Tres nominadores del proceso anterior se convirtieron en funcionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández.
Redacción: Luis Escalante
Edición: Emy Padilla
Ilustraciones: Guillermo Burgos
Tegucigalpa. – En Honduras, apoderarse de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) implica garantizarse un instrumento de impunidad. En contubernio, los grupos de poder fáctico y político históricamente han movido sus fichas, a través del tráfico de influencias, la corrupción y las negociaciones secretas.
Con ese afán, cada siete años se colocan personas afines a los intereses del verdadero poder dentro de la Junta Nominadora, instancia encargada de presentar al Congreso Nacional un listado de no menos 45 candidatos a magistrados de la Corte.
A sabiendas de que la Junta Nominadora representa el primer filtro dentro de ese engranaje de nominación y elección, estos grupos que deliberadamente actúan al margen de los intereses ciudadanos se han caracterizado por enviar a esa Junta, compuesta por siete organizaciones, a personas que fácilmente puedan ser manipuladas o corrompidas.
En ese contexto, la obediencia a intereses particulares, los señalamientos por corrupción y los comportamientos antidemocráticos han sido la carta de presentación de algunos de estos individuos durante los tres procesos en los que ha existido una Junta Nominadora.
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ORGANIZACIONES CUESTIONABLES
Aunque la elección de los magistrados se efectúa en el Congreso, quien realmente ha tenido la última palabra para colocar a las piezas que históricamente han respondido a las élites son los miembros de la Junta Nominadora que corresponden a: Corte Suprema de Justicia (CSJ), Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Claustro de Profesores de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), sociedad civil y centrales obreras.
El diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon Herrera, cuestiona que algunas de estas organizaciones, a lo largo de los últimos años, hayan impulsado y apañado actos de corrupción. Lo anterior, señala, debería generarle suficiente desconfianza a la ciudadanía y motivarle a observar, con detalle, el proceso que iniciará en la primera quincena de septiembre, cuando se instale la Junta que elegirá a los 45 candidatos finalistas a magistrados que llegarán al Congreso el 23 de enero de 2023 y que serán votados dos días después, el 25 de enero.
El 18 de septiembre de 2018, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal logró una sentencia condenatoria contra el recientemente fallecido empresario Benjamín Bográn, quien, en su condición de representante del Cohep ante la junta directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), recibió un soborno de más de 14 millones de lempiras.
Es así como se percibe que la institución que representa al sector privado ante la Junta Nominadora ha sido salpicada por la corrupción y evidentemente podría tener conflictos de intereses para colocar en la más alta magistratura del Poder Judicial a abogados que favorezcan a las élites económicas en detrimento de los intereses ciudadanos.
En ese mismo esquema se encuentra el CAH, ya que un año después de lo sucedido a Bográn, el Ministerio Público también logró un fallo de culpabilidad contra el expresidente de este gremio profesional, Olvin Mejía Santos, quien, durante su gestión, creó una estructura que desvió 30 millones de lempiras del patrimonio del Instituto de Previsión de Profesionales del Derecho, en un caso de corrupción que dejó a miles de agremiados sin acceso a jubilaciones.
Óscar García, quien de igual forma presidió la directiva de los abogados, también llegó a malversar unos 100 millones de lempiras de sus arcas, según una denuncia hecha en 2012 ante la Fiscalía, durante la administración de Mejía Santos. Durante el proceso de nominación y selección, que se desarrolló entre 2008 y 2009, García fue uno de los siete integrantes titulares de la Junta Nominadora.
«Claro que genera desconfianza, pero así está establecido dentro de la Constitución. ¿Qué puede hacer un diputado para cambiar al Cohep, al Conadeh, a la Corte Suprema, o al Colegio de Abogados? El problema, acá, es que todos los ojos han sido puestos sobre el Congreso y la ley aprobada. Yo creo, más bien, que la ciudadanía debería voltear su mirada hacia la Junta Nominadora, que está conformada por organizaciones que generan desconfianza por todo lo que han representado en el pasado», indicó el congresista de Libre, Dixon Herrera, a Criterio.hn.
TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y ‘APLANADORAS’ EN LA ÚLTIMA JUNTA NOMINADORA
Durante el último proceso, que se desarrolló entre el 2 de septiembre de 2015 y el 11 de febrero de 2016, el expresidente Juan Orlando Hernández –procesado por narcotráfico en Estados Unidos– coordinó un agresivo plan de injerencia en el desarrollo de la nominación y la elección de la actual Corte, cuyas funciones finalizarán el 25 de enero de 2023.
Por un lado, influyó en las decisiones de la Junta Nominadora, que depuró un listado de 200 candidatos hasta llegar a los 45 que establece la Constitución. Y, por el otro, se inmiscuyó –según el testimonio de diputados opositores de ese período legislativo– en la votación final de los 15 magistrados actuales.
Una de las manifestaciones de mayor influencia ocurrió el 28 de agosto de 2015, cuando diversas organizaciones de sociedad civil, sobre todo relacionadas con la defensa de derechos humanos, denunciaron una «aplanadora» por parte de la Confraternidad Evangélica, una agrupación que, junto a la élite de la Iglesia católica, Hernández utilizó a su favor con el propósito de manipular a millones de creyentes con fines proselitistas y electorales, al margen de las garantías del Estado laico y haciendo uso estratégico de los principios morales de la religión.
En aquella ocasión, después de un manchado procedimiento, el coordinador de la Asamblea de Sociedad Civil y entonces ministro de Gobernación, Descentralización y Justicia, Rigoberto Chang Castillo, juramentó al pastor evangélico Jorge Machado como representante de la sociedad civil en la Junta Nominadora.
Tiempo después, en medio de cuestionamientos, a Machado se le nombró integrante de la Comisión de Depuración Policial, que desarrolló sus labores entre 2016 y 2018. Sin embargo, el 16 de diciembre de 2016, Machado sufrió junto a su esposa un atentado criminal en el que perdió la vida un elemento policial y parte de su guardia personal, en una situación que lo orilló a apartarse de la fallida depuración que, contrario a los objetivos establecidos, relegó a la institución policial a una labor casi administrativa a la sombra de la militarización que impulsó, como política de seguridad, el expresidente Hernández.
DE NOMINADORES A MINISTROS
Otros representantes de esa Junta Nominadora, coincidentemente, resultaron siendo ministros del segundo gobierno de Hernández (2018-2022). Tal es el caso de Octavio Sánchez Midence, quien representó a la Corte Suprema de Justicia, y de Santiago Ruiz, que hizo lo propio en nombre del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
A Sánchez, padre de Octavio Sánchez Barrientos –integrante del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y socio de Ebal Díaz Lupián, en una sociedad anónima constituida en abril de 2006–, se le nombró en enero de 2018 ministro de Salud, en una gestión que se vio empañada por una denuncia vertida por el Colegio Médico de Honduras a inicios de 2019, la cual señalaba el nombramiento irregular de unos 78 médicos. El acto de abuso de autoridad también fue condenado por su sucesora Alba Consuelo Flores, a quien dos años después, en 2021, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) identificó como líder de una red de corrupción y nepotismo a lo interno de la Secretaría de Salud.
Mientras que, a Ruiz, quien fue presidente del Cohep en 2010 y a quien se le consideró uno de los empresarios que impulsó el golpe de Estado de 2009, Hernández lo juramentó como titular en la Secretaría de Agricultura y Ganadería también en enero de 2018. A través de medios de comunicación, el empresario agrícola ha intentado justificar que el trabajo que han realizado las Juntas Nominadoras ha sido transparente. «En la Junta Nominadora no hay situaciones de arbitrariedad como se ha hecho creer», expresó a un foro televisivo semanas atrás.
