Aunque la institución armada declaró el valor de estas unidades en completa secretividad, es decir, la población interesada en saber, no tendrá acceso a la información, se maneja que cada unidad completamente blindada tiene un costo que rebasa los 10 millones de lempiras
Tegucigalpa, Honduras – Aunque se justificó la compra precisamente para velar por la seguridad de los funcionarios policiales, cuyo valor se mantiene en secreto, con el propósito de llevar a cabo «operaciones tácticas» gracias a su equipamiento con tecnología supuestamente indetectable para combatir directamente el crimen organizado, los Black Mamba Sandcat o «armadillos policiales» que han llegado al país son objeto de operaciones policiales de rutina.
Durante su comparecencia en un foro televisivo en noviembre de 2023, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, anunció la adquisición de 10 «armadillos policiales», destacando que son unidades de última generación, dotadas de un avanzado sistema tecnológico diseñado específicamente para ejecutar «allanamientos, controles, retenes y todo tipo de operación policial que pueda garantizar la seguridad para los funcionarios policiales».
Además del sofisticado sistema tecnológico, según una investigación elaborada por El Heraldo Plus, los Black Mamba adquiridos por Honduras poseen un nivel de blindaje FB/7, BR7/, UL10/, MIJIV/, opaco y de acero balístico superior a 600 brinell. Este material está certificado por laboratorios balísticos internacionales y el blindaje transparente cuenta con cristales de marcas reconocidas a nivel mundial.
Sin embargo, a pesar del avanzado sistema tecnológico y blindaje, la capacidad para transportar a 13 uniformados al mismo tiempo, su versatilidad para ser conducidos en diferentes tipos de terrenos y la facilidad que ofrecen para disparar proyectiles desde el interior, los Black Mamba están siendo utilizados para ejecutar tareas que cualquier vehículo convencional del estado podría realizar sin representar un mayor gasto económico.
Esta situación quedó evidenciada el pasado 18 de febrero de 2024, cuando elementos de la Policía Nacional utilizaron una de las dos Black Mamba que están en el país, aparentemente por la potencia que posee en su tracción 4×4, para desmontar un portón metálico en una populosa colonia capitalina, situada en una de las zonas donde tienen presencia las estructuras criminales con más poderío.
Según se observa en las imágenes compartidas por la institución armada en las redes sociales, la Black Mamba, que pesa 8,200 kilogramos y tiene capacidad para cargar 1,500 kilogramos, con la ayuda de un cable metálico grueso, que ya trae instalado la unidad, jaló el portón que bloqueaba el ingreso a una de las calles principales de la Colonia Los Laureles, en la capital.
Este portón metálico, de color rojo y algo desgastado, señal que indica que hace varios años está allí, fue colocado e impuesto a los vecinos por miembros de una agrupación criminal que mantiene presencia delictiva en el sector, según la versión de los habitantes, recolectada por funcionarios de la Policía Nacional.
De igual manera, el pasado 22 de febrero, durante una operación de rutina, la Policía Nacional arrestó a seis presuntos delincuentes. Esto se atribuye a la intervención en zonas conflictivas de Comayagua con el uso de las Black Mamba Sandcat.
Lo paradójico del caso es que a los arrestados solo se les decomisaron unas cuantas puntas de supuesta cocaína, marihuana y armas. Además, entre los detenidos no figuran personas señaladas de cometer delitos de alto impacto contra el Estado hondureño, sino únicamente de distribución de drogas.
Estas operaciones podrían resolverse sin ningún problema al utilizar los vehículos convencionales de la institución armada. Este uso plantea interrogantes sobre la necesidad real de estos vehículos y sugiere la necesidad de una investigación más profunda sobre su adquisición y utilización.
De hecho, la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, aseguró que, así como se gasta el presupuesto asignado para el ejercicio fiscal de 2024 de la Policía Nacional en la adquisición de costosos vehículos, también sería oportuno destinar parte del porcentaje para mejorar la unidad de investigación. Esto permitiría que los capturados lleguen hasta los tribunales de justicia y no sean liberados por falta de pruebas, como suele suceder en la mayoría de los casos.
Existen varias necesidades dentro de la institución y hay un amplio presupuesto asignado, por lo que para mí es sumamente necesario destinar recursos a la investigación del delito», dijo la funcionaria policial durante una conversación con Criterio.hn.
El presupuesto asignado a la Secretaría de Seguridad para el año 2024 es de L 11,651,738,277.00, lo que representa un aumento de 1,449,479,677.00 lempiras, un incremento del 14% en comparación con el año anterior.
Parte de esta millonaria cantidad de dinero se desembolsó en la compra de los primeros 10 “Black Mamba”, de los cuales solo han llegado dos al país. En los próximos meses llegarán los otros ocho, según autoridades. Además, el titular de la institución mencionó que están evaluando la compra de otros cinco.
Lea: Silenciadas y olvidadas: femicidios y muertes violentas de mujeres continúa invisibilizadas en Honduras
TODO OBEDECE UNA ESTRATEGIA SIN RESULTADOS
Todas las estrategias y métodos implementados por la Secretaría de Seguridad tienen un objetivo claro: luchar contra el crimen organizado. Para ello, mantienen, desde hace más de un año, un estado de excepción que, a juicio de la población, aún no está dando los resultados prometidos y de los cuales presumen los jerarcas policiales.
El estado de excepción es la medida con la que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha buscado demostrar su compromiso en la lucha contra la criminalidad organizada. De hecho, según los datos proporcionados por la propia institución de Seguridad, los homicidios han disminuido en el país. Sin embargo, según la opinión de los comerciantes, quienes son los principales afectados por el delito de extorsión, la situación de la criminalidad es peor que en años anteriores.
«El estado de excepción ya lleva más de un año. Si bien hemos observado algunos cambios, son mínimos y solo se perciben cuando hay presencia policial. Sin embargo, el cobro de extorsión sigue siendo una realidad. Incluso, durante el último año, la tarifa ha aumentado. Por lo tanto, los resultados concretos aún no son evidentes», expresó el empresario de transporte urbano, Jorge Lanza, durante una conversación con Criterio.hn.
El crimen organizado se beneficia principalmente del transporte urbano mediante el cobro de extorsiones. Se presume que miembros de maras y pandillas se han infiltrado en este sector para facilitar la comisión de diversos delitos.
