Katerin Galo
Tegucigalpa. -Rosa Elena Bonilla, esposa del expresidente Porfirio Lobo Sosa, fue beneficiada este miércoles con el cambio de medidas que le permitirán permanecer en casa al salir de la prisión donde se encontraba luego de haber sido declarada culpable de los delitos de fraude continuado y apropiación indebida por los cuales se le condenó a una pena de 14 años de reclusión.
La resolución de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia se conoció en horas de la mañana. Inmediatamente su esposo Porfirio Lobo Sosa, quien ha sido señalado de corrupción en su mandato 2010-2014, celebró su liberación al ser entrevistado en un medio televisivo local.
Aunque la justicia argumentó el cambió de la medida de prisión preventiva por arresto domiciliario, a un quebrantado estado de salud de Bonilla, su accionar deja al descubierto la desproporcionalidad de la aplicación de la justicia para favorecer a los sectores de poder.
Para vincular a la imputada al proceso penal se ordenó a Bonilla a rendir una caución a favor del Estado por 13 millones de lempiras, misma que puede ser depositaria de dinero o fianza bancaria; o de carácter real por otorgamiento de hipoteca, o podrá ser una combinación de ambas, siempre que cumpla el monto señalado.
Asimismo, prohibir a la encausada a salir del territorio nacional para lo cual se deberá liberar la correspondiente alerta migratoria, la obligación de fijar su domicilio dentro del territorio nacional y residir en él de manera permanente hasta tanto no se defina su situación jurídica en sentencia firme.
El pasado 22 de junio del 2022 el equipo legal de Rosa Elena Bonilla solicitó el cambió de medidas, sin embargo, el Tribunal de Sentencia por mayoría de votos denegó la petición. Este caso judicializado contra Bonilla es el segundo.
En el 2018 la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) presentó el denominado caso Caja Chica de Dama, mismo que logró llevar por primera vez, a una exprimera dama ante los tribunales hondureños por actos de corrupción.
El primer juicio se celebró en febrero de 2019 y Rosa Elena Bonilla fue condenada a 58 años de cárcel después de que el Tribunal de Sentencia la declarara culpable por apropiación indebida y fraude.
Además de la condena, se le impuso una multa de 1,2 millones de lempiras (unos 49.700 dólares), equivalente al 10 % de más de 12 millones de lempiras (unos 497.900 dólares) que habría desviado, según la acusación, de los fondos del Despacho de la Primera Dama, a cuentas bancarias personales.
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RESOLUCIÓN FAVORABLE
Daysi Banegas, apoderada legal de Bonilla, confirmó a medios de comunicación que habían sido notificados que el recurso interpuesto fue admitido.
La defensora explicó que la decisión favorable para el cambio de medidas fue respaldada por unanimidad de los magistrados de la Sala Penal y el principal argumento de dicha resolución fue el vencimiento del tiempo de la prisión preventiva dictada contra su defendida.
Según lo manifestado por la jurista, Rosa Elena Bonilla ha permanecido privada de su libertad de manera injusta porque ya había cumplido su prisión preventiva, y posteriormente cuando se reactivó el caso fue enviada nuevamente a prisión.
Seguidamente, explicó que el Código Penal solo estipula una prisión preventiva y ella estuvo retenida seis meses más, pues el Ministerio Publico nunca pidió la ampliación, tomando en cuenta que la privación de su libertad fue de dos años y ocho meses.
“Rosa Elena no debió ir a la cárcel a cumplir otra vez la prisión preventiva porque ya estaba vencida”, dijo.
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JUSTICIA BENEFICIA A CORRUPTOS
A criterio del exinvestigador de la desaparecida MACCIH, Álex Navas, este fallo a favor de cambiar las medidas preventivas a la exprimera dama es un privilegio que se le da a una persona que estuvo vinculada al poder.
Navas comentó en una entrevista con Criterio.hn que la resolución de la Sala de lo Penal solo refuerza la teoría que la justicia solo llega a los descalzos y no a los que realmente están vinculados muy íntimamente con el poder.
El 22 de junio de 2022, Rosa Elena Bonilla y su esposo, el expresidente Porfirio Lobo Sosa, fueron sacudidos con el crimen de Said Lobo Bonilla (23), uno de sus hijos quien fue asesinado junto a dos amigos a la salida de un concurrido centro comercial, ubicado en el bulevar Morazán de Tegucigalpa.
A raíz de este hecho, el ministro asesor para presos políticos, Pedro Amador, pidió la sustitución de la medida de prisión preventiva por casa por cárcel para Bonilla, provocando la crítica en varios sectores de la sociedad que consideraron que la imputada no estaba privada de su libertad por razones políticas sino por delitos relacionados a la corrupción.
“Es cierto que es una cuestión humanitaria, pero creo yo que es importante ver bien el daño que ella causó con el acto de corrupción, por lo tanto, se comete un exceso en darle otras medidas porque hay otras privadas de libertad que les han matado a sus hijos o que han tenido, digamos, otros hechos traumáticos y que al final no se les ha dado este beneficio”, sostuvo el exinvestigador de la MACCIH.
Navas considera que la resolución de la Sala de lo Penal es un guiño al expresidente Lobo por las tragedias que ha vivido él y su familia. “Creo que la justicia se ha parcializado para favorecerle, a la esposa, en este caso de corrupción”, apuntó.
