Tegucigalpa, Honduras. – El reciente informe presentado por el Departamento de Estado de Estados Unidos en que hace un análisis de al menos 200 países, en materia de derechos humanos, ha sido fuertemente cuestionado y rechazado por el gobierno de Honduras, liderado por la presidenta Xiomara Castro.
El informe señala principalmente que “la situación de los derechos humanos en Honduras es problemática, debido al prolongado estado de excepción y al aumento de la violencia de género, temas bastante cuestionados y señalados por organismos nacionales e internacionales.
Razón por la cual, el doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, remarcó que el planteamiento del informe del Departamento de Estado “no es nada nuevo” e instó a las autoridades hondureñas a reflexionar sobre una verdadera política en materia de seguridad ciudadana porque durante el estado de excepción está provocando graves riesgos de violaciones de derechos humanos por parte de los entes armados del Estado.
Luego de la implementación del estado de excepción, el 6 de diciembre de 2022, organismos como el Alto comisionado para los derechos humanos (OACNUDH) y Human Rights Watch, mostraron su preocupación por la extensión de la medida, ya que se visualizaba como una medida permanente en materia de seguridad ciudadana, emulando la política de El Salvador.
El informe del Departamento de Estado, incluye otros aspectos como: libertad de expresión, corrupción gubernamental, la debilidad en el poder Judicial y la persecución y ataque a los defensores de derechos humamos y personas LGBTIQA+.
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RECHAZO GUBERNAMENTAL
Al darse a conocer el informe, el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, a través de su cuenta de X expresó su rechazo y desconocimiento del informe por tratarse de un informe “de carácter unilateral” realizadas por un Estado sobre otro Estados.
Además, el canciller, mencionó que el informe es parcial y unilateral, y que no refleja los avances, esfuerzos y la voluntad política del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. De igual manera, Reina, enfatizó que los problemas que aquejan al país centroamericano, en su mayoría son problemas estructurales causados por la narcodictadura, que lideró el expresidente Juan Orlando Hernández –encontrado culpable por cargos de narcotráfico en Estados Unidos—.
Por su parte, la ministra por ley de la Secretaría de Derechos humanos, Angélica Álvarez, rechazó de manera “enfática y categóricamente” el referido informe. De acuerdo con la ministra el informe “niega nuestros avances” en materia de derechos económicos, sociales, políticos, culturales.
Además, reconoció que el país centroamericano enfrenta desafíos en materia de derechos humanos.
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ESTADOS UNIDOS SIN LEGITIMIDAD
A criterio de Joaquín Mejía, Estados Unidos es “el que menos legitimidad tiene” para hacer señalamientos sobre la situación de derechos humanos de los países.
En ese sentido explico, que se debe particularmente por dos motivos: el primero porque “esta financiado el genocidio palestino”.
De acuerdo con el Ministerio de Salud en Gaza, el número de muertes a causa de la agresión israelí aumentó a 34,356 y los heridos a 77,368 desde el 7 de octubre.
El segundo aspecto que planteó Mejía, es la represión y captura de estudiantes universitarios que ya suman ocho días de movilizaciones a favor de Palestina, exigiendo un alto al genocidio de la población en Gaza.
Por otra parte, Angélica Álvarez, señaló que el Departamento de Estado, “no es una instancia facultada”, para emitir opinión o hacer juicios de valor sobre ningún país, sobre su manera de gobierno Estados Unidos.
Durante la presentación del “Informe por países 2023 sobre prácticas de derechos humanos”, el secretario de Estado, Antony J. Blinken, reconoció “aunque el informe se centra en los problemas de derechos humanos en el extranjero, reconocemos que Estados Unidos se enfrenta a sus propias deficiencias. La fuerza de democracias como la nuestra es que abordamos esas deficiencias, esas imperfecciones abiertamente, sin esconderlas bajo una alfombra”.
El informe incluye observaciones de al menos 200 países, que de acuerdo con Blinken, presenta una descripción fáctica y sistemática de la situación de los derechos humanos.
