Plan “Control Territorial” de Bukele en Honduras

Plan “Control Territorial” de Bukele, la política que promueve viceministra de seguridad de Honduras

La patóloga Julissa Villanueva está dispuesta a realizar una nueva autopsia al cuerpo de laa joven universitaria Keyla Martínez, para lograr esclarecer el caso.

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Tegucigalpa.- La viceministra de seguridad, Julissa Villanueva, considera que adoptar la política agresiva de seguridad del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, bajo el denominado “Plan Control Territorial”, podría ser una medida para contrarrestar los índices de violencia y criminalidad en Honduras.

Sin embargo, analistas en temas de seguridad son del criterio que esta medida es desacertada debido a las violaciones a derechos humanos que impone, además que no consideran que se deba combatir la violencia generando más violencia.

“¿Cómo contrarrestar la violencia en Honduras? ¿Cómo lograrlo en un país que se transformó en un narcoestado? El respeto a derechos humanos es fundamental. ¿Qué podemos aprender de los hermanos salvadoreños? Revisemos el Plan Control Territorial y adaptémoslo”, pronunció Villanueva a través de su cuenta de Twitter.

Villanueva declaró que se deberá revisar la estrategia de seguridad implementada por El Salvador, característica de la represión y arbitrariedad, podría ser una oportunidad para enfrentar la criminalidad organizada y la violencia, al tiempo que aclaró no implicaría negociar el tema de seguridad con el crimen organizado trasnacional.

Además, se analizarían el respeto a derechos humanos, investigación y prevención del delito, policía comunitaria integral con los municipios, mejorar las capacidades de inteligencia policial, denuncia constante y liberación de la institucional secuestrada por las mismas mafias y estructuras delictivas.

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PLAN CONTROL TERRITORIAL

En junio de 2019, el presidente salvadoreño anunció su política de seguridad a través del denominado “Plan Control Territorial,” prometiendo reducir los altos índices de violencia en la nación centroamericana.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y de las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES), conformando fuerzas híbridas de militarización ciudadana, se iniciaron masivos operativos en municipios controlados por las maras y pandillas.

En 2018, la tasa de homicidios en El Salvador alcanzó el 52,02% por cada 100 mil habitantes, según cifras oficiales de la PNC; para 2019, las cifras se redujeron a 35,6% siendo considerada la más baja de la última década.

Posteriormente, en 2020, las muertes violentas disminuyeron a 20 por cada 100 mil habitantes sumados a las medidas de confinamiento que se instauró en la nación consecuencia de la pandemia del SARS-CoV-2 y, para 2021, se redujo en 2% más siendo 18 homicidios por cada 100 mil habitantes, calificado como el “año más seguro”.

No obstante, a finales del primer trimestre de 2022, El Salvador enfrentó una ola de violencia, en un solo día, el pasado 26 de marzo, fueron asesinados 62 civiles alcanzando cifras récord en la última década.

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La respuesta de Bukele fue agresiva solicitando al Congreso Nacional aprobar un régimen de excepción para enfrentar alrededor de 70,000 integrantes de las maras y pandillas que registra el gobierno.

Dicha medida contempla interceptar comunicaciones, prohibir manifestaciones y reuniones, capturar a personas tatuadas con símbolos de las estructuras criminales Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18; asimismo, le da potestad al gobierno de iniciar procesos judiciales de manera desmedida y a su antojo violentando garantías constitucionales y derechos fundamentales.

También, el pasado jueves 31 de marzo, se implementaron una serie de reformas al Código Penal salvadoreño, la Ley Penal Juvenil y la Ley Antiterrorismo que incluyen aumentar las penas entre 40 a 45 años de prisión para jefes de estructuras criminales y que adolescentes mayores de 12 años puedan ser juzgados como adultos.