Ruiz también ha figurado como socio y director de la Empresa Ganadera de Honduras S. A. de C. V. (Emgahsa), una sociedad que fue impulsada por Hernández a partir de mayo de 2018 y que fue incorporada el 18 de junio de 2020 al estado de la Florida por su presidente Javier Dacarett García, primo de la exprimera dama y esposa de Hernández, Ana García. Además de Dacarett García y Ruiz, también aparece como socio director Asterio Reyes Hernández, hermano del pastor evangélico Evelio Reyes, ambos cercanos a Hernández.
DEL CASO PANDORA A LAS LISTAS NEGRAS DE LA EMBAJADA
Otro representante de la última Junta Nominadora cuyo perfil es cuestionable corresponde a Jorge Herrera, quien representó al Colegio de Abogados (CAH) durante el último proceso de nominación y elección, y quien en marzo pasado perdió las más recientes elecciones de ese organismo bajo la bandera del Frente Patria y Justicia, –de estricto apego al Partido Nacional–. Herrera compartió la fórmula directiva con el asesor legal del Cohep, Gustavo Rafael Solorzano, quien buscaba la presidencia del Tribunal de Honor.
Herrera ha estado vinculado al caso de corrupción denominado Pandora.
El Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito declaró el 20 de enero de 2020 el comiso definitivo de diez propiedades pertenecientes a personas implicadas en el caso Pandora, entre los cuales figuraba un vehículo marca Toyota, modelo Land Cruiser, que estaba a nombre de Herrera, actual presidente del Claustro de profesores de Derecho de la UNAH y vicepresidente del CAH.
Herrera alega su inocencia y asegura que Fernando Suárez, con quien mantenía una amistad laboral, falsificó su firma y traspasó el lujoso vehículo a su nombre. Además de ese caso, el Tribunal Superior de Cuentas efectuó en 2011 una auditoría con base a una denuncia en su contra por pluralidad de contrato, ya que en el mismo horario desarrollaba labores de asesoría legal en el Instituto de la Propiedad y el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), entre 2010 y 2011. Y aunque no fue objeto de investigación, Herrera también se desempeña desde 2001 como docente en la Facultad de Derecho de la UNAH, lo que pudo complicar aún más al denunciado.
El 13 de junio de 2018, la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) –ahora Uferco– y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) presentaron el caso Pandora, que desnudó la malversación de unos 282 millones de lempiras sustraídos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. La operación, dirigida por Hilda Hernández –fallecida hermana de Juan Orlando Hernández–, involucró en actos corruptos a varios funcionarios y diputados, entre ellos el expresidenciable por el Partido Liberal, Elvin Santos. Los encargados de emitir los sobreseimientos en favor de muchos de los imputados fueron tres magistrados actuales de la Corte: María Fernanda Castro, Edwin Ortez y Jorge Zelaya –la embajada estadounidense anticipó, entre 2015 y 2016, que dos de ellos eran personajes corruptos. Sin embargo, ese señalamiento no frenó su elección.
El 8 de diciembre de 2015, el entonces embajador de Estados Unidos, James Nealon, presentó a la Junta Nominadora encargada de seleccionar a los 45 candidatos a magistrados de la Corte actual, que está próxima a terminar sus labores, un listado con 24 postulantes señalados por actos reñidos con la ley.
Posteriormente, el 12 de enero de 2016, a pocos días de la elección de los 15 magistrados por parte del Congreso, la Embajada emitió una nueva lista que incluía a otros 19 candidatos. En ambos casos se solicitó a la Junta Nominadora que investigara a los 43 juristas y que los excluyera del proceso de nominación y elección. Sin embargo, cinco de ellos resultaron electos y actualmente ocupan las más altas magistraturas dentro de la impartición de justicia.
