Representantes de organizaciones de sociedad civil y juristas han cuestionado el anunció del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, para crear una comisión especial para investigar los fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a ONG´S en Honduras
Redondo manifestó que la medida busca verificar si estos recursos fueron utilizados conforme a sus fines y garantizar transparencia, advirtiendo que, en caso de encontrarse irregularidades, se deducirán responsabilidades legales y se remitirá la información a las autoridades competentes
Tegucigalpa, Honduras. -El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, anunció la creación de una comisión especial que investigará las organizaciones no gubernamentales (ONG) que recibieron fondos por parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Durante la sesión del miércoles, 23 de abril de 2025, Redondo detalló que dicha comisión se encargará de investigar qué instituciones recibieron financiamiento de USAID en Honduras, cuál era el objetivo de cada financiamiento que otorgó la agencia estadounidense y se cumplieron los objetivos establecidos para el cual se otorgó dicho financiamiento a organizaciones en Honduras.
Según explicó el titular del Poder Legislativo, esta medida busca asegurar la transparencia en el uso de recursos provenientes de la cooperación internacional, especialmente aquellos que, según sus palabras, podrían haber sido utilizados para “financiar agendas contrarias al interés nacional”.
Redondo fue enfático al advertir que, de comprobarse irregularidades en el manejo de los fondos otorgados por USAID, se procederá a deducir responsabilidades legales y remitir los casos a los entes competentes para iniciar acciones judiciales.
No obstante, abogados y representantes de sociedad civil señalan que el Congreso Nacional no tiene la facultad para auditar esos fondos, “solamente si esos recursos fueron utilizados por el Estado”, y que dicha tarea le corresponde al Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
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¿PUEDE EL CONGRESO NACIONAL INVESTIGAR FONDOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL?
La decisión ha generado un fuerte debate entre actores políticos, juristas y representantes de la sociedad civil, quienes han cuestionado la legitimidad de la comisión especial propuesta por el presidente del Congreso Nacional.
Al juicio del presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, el Congreso Nacional no se debe “entrometerse” en asuntos que no son de su competencia.
Durante una entrevista brindada a medios de comunicación el profesional del derecho recomendó al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, que si tiene conocimiento o pruebas que los recursos de la agencia estadounidense han sido malversados que las remita al Ministerio Público, para que se proceda a investigar si existe o no delito.
Solórzano calificó el anunció de Redondo como un acto de intimidación y amenazas contra las organizaciones de sociedad civil.
Por otro lado, profesionales del derecho consultados por Criterio.hn consideran que, pese a que el artículo 205 numeral 21 de la Constitución de la República faculta al presidente del Congreso Nacional a crear comisiones especiales, estas no pueden investigar un órgano internacional.
“Esos eso es fuera del ámbito de aplicación de la ley nacional, que ya tiene sus parámetros establecidos y ese sentido, quien debería realizar estas investigaciones es el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), pero solo en caso que Honduras haya recibido fondos de la cooperación”, coincidieron los juristas.
En similares términos se pronunció Tomás Ramírez, diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), quien explicó que el Congreso Nacional no es el Ministerio Público, ni el Tribunal Superior de Cuentas o la Procuraduría General de la República (PGR) para investigar el uso de esos recursos.
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SOCIEDAD CIVIL ACUSA AL CONGRESO DE “AMEDRENTAR” A ONG CON INTEGRACIÓN DE COMISIÓN LEGISLATIVA
Representantes de organizaciones de sociedad civil manifestaron su preocupación ante lo que califican como una “cacería de brujas” promovida desde el Poder Legislativo, lo que podría tener un efecto inhibidor en la participación ciudadana y la veeduría que estas realizan.
Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), dijo a medios de comunicación que el verdadero trasfondo de este anuncio es amedrentar a las organizaciones de sociedad civil.
“Lo que se pretende es que las organizaciones dejen de realizar su trabajo de veeduría, de exigir rendición de cuentas y luchar contra la corrupción en estos poderes del Estado que se manejan en la opacidad”, argumentó el también abogado.
De igual manera, vaticinó que esta propuesta del titular del Poder Legislativo “no va prosperar”, porque no es solo proponer la integración de la comisión (…) sino que la misma se debe someter a votación, y en función de ello, determinar si se aprueba o no”.
ADMINISTRACIÓN DE TRUMP ORDENA EL CIERRE DE USAID
A pocos días de haber tomado posesión el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, ordenó el congelamiento, por 90 días, de ayudas al exterior y el cierre de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el cual se hizo efectivo el pasado 28 de marzo.
Trump acusó a USAID de malversar los fondos de los contribuyentes y financiar programas en el extranjero que no beneficiaban a esa nación. Por su parte el multimillonario que lidera el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), Elon Musk, calificó a la agencia como una “organización criminal”.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos notificó formalmente al Congreso la disolución de la agencia y el traslado de algunas funciones y programas a ese departamento.
