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Pese a ostentar el poder, Secretaría Anticorrupción denuncia boicot a la institución por parte del gobierno anterior

Secretaría Anticorrupción denuncia boicot

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Fotos: Jorge Burgos/Criterio.hn

Tegucigalpa.- El titular de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC), Edmundo Orellana denunció que existe un boicot contra la institución por parte de autoridades intermedias de la Secretaría de Finanzas, ligadas al régimen que instauró el Partido Nacional, que se oponen a la lucha anticorrupción.

Sin embargo, surgen cuestionamientos sobre la denuncia de Orellana al responsabilizar a redes de corrupción del gobierno anterior pese que ahora el poder de la nación lo ostenta el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre).

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Edmundo Orellana, ministro de transparencia

“El Congreso Nacional, a instancias del Poder Ejecutivo, aprobó el presupuesto para la Secretaría, pero las autoridades competentes no lo han habilitado (está congelado)… esta inexplicable falta de presupuesto ha provocado gravísimos problemas y no dudamos que más amenazas vendrán desde las redes de corrupción del régimen anterior que se resisten a abandonar el poder”, detalla parte del comunicado de la institución.

 

De igual manera, se denuncia violaciones a los derechos humanos debido a la falta de pago de salarios para el personal de la secretaría, además de la interrupción de servicios que se prestan en plataformas digitales como la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras (ONCAE).

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Según el comunicado, la falta de asignación de presupuesto desde que se creó, el pasado 7 de abril, la Secretaría de Transparencia pone en riesgo la instalación de un sistema de transparencia y lucha contra la corrupción, promesa de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.

“Aproximadamente tres meses hemos venido insistiendo en la situación que se encuentra la Secretaría, luchando porque se habilite el presupuesto de la misma que ya fue aprobado por el Congreso Nacional, desafortunadamente las autoridades presupuestarias ponen infinidad de dificultades para habilitar el presupuesto, se ensañan con la Secretaría porque en su mayoría son funcionarios son parte del régimen anterior y seguramente están coludidos”, aseveró Orellana.

Orellana aseguró que tanto la presidenta Castro, la ministra de finanzas Rixi Moncada y el propio asesor presidencial, esposo de Castro, Manuel Zelaya han realizado gestiones para lograr la asignación de los recursos, incluso han amenazado a empleados de la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, no obstante, “estos empleados han actuado con una negligencia casi criminal en contra de la Secretaría”, dijo.

Jorge Arturo Reina, director de transparencia, aseguró que el boicot proviene de la estructura criminal que erigió el exmandatario Juan Orlando Hernández, extraditado a los Estados Unidos por delitos de narcotráfico, siendo los mandos intermedios que obstaculizan y paralizan la asignación de fondos.

“Hay zancadillas al interior de los mandos más bajos de la Secretaría de Finanzas, pero eso no se puede entender fácilmente así sino se ve el marco más general. En nuestro país había una conformación de una gran red de corrupción y narcotráfico, esa red tiene tentáculos, gente escondida en diferentes secretarías del Estado y, en menos de 150 días de gobierno, no todas esas piezas de la red de corrupción han podido sacarse”, señaló.

Para el economista y exministro de finanzas, Arturo Alvarado, es contradictorio que autoridades de mandos intermedios puedan ejercer un control sobre las propias autoridades que debieron resolver el problema en la propia dirección y no a través de comunicados.

“Don Edmundo, es la Secretaría de Finanzas la que tiene que habilitarles el presupuesto y lo que tienen que hacer es reunirse con la Dirección de Presupuesto para resolver cualquier impedimento, en lugar de emitir comunicados”, refirió.

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En respuesta, Orellana develó que ya se han realizado varias reuniones en las que se prometió por parte de las autoridades de la referida unidad financiara que se resolverían por lo que reiteró que “es evidente el boicot”.

A juicio de Jimena García, de la Articulación Ciudadana en Apoyo a la Instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), existe una estrategia que deja entrever podría orquestarse desde el propio gobierno al mantener a activistas del Partido Nacional que impidan que funcionarios calificados puedan ejercer sus asignaciones.

“La trampa: poner a alguien calificado en puestos de interés nacional y no darle los recursos necesarios para que realice su labor, mientras se le siguen pagando a activistas del narcogobierno y del nuevo. Parece que los profesionales buenos y con ética les estorban”, reprochó.

Resulta cuestionable que la ministra de finanzas realizó recientes nombramientos en diversos cargos intermedios de la institución estatal, sin embargo, no actúa contra aquellos empleados supuestamente ligados al Partido Nacional que se impiden se asignen los recursos aprobados para la Secretaría de Transparencia.

Cabe indicar que la Secretaría Anticorrupción se creó el 7 de abril, al mando del exfiscal Orellana, mediante Decreto Ejecutivo 005-2022, asignándosele un presupuesto de 150 millones 989 mil 832 lempiras, extinguiendo la Secretaría de Transparencia que se creó bajo Decreto Ejecutivo 111-2020 por parte de Hernández, en medio de diversas denuncias de corrupción durante la pandemia del SARS-CoV-2 y la devastación causada por los fenómenos climáticos Eta y Iota, en ese mismo año.

La dirección del ente estuvo a cargo de María Andrea Matamoros, hija de David Matamoros Batson, exmagistrado del fenecido Tribunal Superior de Cuentas (TSC) quien fue pieza clave que permitió a Hernández imponerse en la presidencia mediante fraudes electorales en 2013 y 2017 en la que consumó su ilegal y arbitraria reelección presidencial

Como una paralela se consideró la Secretaría de Transparencia debido que restaba atribuciones al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), asimismo debía contemplar, diseñar, implementar y asesorar al gobierno en políticas que combatieran los altos niveles de corrupción, pero no tuvo avances algunos.

Matamoros solo figuró a través de cadenas de radio y televisión para indicar las supuestas acciones del gobierno en la ejecución de los fondos públicos mientras el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional contrariaba sus declaraciones al posesionar a Honduras como el cuarto país más corrupto de América Latina solo superado por Haití, Nicaragua y Venezuela.

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