Seis de los nominadores han sido funcionarios en el Poder Judicial y otros tienen una reconocida militancia política que, quizá, podría incidir en su labor de nominación
Redacción: Luis Escalante
Edición: Emy Padilla
Ilustraciones: Guillermo Burgos
Tegucigalpa. − De las y los 14 nominadores titulares y suplentes, 10 son profesionales del derecho y el resto son trabajadores sociales, administradores industriales, economistas y pedagogos. Asimismo, según observó Criterio.hn en los currículos a los que accedió, seis de ellos han sido funcionarios del Poder Judicial.
Entre ellos figuran Carlos Padilla y Daisy Rodríguez, los dos representantes de la Corte Suprema de Justicia. Padilla actualmente es letrado de la Sala de lo Constitucional y Rodríguez fue una de las tres magistradas de la Sala de lo Civil entre 2002 y 2009, período en que la nacionalista Vilma Morales presidió la Corte.
Mientras que los representantes del CAH, Mario Urquía y Reina Nájera, han sido jueces de letras en el Poder Judicial. Por su lado, Blanca Izaguirre, titular del Conadeh, fue escribiente de la Sala de lo Contencioso Administrativo.
NOMINADORES SON EL PRIMER FILTRO EN LA ELECCIÓN
Por cuarta ocasión el proceso de nominación y elección de magistradas y magistrados será dividido en dos fases. La primera, la evaluación y la nominación, será tarea de una Junta Nominadora de proposición de candidatas y candidatos integrada por siete organizaciones, y la segunda, la elección, pasará por la votación de los 128 diputados del Congreso Nacional.
En virtud de lo establecido en el artículo 311 de la Constitución, la Junta Nominadora de proposición de candidatas y candidatos a las 15 magistraturas de la Corte Suprema de Justicia está conformada por un representante titular y un suplente electo por las siguientes organizaciones: Corte Suprema de Justicia, Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Facultades de Ciencias Jurídicas, sociedad civil y centrales obreras.
Después de la aprobación de la Ley de la Junta Nominadora, el 19 de julio de 2022, la integración de esta junta de proponentes ha adquirido varios elementos novedosos.
Entre otros aspectos de género presentes en la nueva normativa, que vino a sustituir la que estaba vigente desde 2001, por primera vez la Junta Nominadora está conformada por siete mujeres y siete hombres, cuando, por ejemplo, en la Junta de 2015-2016 fueron 13 hombres contra una mujer.
En contraste con los anteriores tres procesos regidos por la figura de una junta de proponentes −2001-2002, 2008-2009 y 2015-2016−, las siete organizaciones representadas ahora no podrán postular candidatas y candidatos, una práctica que restaba legitimidad y credibilidad a la nominación.
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En ese sentido, ahora todas las personas interesadas en llegar a ocupar las máximas magistraturas del Poder Judicial, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 309 contitucional, deberán autopostularse ante la Junta Nominadora.
El 29 de julio, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, convocó a las siete organizaciones a realizar las acreditaciones de sus 14 nominadores titulares y suplentes, estableciendo como fecha límite el 31 de agosto. Las organizaciones representadas en la Junta tuvieron la posibilidad de elegir a hondureñas y hondureños notables internacionalmente, sin embargo, ninguna de ellas optó por esa opción.
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El Conadeh, la primera en acreditar representantes, realizó sus nombramientos el 4 de agosto.
Posteriormente, en un período comprendido entre el 17 y el 29 de agosto, el resto de las organizaciones a través de asambleas −Cohep, sociedad civil y centrales obreras−, elecciones abiertas y secretas −CAH−, asambleas ad hoc −Facultades de Ciencias Jurídicas− y sesiones plenarias −Corte Suprema de Justicia− nombraron a sus proponentes.
INSTALACIÓN DE LA JUNTA Y NOMINACIÓN ANTE EL CONGRESO
Una vez que los catorce integrantes de la Junta sean juramentados por el presidente del Legislativo, a más tardar el 15 de septiembre, éstos deberán instalarse y elaborar un cronograma que incluya las etapas de sus funciones, que serán ad honorem y ad hoc. Además, los representantes de la Junta elegirán un presidente, un secretario general y un portavoz oficial.
Seguidamente, la Junta elaborará un reglamento que se publicará un mes después de su instalación en el diario oficial La Gaceta y diseñará un cuestionario con las preguntas que le realizará a cada candidata o candidato. Posterior a ello, hará una convocatoria pública con el propósito de recibir las autopostulaciones.
