevamente a una protesta, el martes 29 de agosto, para presionar a los diputados del Congreso Nacional a elegir al fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público. Según ella el salir a las calles es una muestra de voluntad de querer elegir a las nuevas autoridades y para evitar un “golpe de Estado”.

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Sobre el tema, la integrante de la organización Articulación Ciudadana, Jimena García, dijo en entrevista con Criterio.hn que el papel que realiza el Partido Libertad y Refundación en las calles se puede considerar un acto de populismo que corresponden a ciudadanos y no al gobierno.

Destaca que el hecho que el partido en el poder convoque a las calles es una acción en la que se pretende ganar la simpatía de la población, “lo que se quiere hacer es ocupar espacios de la población, esos que antes fueron de los ciudadanos y de Libre y de esta manera tener mayor control sobre la población”, destacó García.

García considera que la actuación del gobierno es incorrecta porque su rol no es ganar simpatía sino presentarle resultados a la población hondureña.

POLARIZACIÓN DE LA SOCIEDAD

Las protestas protagonizadas por colectivos del oficialista partido Libre, exigiendo plazas laborales, bajo el argumento que después de 12 años de lucha en las calles, merecen una oportunidad en la administración pública, han estado al orden del día.

Un fragmento de sus bases ha protagonizado tomas y protestas en edificios del Estado exigiendo la destitución de algunos funcionarios y solicitando el despido de empleados de la administración anterior para abrir plazas a los militantes del partido de gobierno, creando con ello un ambiente tenso y de violencia dentro de las oficinas públicas y elevando el nivel de polarización entre la sociedad hondureña.

La situación de confrontación entre los hondureños está afectando las relaciones políticas, familiares y de amistad. Analistas consultados por Criterio.hn consideran que esta polarización a los únicos que beneficia es a las élites políticas y económicas, quienes estarían detrás de crear la división de la sociedad para que sus militantes defiendan sus intereses.

“Hay grupos de empresarios corruptos, que no pagan impuestos y por eso van a presionar para que la población defienda sus intereses”, argumentó el psiquiatra Warren Ochoa, en entrevista con Criterio.hn.

En tanto el psiquiatra Javier Uclés dijo que los políticos dividen a la población al reproducir discursos de odio entre la población, “desde el 2009 han hecho esa división aplicando terminologías como –“golpista, golpe y golpismo”, palabras que son importadas, y repetir ese mismo discurso sólo denota estancamiento”, aseveró el entrevistado. 

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RELACIONES CON LA IZQUIERDA

Durante su mandato Manuel Zelaya Rosales se adhirió a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y a la iniciativa de Petrocaribe, dos proyectos ideados y liderados por el fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez. Zelaya Rosales fue un fiel aliado de Cuba y de los entonces presidentes de Bolivia, Ecuador y Brasil, Evo Morales, Rafael Correa y Luiz Inácio Lula da Sila, respectivamente y del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro, también se inclina a esa izquierda.

Uno de los cambios en la política exterior se dio el pasado 26 de marzo, cuando Honduras y China anunciaron el establecimiento de relaciones diplomáticas, horas después de que el país oficializó la ruptura de las relaciones que mantenía con Taiwán desde 1941. Tras la medida mucho se ha comentado si sería lo más conveniente para Honduras, dejando de lado que China mantiene relaciones con la mayoría de los países del continente americano, incluyendo los Estados Unidos, que posiblemente se ha incomodado con esta decisión.

En sólo meses del anuncio se han generado una serie de conflictos que, analistas abordados por este medio, aducen que puede obedecer a la creación de un frente de derecha liderado por Estados Unidos para impedir perder la hegemonía sobre Honduras.

Sobre el tema, la socióloga Leticia Salomón, dijo que Estados Unidos siempre ha tenido la impresión de tener una buena relación con todos los países de Centroamérica, en el caso de Honduras no sería la excepción y cree que la relación con China no afectará el abordaje que la nación del norte hace sobre el narcotráfico y la migración.

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CONFLICTO CON EMPRESARIOS

En 2008 el gobierno de Manuel Zelaya Rosales elevó el salario mínimo promedio de 3,400 lempiras (USD 177) a 5,000 lempiras (USD 260), lo que provocó malestar en el sector empresarial que comenzó a despedir a los empleados al aducir que la medida elevaba los costos de operación de manera insostenible, mientras el gobierno catalogó su decisión como una estrategia de redistribución de la riqueza.

