Por: Luis Escalante
Tegucigalpa.- La sociedad civil se encuentra a la expectativa del dictamen que está por presentarse en el Congreso Nacional, con relación a la ley de colaboración eficaz, una normativa que en los últimos dos períodos legislativos había sido engavetada, pero que ahora ha vuelto a ver un rayo de luz, después de que la diputada Fátima Mena, del Partido Salvador de Honduras (PSH), presentara a inicios de febrero una iniciativa para su aprobación.
Representantes de la coalición de sociedad civil
(ACTJ), entre ellas Gabriela Blen y Jimena García, han referido en recientes entrevistas con Criterio.hn que, siempre y cuando el dictamen que se presente ante el pleno de diputadas y diputados no se aleje de lo que propuso años atrás la desaparecida Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih), le brindarán su respaldo.
«De lo contrario», dijo Blen a este medio digital, «el Congreso dará la señal de que se quiere seguir apoyando la corrupción y la impunidad en Honduras».
En años previos, varios diputados y exdiputados, entre ellos Fátima Mena y David Reyes, en ese entonces del Partido Anticorrupción (PAC), y Osman Aguilar del Partido Liberal, presentaron ante la Junta Directiva que presidió el nacionalista Mauricio Oliva iniciativas destinadas a la aprobación de una ley de colaboración eficaz, sin embargo, siempre se engavetó por intereses afines a impedir la lucha contra la corrupción.
En relación a la petición de los sectores de la sociedad, en torno a la necesidad de esta norma, el presidente de la comisión dictaminadora y diputado de Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon Herrera, asegura que se encuentran en la recta final de la elaboración del anteproyecto de ley, el cual una vez dictaminado, según ellos, superará las expectativas en comparación con el que presentó, años atrás, la Maccih.
«Va a ir mejorada, sobre todo, porque estamos tomando la experiencia de fiscales del Ministerio Público. Ellos saben que hay varias personas involucradas con la corrupción, pero, al no contar con un instrumento que les permita colaborar y ser protegidos, no pueden negociar con la Fiscalía», expresó a Criterio.hn el diputado Herrera, quien además fue fiscal del Ministerio Público.
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El anteproyecto de ley, que está por ser dictaminado, consta de 28 artículos y, según adelantó Herrera, están trabajando en los últimos ocho.
La comisión dictaminadora inició su trabajo a mediados de junio, durante el receso que se dio a las sesiones legislativas, después de que la Corte Suprema de Justicia les remitiera una serie de recomendaciones en torno al anteproyecto de ley.
No obstante, Herrera admitió que, aunque desde mediados de agosto habían anunciado que estaban cerca de presentar el dictamen ante el pleno de diputadas y diputados, las reuniones de la comisión se han detenido durante las últimas dos semanas, pero esperan retomarlas a partir del 12 de septiembre.
¿QUIÉNES PUEDER SER COLABORADORES?
Fuentes de la comisión de dictamen han expresado que el detenimiento de las reuniones de trabajo ha correspondido al debate en torno a quiénes podrán convertirse en colaboradores eficaces.
Inicialmente, en su artículo 9, el anteproyecto de ley contemplaba que la figura no sería aplicable a personas imputadas por genocidio, feminicidio, violación, violación especial, tortura y desaparición forzada, al igual que a jefes o cabecillas de grupos del crimen organizado
La comisión dictaminadora, sin embargo, únicamente dejó a los jefes o cabecillas de grupos del crimen organizado dentro del texto del borrador, algo que ha generado cierta crispación y que ha postergado el dictamen final.
Jimena García, representante de la ACTJ, consideró en entrevista con Criterio.hn que es necesario que la ley sea aplicable a «personas relacionadas con el crimen organizado o con la comisión de cualquier delito que pudiera convertir al testigo en víctima de una represalia».
Aun con los debates que se han generado en torno a quién podrá ser colaborador o colaboradora eficaz, Dixon Herrera se mostró optimista y mencionó que, junto al resto de compañeras y compañeros de comisión, entre los cuales figuran Silvia Ayala (Libre), Tania Pinto (Partido Nacional) y Tomás Ramírez (PSH), están trabajando para «estructurar una ley de acuerdo a los intereses de la ciudadanía y de la lucha contra la corrupción».
¿QUÉ ES UN COLABORADOR EFICAZ?
Un colaborador eficaz, o un «soplón» o «sapo» dentro de las estructuras delictivas, es una persona que ha sido testigo de algún delito o que ha participado de él, pero que maneja información o evidencia que pueda servir a los operadores de justicia, sobre todo a fiscales, para dar con quienes están encima suyo dentro de una organización delictiva, siempre y cuando dicha información permita la eficacia en la persecución penal de los delitos que abarque la ley de colaboración eficaz.
A cambio de ofrecer dicha información o evidencia, el colaborador eficaz podrá ser beneficiario de reducciones de penas o libertades condicionales, entre otras ventajas, siempre y cuando su colaboración sea de contundente importancia en el desmantelamiento de la organización.
Asimismo, se tomará en cuenta el grado de responsabilidad en el delito que cometió el colaborador eficaz o su posición dentro de la organización delictiva. En ese sentido, se debe valorar que una persona, no solo por haber colaborado con los operadores de justicia, quedará absolutamente libre de responsabilidades.
«Lo que busca esta ley es ir en contra de las estructuras completas, incluyendo a los líderes, con el propósito de que dichas redes no puedan continuar generando daño alguno», subrayó el diputado Jari Dixon Herrera.
GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DEL COLABORADOR SERÁ CLAVE
A criterio de Lester Ramírez, director de Transparencia y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), y quien participó en las socializaciones del anteproyecto que elaboró la Maccih, también es necesario que la institucionalidad ofrezca garantías a los colaboradores eficaces, sobre todo en asuntos concernientes a su protección y su seguridad.
«Debido al contexto de violencia e inseguridad propio de nuestra sociedad, esta ley no garantizará en un 100% que los testigos vayan a denunciar o a delatar a quiénes tienen encima suyo dentro de la estructura. Por ello, me parece que se tiene que garantizar una protección de la dignidad de los testigos, al igual que un trato justo por parte de la autoridad», indicó Ramírez a Criterio.hn.
Mientras que el diputado Jari Dixon Herrera, quien también fue fiscal del Ministerio Público, fue sincero al mencionar que «el Estado tiene la obligación de darle protección a los colaboradores eficaces y de asignar los recursos necesarios para que dicha protección sea efectiva, y que no solo se quede en el papel como otras leyes».
