Piden investigar autoridades del Ministerio Público por complicidad en megafraude

 

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. Representantes de dos organizaciones de sociedad civil pidieron este miércoles que se abra una línea de investigación para conocer las razones por las que las autoridades del Ministerio Público, estarían ocultando las evidencias y protegiendo a funcionarios del gobierno involucrados en el defalco del instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

La petición fue presentada formalmente ante la Fiscalía General por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y FundAmbiente, para que se investigue al Fiscal General de la Oscar Armando Chinchilla, al Fiscal General Adjunto, Rigoberto Cuéllar y al ex director de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal, Roberto Ramírez Aldana, ya que los funcionarios estarían detrás de la impunidad que se ha originado alrededor del caso del Seguro Social, según los representantes de  las organizaciones de sociedad civil.

“Creemos que puede existir dolosa o culposamente un plan para generar ocultamiento a los verdaderos responsables por parte de los investigadores de esta causa”, expresó el coordinador  del MADJ, Víctor Fernández.

En ese mismo orden, pidió que se investigue las cuentas de los que han llevado a cabo los procesos de investigación o si estos han tenido algunos privilegios ajenos a su función, porque llama poderosamente que el accionar del Ministerio Público se activó  hasta  que Radio y TV Globo hizo público la existencia de los cheques que vinculan al Partido Nacional con la defraudación del IHSS.

También pidió que se investigue a profundidad lo expresado el año pasado por el expresidente Porfirio Lobo Sosa, en torno a haber admitido conocer sobre el latrocinio en el Seguro Social, pero que cayó para no afectar a su partido, ya que se acercaban las elecciones.

Fernández, quien fue fiscal del Ministerio Público por más de diez años, manifestó que en el caso de Lobo Sosa, se debió actuar inmediatamente y de oficio.

Por otra parte, indicó que se debe investigar la salida de Ramírez Aldana y su designación como representante de Honduras ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura (UNESCO), ya que si bien es cierto el año pasado reveló que era víctima de amenazas a muerte, eso no justifica su traslado, tomando en consideración que todos los fiscales pasan en constante riesgo, de hecho hay muchos que han sido asesinados, deliberó.

Ilustró que el fiscal Orlan Chávez fue amenazado y luego asesinado, al igual que otras dos fiscales que corrieron la misma suerte en San Pedro Sula, y tampoco se les protegió, al igual que otros casos, que incluso siguen en la impunidad.

“Nos parece legítimo que se investigue los términos en que se le da protección al fiscal Roberto Ramírez Aldana, sobre todo porque quien da la protección es el presidente de la República, quien ha realizado su nombramiento”, insistió.

Desde que Ramírez Aldana sale del Ministerio Público para irse a un cargo en la UNESCO se convierte en el principal sospechoso del saqueo del IHSS y porque se mantuvo en silencio para salvar la responsabilidad de las cúpulas del gobierno, por tanto debería presentar un informe a la sociedad hondureña, en el que detalle los argumentos del por qué se mantuvo en silencio”, insistió Fernández.

En el pliego de peticiones presentado hoy por la MADJ y FundAmbiente, también se solicita se investigue a los responsables de la defraudación, por el delito de asociación ilícita, contemplado en el artículo 332 del Código Penal y por lavado de activos, ya que el caso se dio con la conformación de empresas fantasmas que operaron bajo los mismos mecanismos del crimen organizado.

Otra línea de investigación, es la violación a la Constitución de la República y a todo el ordenamiento jurídico de Honduras,  por parte del Gobierno, al materializar el lavado de más de mil millones de lempiras.

Fernández dijo que previo a hacer el planteamiento ante el Ministerio Público,  las organizaciones peticionarias, hicieron un análisis sobre el comportamiento de los principales involucrados en la defraudación del IHSS y de los investigadores del hecho, por lo que se concluyó en algunos aspectos puntuales que pueden servir de hipótesis de investigación.

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