Para cada persona que se autopostule ante la Junta Nominadora, los siete nominadores abrirán un expediente y determinarán si cumplen con los requisitos legales de aspiración. Si estas candidatas y candidatos superan dicho filtro, continuarán a la fase de entrevistas públicas y se someterán a la matriz de evaluación, que puntuará criterios de ética, moral e idoneidad profesional.
En última instancia, la Junta elaborará un listado con las y los mejores 45 postulantes −como mínimo−, entre los cuales, como otro elemento importante de género, deberá haber 23 mujeres y 22 hombres. Si la nómina estuviese integrada por más de 45 personas, la representación de mujeres siempre deberá ser equivalente a la mitad más uno.
La Junta Nominadora, a más tardar el 23 de enero de 2023, remitirá ese listado al Congreso Nacional. Allí, dos días después, el 25 de enero, los 128 legisladores de las seis bancadas representadas elegirán con, al menos 86 votos, a las y a los 15 profesionales del derecho que ocuparán las magistraturas de la Sala de lo Constitucional −cinco magistradas y magistrados−, la Sala de lo Penal −tres−, la Sala de lo Civil −tres− y la Sala de lo Laboral −tres−.
El pleno de 15 magistradas y magistrados, que mínimamente deberá contar con siete mujeres, elegirá también a una persona que presidirá la Corte Suprema de Justicia y que sustituirá al nacionalista Rolando Argueta.
PERFILES
A continuación, Criterio.hn presenta el perfil de las 14 personas, titulares y suplentes, que evaluarán las hojas de vida de todos los profesionales del derecho que aspiren a convertirse en magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
- Corte Suprema de Justicia
Carlos Josué Padilla Eveline nació en Tegucigalpa, Honduras en 1990. Es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, con título de abogado, por la Universidad Católica de Honduras (Unicah), y máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Valencia, en España. También es notario por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Ha trabajado en el Poder Judicial desde 2013, año en que inició como escribiente en el Juzgado de Letras de lo Civil, escalando desde allí a la secretaría de la Sala de lo Constitucional, en donde se desempeñó como relator técnico.
A partir de febrero de 2016, desarrolla funciones de letrado en la Sala de lo Constitucional que preside la magistrada nacionalista Lidia Álvarez. Padilla Eveline participa en la elaboración y en el análisis de proyectos de sentencias y opiniones de esa sala, al igual que en la emisión de documentos jurídicos.
Es profesor de derecho en la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec), facilitador de la Escuela Judicial de Honduras y autor de varias publicaciones, entre ellas «El control de la convencionalidad en Honduras: Avances y desafíos», en una coautoría con Joaquín Mejía Rivera.
Daisy Rodríguez nació el 27 de noviembre de 1938 en Santa Bárbara, Honduras. Es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, con grado de abogada, por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y máster en Derecho Privado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). También, en 1971, se convirtió en una de las primeras 20 mujeres que recibió un exequátur de notariado en Honduras.
En el período 2002-2009, cuando Vilma Morales fue presidenta de la Corte Suprema de Justicia, se desempeñó como magistrada de la Sala de lo Civil, y como integrante del Consejo de la Carrera Judicial, entre 2006 y 2009. Durante la década de 1980, también como funcionaria del Poder Judicial, fue magistrada de la Corte de Apelaciones en San Pedro Sula.
Ha impartido cátedras de Derecho Procesal Civil, Derecho Mercantil y Derecho Notarial en la Universidad de San Pedro Sula (Usap), en donde además ha ocupado la dirección de la Facultad de Ciencias Jurídicas, entre 1997 y 2001. A partir de 1972, también ha ejercido como abogada y notaria de forma independiente.
- Colegio de Abogados de Honduras
Mario Roberto Urquía Fajardo nació en San Pedro Sula, Cortés, Honduras el 11 de septiembre de 1965. Es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, con grado de abogado, por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y también cuenta con maestrías en Derecho Procesal Penal y Derecho Procesal Civil por la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH).
Cercano a la izquierda desde su juventud, en la década de 1980 fue militante de la Fuerza Universitaria Revolucionaria (FUR) como estudiante de derecho, y actualmente es miembro activo del partido Libertad y Refundación (Libre).
Ha sido funcionario del Poder Judicial durante varios años, donde se ha desempeñado como juez de letras en lo Contencioso Administrativo y como juez de letras en lo Civil, en los Juzgados de San Pedro Sula.
De igual modo, ha sido procurador de derechos humanos en el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh) y ha cupado distintos cargos dentro del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) en las últimas décadas, entre los cuales figuran: fiscal de la junta directiva en el período 2012-2014, que presidió Roy Urtecho, y secretario general en el período 2020-2022, cuyo presidente fue Fredis Cerrato.
