Abogados concluyen que, de acuerdo a la ley y ante la falta de consensos en el Congreso Nacional, para llevar el proceso de elección del Ministerio Público, Óscar Fernando Chinchilla continúa llevando la titularidad
Tegucigalpa, Honduras.- Cuatro intentos, en dos sesiones legislativas, no pudieron ser el escenario para que los diputados que integran el Congreso Nacional establecieran consensos y de una vez por todas eligieran a las nuevas autoridades del Ministerio Público (MP) en el tiempo que establece la ley, provocando, en consecuencia, incertidumbre sobre quien está llevando las riendas del ente investigador desde este uno de septiembre.
La abogada constitucionalistas Ana Pineda aseguró que el tema de las autoridades del Ministerio Público tendría que ser cosa del pasado, si se hubiera cumplido con lo que manda la ley, pero ante el pleito de intereses que permea en el Congreso Nacional, todavía no hay consensos, aun teniendo una nómina entregada por la extinta Junta Proponente, hace exactamente un mes.
“Lamentablemente los intereses políticos en muchas ocasiones priman más que los intereses generales de la sociedad y hoy vemos que una de las instituciones más importantes del sistema de justicia se encuentra en incertidumbre por la lucha de intereses de los diputados que no eligen al próximo fiscal y fiscal adjunto”, dijo en medios de comunicación.
Pineda considera que, por ética, ambos tenían desde hace mucho tiempo que renunciar a sus cargos por el mal manejo que le han dado a la fiscalía en los últimos años y, de esa manera, hubieran provocado presión en los diputados para que escogieran a las nuevas autoridades mucho antes del uno de septiembre.
Precisamente la tarde de este viernes se difundió la supuesta renuncia de Sibrián del cargo de fiscal adjunto, no por reconocer su ineficiencia, como lo sugirió Pineda, sino que supuestas amenazas de diputado del partido Libertad y Refundación.
¿QUIÉN ESTÁ AL MANDO DE LA FISCALÍA?
La principal arista en el tema de la elección de la fiscalía es quien lleva las riendas del MP, respuesta que da el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, misma que manda que Óscar Fernando Chinchilla y Daniel Sibrián (si no ha renunciado) continúen en los cargos hasta que el Poder Legislativo escoja a sus sucesores.
Dicho artículo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece de manera literal que tanto el fiscal general y el fiscal adjunto tiene que continuar en sus cargos, si el Congreso Nacional -encargo de llevar los procesos de elección de segundo grado- todavía no ha escogido a las nuevas autoridades, aunque ya se haya cumplido el periodo de cinco años, plasmado en la normativa 233 de la Constitución de la República.
De igual manera, entra en tela de debate lo que dice el artículo 500 del nuevo Código Penal, mismo que establece que el funcionario o empleado público que deje su cargo sin habérsele admitido la renuncia, será inhabilitado y sancionado.
Pero también especifica las mismas consecuencias para los funcionarios, en este caso las autoridades del Ministerio Público, que se queden en los cargos, pese a que el periodo constitucional ya haya terminado.
“En cumplimiento a lo que manda la ley del Congreso y Código penal, y ante la falta de nombramiento de las nuevas autoridades del Ministerio Público, ningún funcionario debe abandonar el cargo, más bien, si lo hace, incurrirá en responsabilidad penal”, opinó el abogado penalista Jaír López.
Para López que el tema de debate los políticos lo estén llevando en quién lleva las riendas de la fiscalía, mientras no nombren las nuevas autoridades, cuando la ley ya lo establece, podría obedecer a una estrategia que permita cerrar algún tipo de componenda entre las bancadas mayoritarias en el Congreso.
“La clave de todo esto está en el Congreso y la voluntad política de los diputados, esto puede obedecer a otros intereses, darle paso a un plan que tengan estructurado para llevar el proceso de elección al nivel que ellos quieren”, planteó.
Aunque no lo dijo de manera literal, a lo que López pudo referirse es al acuerdo tripartito, que se pactó entre la bancada del partido Libertad y Refundación, Nacional y Liberal, con el cual lograron ponerse de acuerdo para repartirse cuotas de poder en las 15 magistraturas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Ese pacto tiene como fin hacer lo mismo con los cargos en el Ministerio Público. La intención que tendrían es entregarle la titularidad a un abogado afín a oficialismo, el fiscal adjunto a un liberal y elevar el cargo de directos de fiscales a rango constitucional para que les quede a los nacionalistas.