En la actualidad el gobierno de Xiomara Castro mantiene incómodos a los empresarios al impulsar la aprobación de la Ley de Justicia Tributaría que plantea la disminución de las exoneraciones fiscales que han venido gozando los grandes empresarios durante las últimas décadas y que, según el gobierno,  durante los últimos doce años, representa un sacrificio fiscal de al menos 439,098 millones de lempiras.

Castro asegura que la modificación a la actual política tributaria no implicaría un aumento en los impuestos y estaría orientada a evitar y regular los abusos y los regímenes de exoneraciones fiscales.

Entre tanto los empresarios arguyen que en la presentación del proyecto de ley el gobierno no los ha tratado con la consideración que merecen, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), sostiene que, por el masivo cierre de empresas que sobrevendrá si se cancelan las exoneraciones, se perderán “centenares de miles de empleos”.

Ante ese malestar el Partido Liberal (PL), de centro derecha, presentó una alternativa denominada, Ley de Equidad Tributaria, argumentando que el objetivo es dar tranquilidad y certidumbre al sector privado para proteger los empleos existentes.

Para la economista y jefe de la carrera de Banca y Finanzas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Nancy Ochoa Meza, la propuesta de los liberales conlleva a privilegiar a los sectores que han sido históricamente beneficiados con exoneraciones fiscales.

“Está elaborada desde una perspectiva muy, muy empresarial, cuando debería de haber un punto de consenso, donde el gobierno, hasta cierto punto, pueda ceder”, opinó la economista.

De su lado el sociólogo Armando Orellana rememoró que en el 2009 los empresarios se opusieron al aumento del salario mínimo y cuestiona que ahora el rechazo sea hacia la Ley de Justicia Tributaria y la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento (CAF).

“El gobierno quiere desmarcarse y ganar soberanía, y los grupos de oposición lo que ven es que se les ha estado modificando el statu quo que les ha afectado de manera directa o indirecta”, aseguró el sociólogo Armado Orellana.

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CONFLICTO CON FUNDAMENTALISMO RELIGIOSO

Otro de los sectores que se ha incomodado con las decisiones del gobierno de Xiomara Castro son los religiosos especialmente las iglesias católica y evangélica, que el pasado 22 de julio salieron a protestar en diferentes ciudades de Honduras en el marco del movimiento «No te metas con mis hijos». La actividad estuvo encabezada, entre otras figuras fundamentalistas, por el pastor de la iglesia evangélica Vida Abundante, Evelio Reyes.

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Reyes sigue buscando protagonismo y aprovechó la ocasión para expresar su rechazo a la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente, la que días después fue vetada por la presidenta Castro, quien cedió a las presiones y demostró que la fe religiosa está por encima de los derechos humanos.

Probablemente las presiones de los religiosos han conllevado a que temas como el cambio de nombre con base a la identidad de género para las personas trans, siga estancado en una decisión administrativa, pese a ser una de las medidas de reparación del caso Vicky Hernández y otras vs. Honduras, establecidas en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Las protestas de las iglesias han contado con la participación de políticos conservadores como es el caso del presidente del Partido Salvador de Honduras (PSH) y actual designado presidencial, Salvador Nasralla; el exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez y líderes del Partido Nacional, quienes acudieron a la actividad del movimiento «No te metas con mis hijos», que estuvo cargada de una narrativa fundamentalista religiosa.

Sobre el tema, la socióloga Leticia Salomón, opinó que a los sectores conservadores no les ha quedado más opción que desfilar bajo las banderas ajenas, como es el fundamentalismo religioso, las mismas que les dieron fuerza en 2007-2008 a los grupos de oposición.

Evelio Reyes y el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, jugaron un papel en anudar opiniones a favor del golpe de Estado de 2009 entre la población que se identifica con esas dos religiones: católica y evangélica.

Se recuerda que el pastor Evelio Reyes fue uno de los líderes que convocó a movilizaciones en 2009 para pedir a Manuel Zelaya desistiera de promover la Asamblea Nacional Constituyente, por la supuesta continuidad en el poder; sin embargo, sobre la reelección de Juan Orando Hernández dijo “todos tienen derecho a reelegirse”.

ENFRENTAMIENTO CON MEDIOS TRADICIONALES

En la actualidad la militancia de Libre y varios funcionarios del gobierno han promovido ataques a medios de comunicación luego de ser señalados por presuntas irregularidades en su gestión, entre ellos, el director de la Administración Aduanara, Fausto Calix y el secretario de Energía y gerente interino de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Erik Tejada.

El 2009 también estuvo marcado por las confrontaciones constantes entre el expresidente Manuel Zelaya con los medios de comunicación “tradicionales”, a quienes identificó como el brazo de los grupos fácticos para desestabilizar su gobierno

Zelaya cuestionaba a los medios de comunicación por no cederle espacios para informar al pueblo de las “buenas ejecutorias” de su gobierno, incluso compareció ante la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en la ciudad Miami, Florida, donde habló de la existencia en su país de oligopolios en los medios de comunicación, que limitaban el derecho a la información y a la libertad de expresión de los hondureños.

Asimismo, el entonces gerente general de Hondutel, Marcelo Chimirri querelló a varios periodistas que laboraban en distintos medios de comunicación.

OENEGÉS Y COMUNIDAD INTERNACIONAL

En el actual gobierno también ha habido una serie de confrontaciones con la comunidad internacional. Tras la publicación de la lista Engels, en 2022, que involucró a varios políticos hondureños, entre ellos, integrantes del Partido Libre, provocó que la administración de Xiomara Castro acusara a Estados Unidos de injerir en los asuntos internos de Honduras.

“No consideramos que las listas unilaterales contribuyan a temas específicos, porque precisamente habla de temas internos de otros países”, declaró el canciller Enrique Reina en comparecencia pública, mencionando que esa queja ya se la había expresado a la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu.

Otra muestra de malestar con sectores internacionales se suscitó el pasado 22 de julio del presente año cuando los funcionarios del gobierno Castro arremetieron contra la representante de la Organización de las Naciones Unidas en Honduras, Alice Schackelford, luego que la funcionaria internacional participara en una conferencia de prensa de sociedad civil, para expresar su apoyo a la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, quien supuestamente había sido víctima de amenazas luego que denunciara el nepotismo del actual gobierno.

“El gobierno de Xiomara Castro trata de desmarcarse de la línea de hegemonía que ha mantenido Estados Unidos y órganos bilaterales (…), acción que no ha sido de agrado a grupos de derecha”, opinó el analista Armando Orellana.

Previo a su derrocamiento, Manuel Zelaya, cuestionó la actuación de la representación de las Naciones Unidas y de organismos internacionales por su rechazo al proyecto de la “cuarta urna” [consulta para la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente].

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¿MISMOS ACTORES DE 2009?

Algunos funcionarios que tuvieron un papel importante en la administración de Manuel Zelaya han reaparecido en el actual gobierno como la exministra de Finanzas, Rebeca Santos, actual presidenta del Banco Central (BCH); el entonces ministro de Defensa, Edmundo Orellana, exsecretario de Transparencia y Lucha contra la Corrupción en el gobierno de Castro.

Asimismo, el exministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, actual asesor del gobierno; la exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Rixi Moncada, actual ministra de Finanzas.

Además, el expresidente del Banco Central de Honduras (BCH), Edwin Araque, actual presidente del Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (Banhprovi), la exdirectora del desaparecido Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (Ihnfa), Doris García, actual ministra de la Secretaría de Asuntos de la Mujer.

Del lado de los antagonistas figura el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velázquez y el pastor evangélico, Evelio Reyes, quienes buscan recobrar el protagonismo que tuvieron en el pasado.

La socióloga e investigadora del Centro de Documentación de Honduras (Cedoh), Leticia Salomón, es del criterio que no está mal que en la actualidad se incorporen a la palestra pública figuras que tuvieron protagonismo en 2009, siempre y cuando no se hayan visto involucradas en actos de corrupción, sino, al contrario, tengan buena imagen internacional.