Durante las elecciones primarias de 2017 y 2021, Urquía Fajardo fue precandidato a diputado del Congreso Nacional por el movimiento Fuerza de Refundación Popular (FRP) del partido Libre. Sin embargo, en ninguno de los comicios alcanzó a figurar en la papeleta de 20 candidatas y candidatos a legisladores por el departamento de Cortés, en representación del instituto político que actualmente gobierna.
Reina Isabel Nájera nació en El Progreso, Yoro, Honduras el 19 de noviembre de 1960. Es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, con grado de abogada, por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y máster en Derecho Procesal Civil por la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH). También es notaria por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En el Poder Judicial se ha desempeñado como jueza de letras y como defensora pública. Además, en su ejercicio privado como abogada y notaria, ha sido asesora legal de varias empresas y cooperativas. Entre 2009 y 2010, laboró en el Instituto de la Propiedad (IP) como directora nacional de regularización predial.
Durante el proceso de nominación y elección correspondiente a 2015-2016, aspiró a convertirse en magistrada de la CSJ durante el período 2016-2023. Sin embargo, no figuró en la nómina que la Junta Nominadora de aquel proceso remitió al Congreso Nacional el 23 de enero de 2016.
Ha sido presidenta del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), capítulo de El Progreso, Yoro, y actualmente ocupa la presidencia de la Unión de Notarios de Honduras (UNH), en el capítulo Yoro.
- Consejo Hondureño de la Empresa Privada
Olban Francisco Valladares Ordóñez nació en Yuscarán, El Paraíso, Honduras el 12 de diciembre de 1941. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y reconocido analista político. También se ha desempeñado en el rubro de los seguros y ha sido empresario de alimentos.
Entre 1990 y 1998 fue diputado suplente de Francisco Morazán por el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD). Durante las elecciones generales de 1993 participó como candidato a la presidencia de la República, pero quedó en tercer lugar por detrás de Carlos Roberto Reina, del Partido Liberal, y de Oswaldo Ramos Soto, del Partido Nacional. En las siguientes elecciones, las de 1997 y 2001, volvió a figurar en el tercer puesto frente a las candidatas y los candidatos del bipartidismo.
A pesar de sus derrotas y amparado en la Ley Electoral de 1981, logró ser electo diputado propietario en los períodos 1998-2002 y 2002-2006 por el PINU-SD. Hasta antes de 2004, cuando entró en vigencia una nueva normativa electoral, a las candidatas y a los candidatos se les permitía aspirar a dos cargos de elección popular.
Ha sido, entre otros cargos, presidente del PINU-SD y vicepresidente de la Asociación Hondureña contra el Cáncer. En la década de 1990, después de la suscripción de los acuerdos de paz «Esquipulas II» por parte del Estado hondureño, se le nombró miembro del Consejo de Reconciliación Nacional, que presidió el actual cardenal de la Iglesia Católica, Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga.
En 2009, después de que ocurrió el golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya, Valladares Ordóñez fue uno de los analistas que ofreció mayor respaldo al derrocamiento de Zelaya.
La destitución de Zelaya como titular del Ejecutivo, que provocó una profunda crisis política en los años siguientes, fue condenada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Al margen de ello, él y otro grupo de autodenominados defensores de la Constitución sostuvieron que la pretensión del expresidente, a través de una consulta popular que según ellos iba a ser manipulada, era perpetuarse en el poder.
Después de su nombramiento como nominador por parte del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Valladares Ordóñez prometió en entrevista con Criterio.hn que no existirá manipulación del proceso de nominación de candidatas y candidatos a magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuyas funciones se ejercerán entre 2023 y 2030.
Helui Guadalupe Castillo Hung nació en Tegucigalpa, Honduras el 12 de enero de 1976. Es licenciada en Administración Industrial por la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec) y máster en Dirección Internacional de Empresas por la Universidad Politécnica de Madrid, en España.
Ha laborado en el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), en un inicio como oficial de la Unidad de Planificación, Evaluación y Gestión, y después, entre 2008 y 2010, como directora de dicha unidad.
Posteriormente, en 2011, comenzó a trabajar en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), primero como oficial de inteligencia de mercados y actualmente como gerente de Política Comercial, puesto que ostenta desde 2016.
A partir de 2019, también es directora ejecutiva de la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, República Dominicana y Panamá (Fedefricap).
- Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Blanca Saraí Izaguirre Lozano nació el 13 de octubre de 1984 en Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras. Es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, con grado de abogada, por la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH). Laboró en el Poder Judicial como escribiente en la Sala de lo Contencioso Administrativo y, tiempo después, se desempeñó en la Corte Primera de Apelaciones y en la Sala de lo Laboral.
