La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destaca en su informe 2023 preocupantes problemas estructurales en Honduras, incluyendo impunidad, violencia, y corrupción.
Tegucigalpa, Honduras. – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), presentó el informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras 2023, en el que destaca los grandes problemas históricos y estructurales que viven las y los hondureños en materia de derechos humanos.
Isabel Albaladejo, representante de la OACNUDH en Honduras, resaltó que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, que asumió el poder hace más de dos años, lo hizo bajo un contexto de problemas estructurales que subyacen a las violaciones de derechos humanos que no tienen soluciones en el corto plazo.
Entre esos problemas, Albaladejo enumeró: impunidad, falta de acceso a la justicia para victimas y sectores históricamente discriminados, pobreza y desigualdad, altas tasas de violencia –particularmente en contra de mujeres—, corrupción, presencia del crimen organizado, conflictividad agraria y socioambiental, vulnerabilidad climática y la ausencia de una institucionalidad solida que garantice los derechos humanos.
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PRINCIPALES PROBLEMAS
El informe de la OACNUDH resume mediante un análisis la situación de derechos humanos durante el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.
El informe destaca la falta de consensos en el Congreso Nacional que impidió la adopción de leyes, así como la ratificación de la derogación de las ZEDE y el retraso en la elección de autoridades como las del Ministerio Público, que culminó con una cuestionada elección interina a cargo de una Comisión Permanente integrada por nueve diputados propietarios y nueve suplentes del oficialismo.
Otro de los puntos importantes que se remarcan es la violencia e inseguridad, que “continúan afectando al país”. De igual manera, señala que la implementación del estado de excepción y su prolongación en tiempo y territorio es “preocupante”, porque no se ha “justificado su necesidad, proporcionalidad e idoneidad”. Además, la OACNUDH enfatiza que esta medida, que suspende las garantías constitucionales, en al menos tres ocasiones, se ha implementado sin que el Congreso Nacional lo haya ratificado.
De igual manera, la OACNUDH señala el aumento considerable en los ataques contra personas defensoras de derechos humanos, principalmente los que están ligados con la defensa de la tierra, el territorio, y el medio ambiente, así como periodistas, sin que el Estado de Honduras haya brindado una respuesta efectiva, lo que se traduce, según el organismo, en una débil institucionalidad del Mecanismo de Protección de Defensores. Lo anterior se refuerza en las acciones adoptadas por organizaciones y defensores de derechos humanos que elevaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su fortalecimiento. Otro de los principales problemas de vulneración de derechos humanos que destacó la OACNUDH es la situación de movilidad, que se incrementa ya que Honduras es país de tránsito, pero además de origen de la migración. Situación que “ha desbordado la capacidad de respuesta del Estado y de las organizaciones humanitarias”.
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DESAFÍOS Y TAREAS PENDIENTES
El informe de la OACNUDH presenta un panorama de retos y desafíos que se deben abordar con acciones contundentes desde la institucionalidad del Estado.
Para el abogado del Bufete Estudios Para la Dignidad (BED), Víctor Fernández, el referido informe, describe la realidad que enfrenta la población hondureña, principalmente las poblaciones más vulnerabilizadas y plantea retos y desafíos para que los pueda asumir el gobierno.
El también defensor de derechos humanos, valoró que el informe de la OACNUDH refleja una relación de “armonía”, entre este mecanismo internacional de derechos humanos y el gobierno de Honduras, que a su criterio debe ser aprovechado por la actual administración.
“Debería de servirle como catapulta para que los desafíos en materia de derechos humanos los empiecen a asumir con mayor radicalidad, determinación y en menores tiempos”, expresó Víctor Fernández en entrevista con Criterio.hn.
Por su parte, el sacerdote Jesuita, Ismael Moreno Coto, mejor conocido como el padre “Melo”, refirió que, para tener un auténtico Estado de derecho, democracia y vigencia de derechos humanos, debe haber una clara transformación agraria, ambiental, tributaria y en las políticas públicas que garanticen la libertad de expresión y de género. » Son desafíos y tareas que le toca asumir al gobierno, pero también a los sectores sociales», enfatizó.
Por otro lado, la representante de la OACNUDH, Isabel Albaladejo, reconoció que en el primer trimestre de 2024 se han dado algunos avances en materia de derechos humanos, como la emisión de un decreto Ejecutivo, que constituyó la comisión intersectorial de alto nivel para el cumplimiento de los compromisos y obligaciones emitidas por sistemas internacionales de protección de derechos humanos en favor de las comunidades garífunas. Además, la aprobación de la Ley de Casas Refugio y la aprobación del Decreto Legislativo 18-2024 que protege el Parque Nacional Montaña Botaderos Carlos Escaleras y áreas protegidas.
La OACNUDH reconoce en el informe que los avances es el resultado de “la persistencia de las comunidades, de los sectores sociales y la voluntad política de los poderes del Estado para su realización”.