EL DISCURSO DE COMUNISMO Y DICTADURA

Pese a que el 12 de julio de 2023 los diputados del Congreso Nacional (CN) rechazaron ratificar el acta de adhesión de Honduras al Banco de Desarrollo de América Latina (antes Corporación Andina de Fomento, CAF) —después de haber votado a su favor —este fue publicado en el diario oficial La Gaceta mediante el decreto 38-2023 que permite el ingreso del país a dicho organismo. La adhesión de Hondurasfue sancionada por la presidenta Xiomara Castro pese al impasse en el Congreso.

Tras el hecho el designado presidencial, Salvador Nasralla, dijo airadamente que tras la publicación y formalizar la adhesión de Honduras al ente financiero, comenzaba una dictadura en Honduras, “hoy 28 de julio quedará marcado en los anales de la historia de Honduras, del inicio de una dictadura, porque publicar la adhesión del acta representa una muestra de autoritarismo”, dijo Nasralla.

Nasralla también catalogó el hecho como un abuso de autoridad y violación de las leyes por parte de la presidenta Xiomara Castro y el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.

Ante este panorama, la doctora en sociología, Leticia Salomón, dice que las mismas fuerzas que impulsaron el golpe de Estado de 2009 buscan tener protagonismo en la actualidad. Y, de acuerdo a su discurso, los empresarios se resisten a cambios que los afecten, igual organizaciones sociales y las iglesias, acotó la estudiosa.

Recalcó que el discurso del anticomunismo, que provocó la confrontación ideológica, fue la bandera que unió en el pasado a las iglesias, grupos militares y algunos analistas. Sin embargo, destacó que por más esfuerzo no logran colocarlo en la memoria de los hondureños y comunidad internacional.

“Utilizar el anticomunismo, ya ni siquiera Estados Unidos cree eso, porque sabe que es el argumento de la derecha más cruda del país que no responde a hechos concretos. También está el discurso ofensivo que dice que en Honduras se quiere desaparecer a la empresa privada, y de esta manera oponerse a todo cambió a toda iniciativa que afecte los intereses”, agregó Salomón.

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GRUPO DE DERECHA BUSCA PREPARAR EL CAMINO DE LA VICTORIA

El discurso que el gobierno actual es un fracaso es la estrategia para preparar el camino y que las próximas elecciones las gane otro partido político, en particular el Partido Nacional, para construir un país antidemocrático abrazado por el bipartidismo, acostumbrados a vivir de acuerdos entre ellos, es lo que se pretende hacer en la actualidad, opinó Leticia Salomón.

Agregó que abunda el discurso del golpe de Estado, sin embargo, dice que no es posible este hecho, porque las repercusiones en el plano político, económico, serían extremadamente negativas, “no hay opciones por un golpe de Estados Unidos”, expresó.

La socióloga recomienda al gobierno tener habilidad de diálogo y consenso con empresarios honestos, con partidos de oposición, organizaciones sociales, en lugar de permanecer defendiéndose frente a cada ataque, porque con ello se pierde tiempo en atender los verdaderos problemas del país.

De su lado Armando Orellana concluye no se puede afirmar que Honduras repita el final del libreto de 2009, “son muchos los factores que pueden crear fisuras, pero de ello no creo que se genere una crisis mayor, sí se está haciendo una recomposición de fuerzas, de cara al siguiente año, pero no creo que están dadas las condiciones como las de 2009”. No obstante, advirtió que se está replicando la creación de un frente conservador ante “un proyecto político alternativo”.

Para el abogado Raúl Pineda Alvarado, el gobierno utiliza el “fantasma del golpe de Estado”, como un pretexto, que a su juicio se debería a dos panoramas. El primero, es cambiar el modelo económico del país y, para ello, el gobierno necesita justificar un caos y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, “ese tema no es nuevo, ellos mismos ya lo ha venido mencionando”, expresó Pineda Alvarado.

El segundo escenario, según el analista, es utilizar como pretexto la amenaza de Golpe, para desatender los problemas del país en salud, educación y sobre todo ahora con el incremento de la inflación.

“Realmente el que pone el tema del golpe de Estado en la palestra pública es el mismo gobierno porque usted no escucha a la ciudadanía de a pie hablar de un golpe de Estado”.

Apuntó que a su juicio no se cuentan con las condiciones para realizar un acto como el referido y para reiterar este mensaje el gobierno, ha utilizado dos medidas: sacar a la gente a las calles y además realizar un despliegue masivo de policías y militares. 

