“Tigre” Bonilla ex jefe de la policía de Honduras acusado de tráfico de drogas y armas

El documento señala que el Tigre Bonilla trabajaba en complicidad con los hermanos Hernández Alvarado y que uno de ellos esta preso esperando sentencia y el otro es presidente de Honduras

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa.- El exjefe de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos Bonilla Valladares, más conocido como “el Tigre Bonilla”, ha sido acusado de trafico de drogas y armas por la Fiscalía de Nueva York.

Un documento de la Corte del Distrito Sur de Nueva York señala que el exjefe policial, presuntamente, abusó de su posición oficial para proteger los envíos de cocaína y asesinó a un narcotraficante rival como parte de una conspiración que involucra a políticos hondureños de alto rango y miembros de la policía nacional hondureña.

Geoffrey S. Berman, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y Wendy Woolcock, agente especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), anunciaron hoy que Juan Carlos Bonilla Valladares, fue acusado en la Corte Federal de Manhattan de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, y delitos relacionados con armas que involucran el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

El fiscal federal de Manhattan, Geoffrey S. Berman, dijo: “Juan Carlos Bonilla Valladares, el ex jefe de la Policía Nacional de Honduras, presuntamente abusó de sus cargos en la policía hondureña para ignorar la ley y desempeñar un papel clave en una violenta conspiración internacional de narcotráfico a nombre del excongresista hondureño Juan Antonio  “Tony” Hernández y su hermano el presidente, Juan Orlando Hernández.

Bonilla Valladares supervisó el transbordo de varias toneladas de cargas de cocaína con destino a los Estados Unidos, utilizó ametralladoras y otras armas para lograrlo, y participó en violencia extrema, incluido el asesinato de un traficante rival, para promover la conspiración.

Ahora Bonilla Valladares ha sido marcado como un forajido y acusado de crímenes que podrían enviarlo a una prisión de Estados Unidos de por vida, dice el texto de la Fiscalía estadounidense.

La agente especial a cargo de la DEA, Wendy Woolcock, dijo: “Juan Carlos Bonilla-Valladares supuestamente usó su posición de alto rango para influir en aquellos que trabajan para él y proteger violentamente a los narcotraficantes políticamente conectados que contrabandearían cocaína con destino a los Estados Unidos.

Como alega la Fiscalía estadounidense, esta fue una violación flagrante y horrible del juramento de Bonilla-Valladares para proteger a los ciudadanos de Honduras. La presentación de estos cargos es otra acción positiva tomada por los Estados Unidos para llevar a los funcionarios corruptos ante la justicia «. Según las acusaciones contenidas en la demanda que acusa a Bonilla, la evidencia presentada en el juicio de octubre de 2019 de Juan Antonio Hernández Alvarado en el Distrito Sur de Nueva York, y las declaraciones en audiencia pública durante el enjuiciamiento de Hernández Alvarado.

Entre aproximadamente 2003 y 2020, varias organizaciones de narcotráfico en Honduras y en otros lugares trabajaron juntas y con el apoyo de ciertos individuos públicos y privados prominentes, incluidos políticos hondureños y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, para recibir cargas de cocaína de varias toneladas enviadas a Honduras desde, entre otros lugares, Colombia y Venezuela a través de rutas aéreas y marítimas, y para transportar las drogas hacia el oeste en Honduras hacia la frontera con Guatemala y eventualmente a los Estados Unidos.

Para protegerse de la interferencia de las fuerzas del orden público y para facilitar el paso seguro a través de Honduras de cargas de cocaína de varias toneladas, los narcotraficantes pagaron sobornos a funcionarios públicos, incluidos ciertos presidentes, miembros del Congreso Nacional de Honduras y personal de la policía nacional de Honduras, incluyendo a Bonilla Valladares.

Por ejemplo, después de un juicio en octubre de 2019 en el Distrito Sur de Nueva York, el excongresista hondureño Juan Antonio Hernández Alvarado fue condenado por cargos de tráfico de drogas, armas y declaraciones falsas relacionadas con su papel en la conspiración descrita en los cargos contra Bonilla Valladares. Hernández Alvarado está programado para ser sentenciado por el juez federal de distrito P. Kevin Castel el 29 de junio de 2020.

