Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-Un plazo de 30 días a partir del 2 de abril otorgó el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) a los diputados al Congreso Nacional, onegés y funcionarios públicos que ejecutaron recursos económicos concernientes al Fondo de Desarrollo Departamental durante los períodos 2006-2010, 2010-2014 y 2014-2018.
La medida obedece al denominado “Pacto de Impunidad” denunciado por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) cuando en enero pasado el TSE asumió las competencias del Ministerio Público, de acuerdo a una reforma a la Ley de Presupuesto.
El decreto 141-2017 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República Ejercicio Fiscal 2018 y el Acuerdo Administrativo 001-2018-TSC, que contempla el reglamento para la liquidación de fondos, le quitó la investigación penal que constitucionalmente le compete al Ministerio Público para que indague sobre la ejecución de fondos públicos por parte de diputados y funcionarios del Estado.
Mediante un comunicado emitido este viernes el TSC, advierte que de no presentar la información requerida, procederá conforme a su Ley Orgánica.
Asimismo, “tomando como base las liquidaciones presupuestarias proporcionadas por la Secretaría de Finanzas y los resultados de las investigaciones y verificaciones que el ente contralor realice en los municipios del país, notificará oportunamente los informes con responsabilidades civiles, penales o administrativas que correspondan”.
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PACTO DE IMPUNIDAD
A través de la reforma se estableció un nuevo procedimiento de liquidación de fondos públicos destinados a la ejecución de proyectos o ayudas sociales, incluyendo los fondos gestionados, recibidos, administrados y ejecutados por servidores públicos, diputados y onegés, encargando la auditoría de dichos recursos al TSC, por un período de tres años contados a partir de la publicación de la reforma en mención.
La disposición señala que mientras el TSC esté realizando dicha auditoría e investigación especial, “no procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad sea esta administrativa, civil o penal.”
La MACCIH denunció en enero pasado que la reforma es parte de un “Pacto de Impunidad” que busca blindar a los funcionarios corruptos que se han apropiado de fondos del Estado, entre los que citó a una red de al menos 160 diputados que drenaron fondos a través de onegés para fines particulares. En la lista el ex vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor citó al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.
3 comentarios
Tribunal de cuentos.
A conseguir facturas falsas y seguir la fiesta
Una burda paja de siempre