Proyecto pone en riesgo de desplazar del Mar Caribe a los misquitos, garífunas y a las etnias pech y tawahka.
Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-El Convenio para la exploración y explotación de petróleo en el Mar Caribe de Honduras se hizo de manera inconsulta con los pueblos originarios que habitan la zona de la Mosquitia, es decir con las comunidades misquitas, garífunas y a las etnias pech y tawahka.
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“Los convenios internacionales hablan de que el Estado está en la obligación de consultar con los pueblos”, expresó el dirigente de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Félix Valentín al referirse a la aplicación del Convenio 169 de la OIT, que establece la consulta previa, libre e informada, cuando se ejecutan proyectos que afectan los territorios de los pueblos ancestrales. Sin embargo el gobierno de Honduras ignoró esta obligación legal al firmar en el 2013 el convenio con la firma británica BG Group, ahora absorbida por la Shell.
Valentín contó que las comunidades se dieron cuenta de la concesión hasta que vieron al barco y la maquinaria que ya estaba trabajando en el lugar. Asimismo, que el contrato establece que la concesión se iba a realizar en un plazo que oscilaba entre cuatro a seis años, pero el proceso se realizó antes porque los yacimientos de petróleo fueron encontrados en el paralelo 84 y 85.
El líder comunitario garífuna señaló que si la explotación no ha iniciado es porque la transnacional así lo ha decidido ante la baja del precio del petróleo a nivel internacional.
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Valentín bautizó a la concesión petrolera como un “proyecto de muerte”, porque existe el riesgo de un derrame con lo que automáticamente las comunidades de toda la zona atlántica, comprendida entre los costas de Guatemala, Belice, los departamentos hondureños de Roatán, Cortés, Yoro, Atlántida, Colón y Gracias a Dios, serán desplazadas y se registrará la muerte de la flora y fauna.
El dirigente de Ofraneh advirtió que al no existir un Estado de Derecho en Honduras, seguirán luchando y reclamando sus derechos ante las instancias internacionales como la Relatoría de los Derechos Humanos de la Naciones Unidas, que ya se ha pronunciado en contra del contrato suscrito con la BG Group.