“Se han suspendido todas las garantías constitucionales y demás derechos de la población, lo que ha devenido en la captura en poco más de 30 días, hasta el 24 de abril, de 17 mil personas bajo el pretexto de que son delincuentes, pandilleros y demás”, testificó Antonio Barrera, de los Colectivos Romerianos y Comunidades Eclesiales de Base de El Salvador en entrevista con Cirterio.hn.

Organismos internacionales y de sociedad civil han denunciado cientos de arbitrariedades y medidas coercitivas por parte de las autoridades de seguridad salvadoreñas mediante medidas de “mano dura” sin abordar las causas que originan la criminalidad y violencia.

Datos recientes del Ministerio de Seguridad de El Salvador, en lo que califican la “guerra contra pandillas”, exponen que al menos 39,415 supuestos miembros de pandillas y maras han sido capturados desde que se implementó el Plan Control Territorial.

Las medidas de Bukele también repercuten en Honduras al ser un país que comparte frontera con El Salvador, entre los departamentos de Lempira, Intibucá, Ocotepeque y La Paz, en el occidente y en el departamento de Valle, en la zona sur.

La Policía Nacional de Honduras realiza operativos para evitar que pandilleros salvadores que huyen del país ingresen a Honduras por puntos ciegos, son varias capturas que se registran en la aldea de El Poy, Ocotepeque, incluso en el municipio de Santa Rita, Copán.

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HONDURAS REQUIERE DE SU PROPIA ESTRATEGIA

Para el experto en temas de seguridad, Carlos Sierra, del Centro de Investigaciones y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), reconoció que, si bien el tema de violencia y criminalidad es complejo de resolver, es un error instaurar estrategias represivas para combatir el flagelo.

“Es importante que los gobiernos puedan revisar la historia o informes que este tipo de políticas lejos de mejorar o erradicar problemas que tienen que ver con la seguridad ciudadana, los aumenta y con ello genera otros problemas asociados con violación a derechos humanos, terror y miedo en la población y falsos positivos”, expuso.

Asimismo, indica que las fuerzas de seguridad terminan convirtiéndose en generadores de violencia.

A juicio de Sierra, el plan que debe implementar el gobierno de Castro debe enfocarse en atacar los problemas estructurales que promueven la violencia como la pobreza, falta de oportunidades laborales, desigualdad, falta de acceso a la educación y salud que repercute en extorción, robos, asesinatos, entre otros.

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Por su parte, Luis Maldonado Gáleas, general en condición de retiro, considera que la implementación de un plan de seguridad similar al del El Salvador podría ser desarrollado en Honduras como política pública siempre y cuando respete los derechos humanos, tenga un abordaje integral y se estudien plenamente las regiones del país y los flagelos que afectan.

“Para poder ejercer control sobre distintas modalidades de la criminalidad organizada trasnacional, delincuencia común, violencia generalizada, se requiere que haya una apreciación de todo el territorio nacional, con regiones que tienen una alta incidencia de crimen organizado transnacional y narcoactividad que requieren de un control territorial efectivo”, añadió.

Gáleas expone que el principal flagelo en El Salvador son las maras y pandillas contrario a Honduras que sí tiene pandillas, pero se le suma las estructuras criminales ligadas a la narcoactividad.

“El problema en Honduras, si bien es cierto es delicado y complicado, requiere de un abordaje más integral en el sentido que haya procesos con el control de capturas y neutralización de las organizaciones criminales que están asociadas con maras y pandillas, pero también hay otro elemento que es la rehabilitación y reinserción social”, detalló.

Gáleas agrega que se debe crear una estrategia de control territorial debidamente identificado y que “las capacidades de la Policía Nacional sean lo suficientemente efectivas para lograr ese control”, además de crear condiciones de seguridad integral que propicien el desarrollo.

Cabe señalar que, hasta el momento, a cuatro meses de haber asumido el poder, el gobierno de Castro no contempla un plan de seguridad nacional, aunque se registra una leve disminución en muertes violentas no así en femicidios y masacres, según cifras del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

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