El “Tigre” Bonilla fue miembro de la Policía Nacional de Honduras entre aproximadamente 1985 y 2016. Durante su mandato, ocupó cargos de alto rango, incluido el Jefe de Policía Regional con autoridad sobre ubicaciones en el oeste de Honduras que eran estratégicamente importantes para los narcotraficantes, y fue director de la Policía Nacional de Honduras entre 2012 y  2013.

Bonilla Valladares explotó corruptamente estas posiciones oficiales para facilitar el tráfico de cocaína, y usó la violencia, incluido el asesinato, para proteger la célula particular de narcotraficantes políticamente conectados con los que se alineó, incluido Hernández Alvarado y al menos uno de los hermanos de Hernández Alvarado, excongresista hondureño y actual presidente de Honduras al que se hace referencia en la demanda contra Bonilla, acusado  como «CC-4».

Por ejemplo, a cambio de los sobornos pagados con el producto de la droga, Bonilla ordenó a los miembros de la Policía Nacional de Honduras, que estaban armados con ametralladoras, que permitieran que los envíos de cocaína pasaran por los puestos de control de la policía sin ser inspeccionados o incautados.

El Tigre Bonilla, en coordinación con Hernández Alvarado y otros, también proporcionó a los miembros de su conspiración información confidencial de las fuerzas del orden público para facilitar los envíos de cocaína, incluida información sobre operaciones de interdicción aérea y marítima.

En o alrededor de 2010, Hernández Alvarado le dijo a un testigo colaborador («CW-1») que Hernández Alvarado y CC-4 ayudaron a Bonilla Valladares a avanzar en su posición dentro de la Policía Nacional de Honduras, y que el Tigre protegió sus actividades de tráfico de drogas a cambio.

Hernández Alvarado también le dijo a CW-1 que Bonilla Valladares fue muy violento, y que Hernández Alvarado y CC-4 confiaron a él tareas especiales, incluido el asesinato.

Por ejemplo, alrededor de julio de 2011, Bonilla Valladares participó en el asesinato de un narcotraficante rival a petición de Hernández Alvarado y otros porque el traficante rival había intentado evitar que Hernández Alvarado y otros miembros de la conspiración transportaran cocaína a través de una región del oeste de Honduras cerca de la frontera con Guatemala.

Al afirmar que investigó el asesinato en ese momento, Bonilla Valladares le dijo a un miembro de los medios, en esencia, que el asesinato fue un ataque sorpresa bien planificado que se había llevado a cabo de manera eficiente y que los autores habían limpiado a fondo la escena del crimen. Según los informes, Bonilla Valladares  agregó que los autores del asesinato habían utilizado lanzagranadas de 40 milímetros, rifles de asalto M-16 y rifles de asalto Galil. Los últimos dos tipos de armas fueron emitidos por el gobierno hondureño a algunos miembros de la Policía Nacional hondureña.

La demanda acusa a Bonilla Valladares de:

1) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos,

2) usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para fomentar, la conspiración de importación de cocaína; y

3) conspirar para usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína.

Si es declarado culpable, Bonilla Valladares enfrentará una sentencia mínima obligatoria de 10 años en prisión y un término máximo de vida en prisión  por conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos y una sentencia mínima obligatoria de 30 años en prisión y un término máximo de vida en prisión por usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para fomentar, la conspiración de importación de cocaína, y un plazo máximo de vida en prisión por conspirar para usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína.

Berman elogió «el excelente trabajo de investigación de la Unidad de Investigaciones Bilaterales y la Fuerza de Huelga de la División de Operaciones Especiales de la DEA».

Este caso está siendo manejado por la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales de la Oficina. Los fiscales federales adjuntos Amanda L.Houle, Matthew J. Laroche, Jason A. Richman y Elinor L. Tarlow están a cargo de la acusación.

Los cargos en la demanda son meramente acusaciones, y Bonilla Valladares se presume inocente a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad.