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Presentan solicitud de juicio político para magistrados que aprobaron tribunales especiales en las ZEDE

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Tegucigalpa.- Ocho diputados del Congreso Nacional presentaron este jueves una solicitud de juicio político contra los doce magistrados, de quince que tiene la Corte Suprema de Justicia, que aprobaron la creación de jurisdicciones especiales para las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).

Los solicitantes son Luis Redondo, Doris Gutiérrez, David Reyes, Tomás Ramírez, Kenia Montero, Modesto Herrera y Andrés Benedith, del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD), y Jari Dixon de Libertad y Refundación (Libre).

Los doce magistrados contra quienes se pide el juicio político son Rolando Argueta, presidente de la Corte Suprema de Justicia, Reynaldo Hernández, Edwin Ortez, Reina Hércules, María Castro, Jorge Cerrano, Lidia Lavaez, José Rodríguez, Jorge Zelaya, Rafael Bustillo, Miguel Pineda y Garin Urquía.

Los diputados pinuistas y de Libre argumentan que los magistrados cometieron “actuaciones contrarias a la Constitución de la República al emitir resolución de creación de jurisdicción especial a favor de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico”.

La solicitud de juicio fue presentada ante el Congreso Nacional este jueves 24 de junio y recibida a las 12:01 PM.

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Según la Ley Especial de Juicio Político corresponde al Congreso Nacional realizar el juicio político de acuerdo a lo que establece la Constitución y esa legislación aprobada en 2013.

Para cada juicio político, “se nombrará por el Pleno y por mayoría calificada de dos terceras partes, una comisión especial de nueve miembros” que investigarán los hechos expresados en la denuncia.

Para iniciar el juicio político, salvo si se trata del Presidente de la República, se necesita la votación afirmativa de los dos tercios de la totalidad de los miembros del Congreso, y la misma mayoría se requiere también para la destitución.

El pasado 14 de junio, la Corte Suprema de Justicia determinó el establecimiento de una jurisdicción especial mediante la creación de tribunales con competencia exclusiva y autónoma en aquellos territorios donde se instauren las ZEDE.

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