Por: Cesar Melgar
En las últimas semanas, los tristes incidentes en donde migrantes han perdido la vida, nos hacen reflexionar sobre la importancia de que todos los ciudadanos cuenten con oportunidades para vivir dignamente en su país de origen, así como la responsabilidad de los Estados para promover, garantizar y proteger dicho derecho. La mayoría de migrantes que llega a su destino, representa la esperanza de aquellos sueños frustrados en la propia tierra, que encuentran la oportunidad en otros lares, de al menos proveer a sus familias del sustento mínimo.
Por ello, las remesas familiares se han convertido en el medio para la sobrevivencia de millones de personas alrededor del mundo. Según el Banco Mundial, para los países con ingreso bajo y mediano, los flujos de remesas constituyen la principal fuente de financiamiento externo desde 2015. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, por un trabajador migrante en el mundo que envía remesas hacia sus países de origen, en promedio hay 4 beneficiarios de dichos envíos, los cuáles pueden oscilar entre un promedio de 200 y 300 dólares mensuales. Y, según datos del Banco Mundial, en su Reseña sobre Migración y Desarrollo No. 36 (mayo 2022), la región con mayores tasas de crecimiento de las remesas durante el 2021 fue América Latina y el Caribe con 25.3%, y en 2022 se espera que aumenten en 9.1%.
En los países centroamericanos tal es la importancia de las remesas que alcanzan un peso significativo en cuanto a su relación con el PIB. Para el 2021, las remesas representaron el 26.2% del PIB en El Salvador, el 26.0% en Honduras, el 17.8% en Guatemala y el 15.3% en Nicaragua. En el caso de Costa Rica y Panamá, las remesas alcanzan menos del 1% del PIB para dicho periodo. Estas remesas son el aporte y fruto del esfuerzo de millones de migrantes centroamericanos. Según estimaciones del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, para el 2020 sumaban, en el caso de El Salvador 1,599,058; para Guatemala, 1,368,431; en el caso de Honduras 985,077; y para Nicaragua 718,154. Para los 3 primeros, más del 78.5% se encuentran en los Estados Unidos (véase gráfico No. 2).
Fuente: Icefi, con base a datos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas, División de Población (2020).
Además, el impacto de las remesas puede tener un alcance más allá de los beneficios en el hogar receptor, convirtiéndose en una herramienta útil para alcanzar algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Según el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) en su informe “Remesas, inversiones y los Objetivos de Desarrollo Sostenible” (2018), las remesas pueden ayudar a alcanzar los ODS desde diversas perspectivas, afectando 10 de los 17 objetivos. Desde el plano familiar, las remesas pueden potenciar el alcance de los ODS del 1 al 5 (fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad e igualdad de género). Desde el plano comunitario ayudarían a alcanzar los ODS 6, 7 12 Y 13 (agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, producción y consumos responsables, y acción por el clima). A escala nacional afectarían de manera positiva los ODS 8 y 10 (trabajo decente y crecimiento económico, y reducción de desigualdades). En el plano internacional, con iniciativas como el “Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular” se reforzaría el ODS 17 “Alianzas para lograr los objetivos”.
A pesar de las bondades enumeradas anteriormente, hay que reconocer que las remesas podrían tener este papel preponderante de manera transitoria, ya que surgen cuestiones como: ¿hasta cuándo serán las remesas un sostén de la economía? ¿Tendrá un sentido enviarlas si acaso el migrante original logra reunificar a su familia (en el mejor de los casos) en el nuevo país de residencia? En el caso de los migrantes no autorizados, ¿Cuánto tiempo podrá evadir los controles migratorios? ¿Acaso el plan del migrante no podría pasar por ahorrar lo suficiente, y luego regresar a su país de origen a disfrutar el fruto de su trabajo? Lo cierto es que las sociedades centroamericanas deben desde ya trabajar para crear un entorno favorable al crecimiento económico, para evitar una mayor migración forzada de sus ciudadanos —por la violencia, la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades—, y también para recibir a aquellos que deciden regresar o son repatriados.
Los Estados centroamericanos deben utilizar la política fiscal como un instrumento para desarrollar las bases para un crecimiento económico que permita mejorar las condiciones de vida de la población. De acuerdo con nuestra visión, en el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), la política fiscal es “una herramienta con la que cuentan los Estados para mejorar el bienestar de todas las personas, promover un crecimiento económico, sostenido y sostenible y fortalecer la cohesión social”.
Entonces, el primer paso sería la construcción de un pilar para el crecimiento económico sostenido, sostenible e inclusivo; cuyos componentes son la promoción del aumento del empleo y la formalización económica, apoyo a la innovación tecnológica, la promoción de la transformación productiva verde y la sincronización de la política económica para el desarrollo (Icefi, 2021). Como consecuencia, se tendría la existencia una cohesión social, entendida como “la capacidad de una sociedad y sus instituciones democráticas de promover relaciones sociales de igualdad y generar un sentido de pertenencia y una orientación hacia el bien común de una forma percibida como legítima por sus miembros” (Comisión Económica para América Latina, 2021), denotando un sentido de pertenencia en la sociedad donde se habita, no existiendo ningún tipo de exclusión, y dicha pertenencia se refuerza con el bienestar general percibido y vivido por toda la población.