De ellos, tres recibieron la unción de una de las siete organizaciones que conforman la Junta Nominadora: a Rafael Bustillo y Edwin Ortez –de filiación con el Partido Nacional– los postuló el Colegio de Abogados y la sociedad civil respectivamente, y a María Fernanda Castro –del Partido Liberal–la propuso la Corte Suprema de Justicia. Los otros dos, Jorge Serrano y Alma Guzmán –también liberales– se habían autopropuesto.
OSCURO PODER DETRÁS DE LA JUNTA NOMINADORA
Aunque se asegure que los representantes de la Junta Nominadora toman las decisiones con autonomía e independencia, hay voces disonantes que aseveran que estas personas solo ejecutan las órdenes del verdadero poder que, de antemano, entrega la lista de quienes deberán ser propuestos para que luego sean electos en el Congreso.
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De acuerdo con Juliette Handal, quien en el pasado presidió el Cohep e integró en 2001 la primera Junta Nominadora, ese poder real ha sido representado por el presidente de la República. «En el pasado hubo denuncias de que el presidente se reunía con los representantes de la Junta Nominadora, en el último proceso esa información fue pública. Históricamente ha habido una enorme manipulación de la justicia. Y, a pesar de que ha habido tres Juntas Nominadoras, los resultados han sido los mismos», dijo a Criterio.hn la empresaria farmacéutica, durante una entrevista.
Efectivamente, en años previos la prensa se ha desplazado a las casas de los expresidentes a darle cobertura a reuniones secretas, entre el mandatario de turno y los grupos empresariales representados, en muchos casos, por los políticos de oficio en el Congreso Nacional.
LEY PODRÍA TRANSPARENTAR EL PROCESO, PERO…
El pasado 19 de julio, el Congreso aprobó la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, una normativa que reduce discrecionalidad a la Junta Nominadora y que, a diferencia de la ley anterior –donde cada organización podría postular a candidatos–, la limita a únicamente aplicar los criterios de evaluación ética y técnica a los candidatos.
A criterio del doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, en contraste con la manipulación mediática que ha sido ejercida en las últimas semanas, esta ley incluye avances significativos. «Antes lo que había eran reglamentos que ellos mismos –la Junta Nominadora– elaboraban. Ahora se establece una matriz de evaluación, que elaboró la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados«, expuso Mejía a Criterio.hn.
Así, añade, «la Junta Nominadora que, aunque conservará la facultad de elegir a sus representantes, no tendrá esa discrecionalidad que la había caracterizado durante los últimos procesos y se evitará, de esa forma, el tema de la repartición de candidatos».
A pesar de lo anterior, Handal hace énfasis en que, si las siete agrupaciones vuelven a enviar a personas serviles a intereses oscuros, los resultados serán iguales. «Las organizaciones continuarán siendo las mismas que históricamente han conformado la Junta Nominadora, lo que sí espero es que cambie la cara de sus representantes. Si las personas nos son las adecuadas y están ahí dirigidas por algún interés específico, vamos a tener una Corte de la talla de las últimas», advirtió la empresaria y dirigente de sociedad civil, quien destaca que, a diferencia de la derogada ley –que rigió tres procesos de nominación y elección–, la nueva normativa de la Junta Nominadora sí establezca rigurosos requisitos para los aspirantes a integrar la misma.
A más tardar el 31 de agosto, las siete organizaciones deberán acreditar ante el Congreso a sus representantes titulares y suplentes. Durante este proceso, por primera vez, cada organización podrá seleccionar a hondureñas y hondureños que se han destacado internacionalmente en diversas áreas del saber.
Esto último surgió como una propuesta del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien enlistó a los posibles «notables», pero fue fuertemente cuestionado por diversos sectores, especialmente por la empresa privada y la Asociación por una Sociedad Más Justa (ASJ) que argumentaron una violación constitucional. Finalmente, la propuesta de Redondo ha quedado plasmada en la ley, pero su aplicación queda a consideración de las organizaciones que conforman la Junta Nominadora.