Hija de Danilo Izaguirre, periodista y excandidato a diputado por el Partido Nacional, ha sido activista de ese instituto político. Durante los gobiernos de Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022), fungió como directora de Políticas Públicas en la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), y como comisionada del Mecanismo Nacional de Prevención del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev).
Aunque ha denunciado injerencias políticas previo a la conformación de la Junta Nominadora, ella misma ha asegurado en sus redes sociales ser militante del Partido Nacional. «Viva Pepe Lobo, viva Ricardo Álvarez, viva el Partido Nacional», exclamó en dos publicaciones de Facebook del 29 de noviembre de 2009, en el contexto de las elecciones generales que hicieron presidente a Porfirio Lobo Sosa.
El 22 de diciembre de 2020, con el respaldo de su partido en el Congreso, fue juramentada como titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), convirtiéndose en la primera mujer en la historia en ocupar la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, su nombramiento se realizó en medio de irregularidades, y el pasado 27 de julio la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso Nacional evidenció arbitrariedades en su elección.
A sus 38 años de edad, Izaguirre Lozano también es vicepresidenta de la Federación Iberoamericana de Ombudsperson (FIO).
Rolando Arturo Milla Hernández nació el 22 de febrero de 1965 en Santa Rosa de Copán, Honduras. Es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, con grado de abogado, por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y máster en Derechos Humanos por esa casa de estudios. También es notario público por la Corte Suprema de Justicia.
A lo largo de 28 años, Milla Hernández ha laborado en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), primero como investigador de quejas y, posteriormente, como delegado departamental, delegado regional y delegado adjunto. En la actualidad se desempeña como delegado de atención a la queja.
- Facultades de Derecho
Waldo Rodman Rivera Portillo nació el 2 de agosto de 1964 en San Agustín, Copán, Honduras. Es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, con grado de abogado, por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y máster en Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá, en España. Además, es notario público por la Corte Suprema de Justicia.
Aunque es de reconocida afinidad al Partido Liberal, en el gobierno nacionalista de Rafael Leonardo Callejas (1990-1994) laboró como director del Registro de la Propiedad Industrial dentro de la Secretaría de Economía y Comercio (hoy Secretaría de Desarrollo Económico).
Sin embargo, la mayor parte de su carrera la ha dedicado a la academia dentro de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNAH, habiéndose desempeñado como catedrático, integrante del Claustro de Profesores y coordinador de la maestría en Derechos Humanos.
De igual modo, ha sido apoderado legal de la Alianza Patriótica Hondureña, un partido político de ultraderecha fundado el 21 de abril de 2012 por el exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, y uno de los autores materiales del golpe de Estado de 2009.
Durante el proceso de nominación y elección correspondiente al período 2015-2016, la Junta Nominadora lo incluyó en la nómina de 45 candidatas y candidatos a magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se envió al Congreso Nacional el 23 de enero de 2016. Finalmente, Rivera no figuró entre las y los 15 profesionales del derecho que conforman actualmente el pleno de magistradas y magistrados de la Corte.
Yessenia Julissa Aguilar Santos nació en 1974 en La Paz, Honduras. Es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, con grado de abogada, por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y máster en derecho penal internacional por la Universidad de Granada, en España. De igual modo, posee estudios avanzados en derechos humanos, derecho procesal penal y derecho constitucional.
Laboró en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) como técnica del sistema de quejas y, a partir de 2002, es funcionaria del Poder Judicial. Allí se ha desempeñado como técnica en jurisprudencia, jueza del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa y coordinadora de dicho tribunal. A partir de 2017, es magistrada de la Corte de Apelaciones de lo Penal en materia de extorsión.
A nivel académico, ha impartido cátedras en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNAH, tanto en estudios de pregrado como en las maestrías de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, y también ha sido docente en la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) desde 2007.
Es viuda del abogado y notario Eduardo Montes Manzano, quien fue asesinado a puñaladas el 16 de septiembre de 2015 en un edificio de la capital, Tegucigalpa, al momento en que actuaba como defensor legal de la ex vicepresidenta del Congreso Nacional y exdiputada nacionalista, Lena Gutiérrez, quien junto con su familia acababan de ser acusados de estafar, a través de la empresa Astropharma, al Estado hondureño en el millonario desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Rigoberto Andrés Paredes Vélez, el asesino de quien fue su esposo, es hijo de la actual ministra de Cultura, Anarella Vélez, y del fallecido escritor Rigoberto Paredes. Aunque desde un inicio Paredes Vélez confesó en medio de llanto y culpa haber sido autor del crimen, finalmente el 7 de agosto de 2017 el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa lo declaró culpable y un mes después, el 12 de septiembre, fue condenado a 20 años de prisión.