La intención de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente es un punto que no ha sido descartado por el gobierno de Xiomara Castro, de hecho, está consignado en su plan de gobierno. Sin embargo, a pocas semanas de su ascenso, su esposo y asesor, Manuel Zelaya, declaró que era algo que estaba en suspenso porque no había las condiciones para hacerlo.

En cuanto al despliegue militar referido por Pineda Alvarado, efectivamente la administración Castro se ha decantado por el cuerpo castrense a tal grado que ha delegado en ellos funciones de seguridad ciudadana y la custodia de los centros penales, cuando en su campaña prometió desmilitarizar la sociedad.

El partido Libre, que se define de izquierda, ha sido critico de los militares, de hecho, sus afines ven con recelo a los uniformados por considerarlos los autores materiales del golpe de Estado y los responsables de la represión y muerte de la gente que se opuso, en el 2009, al rompimiento del orden constitucional.

Raúl Pineda Alvarado concluye que la narrativa del golpe de Estado que está manejando el gobierno es con la intención de demostrar que en la actualidad no existen condiciones para que se repita un hecho como tal “porque tienen de su lado a la población y los grupos armados, entonces un golpe de Estado es casi imposible, a menos que ellos se den un autogolpe”, opinó el analista.

EL CLAN ZELAYA CASTRO

Xiomara Castro, quien pertenece al Partido Libertad y Refundación (Libre) que se proclama de izquierda, llegó a la presidencia de Honduras mediante una coalición integrada por sectores de derecha que decidieron volcarse en su apoyo para sacar del poder al Partido Nacional (PN), tras doce años de gobierno y ocho años consecutivos en la presidencia de Juan Orlando Hernández, privado de su libertad en Estados Unidos, a la espera de un juicio por tráfico de drogas y armas.

La actual presidenta, es la esposa del expresidente Manuel Zelaya Rosales, quien llegó al poder bajo la bandera del Partido Liberal (PL), en 2006, pero fue derrocado y expulsado del país en 2009 por un sector poderoso de su mismo partido en colusión con otros sectores de la derecha representados en el conservador Partido Nacional, empresarios, iglesias católica y evangélica y, por supuesto, las Fuerzas Armadas (FF. AA,), tras una crisis política impulsada por los grupos antes señalados que miraban con recelo un acercamiento con gobiernos de izquierda de Latinoamérica y que, en aquel entonces, lideraba el ahora fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

La crisis, que desencadenó con el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, fue en respuesta al proyecto de la consulta popular, conocida como “cuarta urna”, mediante la cual Zelaya Rosales buscaba la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, según sus adversarios, para perpetuarse en el poder al estilo de Hugo Chávez. Aunque él asegura que su intención siempre ha sido construir un nuevo modelo económico y social que mejorare las condiciones de los más pobres.

Finalmente, Zelaya Rosales no logró concretar su propósito, al contrario, fue enviado al exilio, mientras el Partido Nacional construyó un proyecto político que lo mantuvo en el poder durante doce años consecutivos, en un primer periodo de cuatro años 2010-2014, bajo el liderazgo de Porfirio Lobo Sosa y luego por ocho años más con Juan Orlando Hernández, quien logró sin ningún impedimento mantenerse en el poder pese a la violación a la Constitución y a un evidente fraude electoral.

Zelaya Rosales regresó a Honduras hasta 2012, después de haberse exiliado en República Dominicana y luego de la firma, en 2010, del Acuerdo de Cartagena, que eximió de responsabilidad penal y administrativa a los perpetradores del golpe. En el marco de ese acuerdo logró constituir el Partido Libertad y Refundación (Libre) que, en noviembre de 2021, convirtió en presidenta a Xiomara Castro, quien ganó notoriedad política durante las movilizaciones en contra del golpe de Estado bajo la sombrilla del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP)

El 1 de julio de 2012, Castro lanzó su candidatura presidencial perdiendo la contienda frente al exmandatario Juan Orlando Hernández; en las siguientes elecciones de 2017, volvió a participar, esta vez en alianza con el controversial candidato Salvador Nasralla, a quien le cedió la candidatura, pero nuevamente Juan Orlando Hernández, se cruzó en el camino y logró un segundo mandato mediante un fraude electoral y una reelección ilegítima.