Para elevar el cargo de director de fiscales a rango constitucional se necesita hacer una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público, ya que como está actualmente ese cargo lo asigna el fiscal general.
Contrario a la opinión de Ana Pineda y Jair López, el exfiscal del Ministerio Público, José Adán Tomé ,aseguró que Chinchilla y Sibrián ya no son las autoridades de la fiscalía porque su periodo de cinco años terminó el 31 de agosto, tal y como lo establece el artículo 233 de la Constitución.
Este artículo establece que el los máximas autoridades del Ministerio Público serán electas por la mayoría calificada de votos de los diputados del Congreso Nacional (86) y el periodo que estarán en el poder será de cinco años.
“Ellos (Chinchilla y Sibrián) no seguirán en los cargos porque no puede violar lo que dice el artículo 233 de la Constitución y no se debe disponer bajo el decreto 80 de la Ley del Congreso porque hace choque con una normativa de carácter institucional”, comentó.
Agregó que “si hay conflicto o choque entre un artículo de la Constitución y la de una ley, sea del Congreso u otro poder, prevalece la Constitución y el Congreso eso es lo que debe hacer, que nada se anteponga a lo que manda la Constitución”.
En palabras sencillas lo que trató de dar a entender el exfiscal, es lo que establece el artículo 320 de la Constitución, mismo que dicta de manera literal que en caso de incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal ordinaria, se aplicará la primera.
Tomé explicó que, cuando ocurre este tipo de interferencias entre leyes, se debe acudir a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que declare inconstitucional el decreto de la ley, en este caso el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional.
OFICIALISMO NO RECONOCE A CHINCHILLA NI SIBRIÁN COMO AUTORIDADES
El no respaldar que Chinchilla y Sibrián continúen en los cargos hasta que se elijan nuevas autoridades, como manda la ley, lo aseguró el titular del Poder Legislativo, Luis Redondo, al finalizar la sesión en la que tenían que elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público, y fue respaldado por la presidenta hondureña Xiomara Castro, quien sostiene que desde este uno de septiembre no hay nadie llevando las riendas del ente investigador.
En pocas palabras el oficialismo, amparados en el inciso 1 y 4 del decreto 67-2022, sostiene que no respaldarán que Chinchilla y Sibrián sigan en los cargos porque han mantenido una hegemonía de impunidad y corrupción en la fiscalía y, en teoría, su gestión concluyó el 31 de agosto, imponiendo, en consecuencia, que la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) funcione como el ente principal de investigación, mientras los diputados se toman el tiempo para lograr consensos y escoger al próximo fiscal general y adjunto.
Este decreto facultó a la Uferco de ejercer acción pública penal en los casos de corrupción de alto impacto, sin tener que recibir la aprobación de fiscal general, sólo infórmalo al director de fiscales. Esta medida durará hasta que sean nombradas las nuevas autoridades de la fiscalía, según lo precisa el inciso cuatro de la normativa.
Lo anterior, para el abogado Omar Menjívar Rosales, lo anterior únicamente parte de una estrategia política del oficialismo, de la cual el titular de la Uferco Luis Javier Santos no se debe prestar, porque formaría parte del conflicto de intereses que se está debatiendo en la actualidad, que gira en torno a la elección de la fiscalía.
“Con todo respeto, creo que le están haciendo un gran daño a Luis Santos, al usar su imagen y prestigio como ´cocora´ en un asunto que debe ser resuelto de otra manera. Es una falta de respeto para uno de los funcionarios más signos”, opinó el profesional del derecho.
Criterio.hn se trató de comunicar con el fiscal Luis Javier Santos, para conocer, por ejemplo, cuál es la verdadera propuesta que le hizo el oficialismo y qué cambiaría con las facultades que actualmente tiene la Uferco, pero hasta la publicación de este artículo no respondió ni llamadas ni mensajes.
La conclusión de los abogados es que ni las bancadas de oposición ni la del oficialismo dará el brazo a torcer en este proceso de elección, por lo que fraguarán un nuevo pacto o, de alguna forma, tratarán de cumplir con el acuerdo ya establecido, para así nombrar a las nuevas autoridades del Ministerio Público que tenían que asumir funciones desde este uno de septiembre, para estar en el cargo por cinco años, es decir, hasta el 31 de agosto de 2028.
