Tomado de: TeleSurTV
El reporte de la Oficina de Periodismo Investigativo revela las demandas leoninas del gigante biotecnológico durante negociaciones.
Una investigación de la Oficina de Periodismo Investigativo (Bureau of Investigative Journalism, BIJ por sus siglas en inglés) revela lo que denomina la «intimidación» de la empresa estadounidense Pfizer en las negociaciones que ha sostenido con gobiernos nacionales para la venta de su vacuna anti Covid-19.
La investigación, titulada «Retenido para pedir rescate», muestra, a partir del testimonio de negociadores de los gobiernos nacionales de varios países, cómo Pfizer habría pedido a algunas naciones que pusieran activos soberanos, como edificios de embajadas y bases militares, como garantía contra el costo de futuros casos legales.
El informe del grupo periodístico denuncia que «en el caso de un país [no lo menciona], las demandas del gigante farmacéutico llevaron a un retraso de tres meses en el acuerdo de una vacuna. Para Argentina y Brasil, no se llegó a ningún acuerdo nacional», y recuerda que «cualquier retraso en los países que reciben vacunas significa que más personas contraen Covid-19 y potencialmente mueren».
EL BIJ revela que funcionarios de Argentina y el otro país latinoamericano, que no se puede nombrar ya que firmó un acuerdo de confidencialidad con Pfizer, dijeron que los negociadores de la compañía «exigieron una indemnización adicional contra cualquier reclamo civil que los ciudadanos pudieran presentar si experimentaban efectos adversos después de ser vacunados» y abunda que en Argentina y Brasil, Pfizer solicitó que los activos soberanos se pusieran como garantía para cubrir los costos legales futuros.
De acuerdo con el BIJ «un funcionario que estuvo presente en las negociaciones del país no identificado describió las demandas de Pfizer como «intimidación de alto nivel» y dijo que el Gobierno sentía que estaba siendo «retenido para pedir rescate para acceder a vacunas que salvan vidas».
Pfizer ha estado en conversaciones con más de 100 países y organizaciones supranacionales, y tiene acuerdos de suministro con nueve países de América Latina y el Caribe: Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay; aunque los términos de esos acuerdos no son públicos, al igual que sucedió antes con la Unión Europea.
En uno de los casos, el Ministerio de Salud argentino comenzó a negociar con la empresa en junio del año anterior e incluso, el presidente Alberto Fernández mantuvo una reunión con el director general de Pfizer Argentina al mes siguiente. Durante reuniones posteriores, Pfizer solicitó ser indemnizado por el costo de cualquier reclamo civil futuro. Aunque esto nunca se había hecho antes, el Congreso aprobó una nueva ley en octubre, permitiéndolo.