JOH Y SU CAPRICHO CUMPLIDO
Además de la devolución de favores, varios diputados de la legislatura correspondiente a 2014-2018, durante la que se eligió a la actual Corte, han denunciado que decenas de congresistas recibieron millonarias cantidades de dinero a cambio de votar por los candidatos que tenían el visto bueno de Juan Orlando Hernández. El pasado 3 de junio, el actual legislador de Libre, Edgardo Castro, aseguró a un medio de comunicación televisivo que en esa elección a él le ofrecieron 22 millones de lempiras con el objetivo de que votara a los postulantes que respondían a los intereses oscuros del exmandatario.
En aquella ocasión, el actual presidente de la Corte, el nacionalista Rolando Argueta –de estrechos vínculos personales con Hernández–, en uno de los múltiples intentos para elegir a los 15 magistrados solo logró 83 votos. No obstante, la votación se repitió varias veces hasta que resultó electo por 86 congresistas. El 12 de febrero de 2016, cuando se instaló por primera vez el pleno, se le designó presidente del Poder Judicial. Ese mismo día, el entonces presidente del Legislativo, Mauricio Oliva, y el secretario, Mario Pérez, lo juramentaron. Ahora, después de la extradición del expresidente, ha intentado deslindarse públicamente de la figura de Hernández, quien fue su amigo y padrino político.
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El 14 de junio de 2021, la Corte que preside Argueta determinó el establecimiento de una jurisdicción especial, mediante la creación de tribunales exclusivos y autónomos, en los territorios de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
Cinco años atrás, el 17 de agosto de 2016, el pleno de esa Corte también calificó unánimemente como «cosa juzgada» el fallo que emitieron el 22 de abril de 2015 sus predecesores, mediante el cual se declaró la inaplicabilidad de los artículos 42 numeral quinto y 239 de la Constitución de la República, que sirvió como argumento jurídico para la reelección presidencial en Honduras.
Pero el beneficiario tenía nombre y apellido: Juan Orlando Hernández, quien resultó electo presidente por segunda vez durante las elecciones de 2017 bajo serios señalamientos de fraude y represión social que acabó con la vida de al menos 22 hondureños que murieron por las balas de las fuerzas de seguridad del Estado, según un informe de marzo de 2018 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
El ahora, exgobernante hondureño, procesado por delitos de tráfico de cocaína y conspiración con armas de fuego en Estados Unidos, comenzó su juego de manipulación desde años atrás, cuando movía a su antojo las piezas del ajedrez desde la silla presidencial del Legislativo.
El 12 de diciembre de 2012, después de que triunfó en las votaciones primarias de su partido –Partido Nacional– y previo a su candidatura en las elecciones generales de 2013 –que ganó fraudulentamente con financiamiento del Cartel de Sinaloa, según la acusación en su contra de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York–, Hernández fraguó la destitución de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, que se habían opuesto a al menos siete iniciativas suyas, entre ellas las Ciudades Modelo, primero llamadas Regiones Especiales de Desarrollo (RED) y que en el 2013 pasaron a llamarse ZEDE.
El único togado que votó para que los polémicos regímenes territoriales se mantuvieran vigentes fue Óscar Chinchilla, quien en 2013 fue elegido fiscal general. Esta unción fue catalogada como el premio a Chinchilla, reelecto en el cargo en 2018 mediante un proceso que violentó la Ley Orgánica del Ministerio Público.
2 comentarios
Ningún Partido está limpio, los liberales en el pasado decían que la corte era propiedad del finado Rosenthal.
Mel amenazó al congreso porque no elegían a la esposa del hombre de la carretia. Todos son como los M&M diferentes colores pero la misma m.
Hemos tenido traidores. En otras palabras sujetos sin dignidad, capaces de pisar el cuello de su propia madre con tal de recibir dinero mal habido y beneficios para su familia, parientes y amigos. En países asiáticos traicion a la patria se paga con la pena capital. Acá con cargos en diplomáticos o altos cargos en el gobierno de turno. ¡Lacras!