Eduardo Montes Manzano también actuaba como defensor legal del entonces fiscal general adjunto Rigoberto Cuéllar, quien junto a otros exfuncionarios como Roberto Cardona, que recientemente huyó del país y adquirió la nacionalidad nicaragüense, también fue involucrado en el caso de corrupción del IHSS. Al momento de su malogro, Montes Manzano aspiraba a convertirse en magistrado de la Corte Suprema de Justicia para el período 2016-2023.
- Sociedad civil
Martha Elizabeth Dubón Acosta nació el 31 de mayo de 1983 en El Progreso, Yoro, Honduras. Es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, con grado de abogada, por la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), y máster en Derecho Proceso Penal por esa casa de estudios.
Ha sido promotora legal en el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ), cuyo director es el sacerdote jesuita Ismael Moreno, conocido como «Padre Melo». También ha sido promotora social en la Fundación Salvadoreña para la Vivienda Mínima (Fundasal) y coordinadora de Fortalecimiento Organizativo en la Red de Comercialización Alternativo (Red Comal).
De igual forma, ha sido catedrática universitaria en la Universidad Politécnica de Honduras (UPH) y, desde 2019, se ha desempeñado como subcoordinadora de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD). También es coordinadora de la secretaría técnica de la Coalición contra la Impunidad, que la impulsó contundentemente como representante de la sociedad civil.
Tomás Andino Mencía nació el 18 de junio de 1958 en Tegucigalpa, Honduras. Es licenciado en Trabajo Social por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y posee estudios en sociología.
Ha sido presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Trabajadores Sociales de Honduras, en el período 1999-2000, y entre 2006 y 2009 fue diputado suplente del Congreso Nacional por el Partido de la Unificación Democrática (UD). Después del golpe de Estado de 2009, contra el expresidente Manuel Zelaya Rosales, renunció a su diputación.
Como trabajador social, Andino Mencía ha laborado en la Escuela de Agricultura John F. Kennedy, en la Junta Nacional de Bienestar Social y en la Fundación de Rehabilitación e Integración del Limitado. También ha sido consultor independiente de la oficina para Centroamérica y Caribe de la oenegé internacional Save the Children.
Actualmente, es coordinador de gestión del conocimiento del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), previamente coordinó el proyecto de construcción de políticas públicas para niñez y juventud en la Coordinación de Instituciones Privadas por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Honduras (Coiproden).
- Confederaciones de Trabajadores
María Elena Sabillón Paz nació el 16 de septiembre de 1980 en San Fracisco de Yojoa, Cortés, Honduras. Es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, con grado de abogada, por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), máster en Estudios de las Mujeres por la Universidad de Chile y doctora en Derechos Humanos, Seguridad Social y Derecho Laboral por la Universidad San Carlos de Guatemala.
Ha sido procuradora en el Centro de Derecho de Mujeres (CDM), en donde ha ejercido como abogada laboralista y ha defendido a mujeres víctimas de violencia doméstica o violaciones sistemáticas dentro de las maquilas hondureñas. También ha sido consultora internacional para el Centro de Solidaridad y para la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En los años recientes, Sabillón Paz ha trabajado de cerca con las tres centrales obreras: Central General de Trabajadores (CGT), Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) y Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH). Sus labores técnicas, con el movimiento sindical hondureño, han estado enfocadas al desarrollo de estrategias legales dirigidas a establecer demandas internacionales derivadas de violaciones a los derechos de los trabajadores.
Ha tenido participación en propuestas de leyes como la Ley de Inspección del Trabajo, aprobada en 2017, y también ha impulsado la derogación de otras como la Ley de Empleo por Hora, derogada por el Congreso Nacional el 28 de abril de 2022.
Mauro Joel Domínguez Almendares nació el 3 de diciembre de 1971 en El Progreso, Yoro, Honduras. Es licenciado en Pedagogía y Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y actualmente cursa una maestría en Innovación Educativa por la Universidad de La Rioja, en España. Cuenta con 30 años de experiencia docente en los niveles básico y medio.
A partir de 2014 ha ocupado −en tres ocasiones distintas− el cargo de secretario general de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), una de las tres centrales obreras existentes en el país. Previamente, entre 2010 y 2011, fue presidente del Colegio de Pedagogos de Honduras (Colpedagogosh), y de 2008 a 2009 fue tesorero.
De igual modo, se ha desempeñado como presidente de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH) en El Progreso, y ha representado a Honduras ante la Federación de Organizaciones Magisteriales de Centroamérica (FOMCA).
