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Otro presidente del Colegio de Periodistas de Honduras multado por ocultar información

Violadores consuetudinarios de la Ley de Transparencia los directivos que administran instituto de pensiones del gremio

TEGUCIGALPA.- El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) y del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), Dagoberto Rodríguez Coello, fue multado por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) con tres salarios mínimos por violar la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como también lo hizo su antecesor Eduin Romero.

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A Rodríguez Coello, jefe de la corresponsalía del diario La Prensa en Tegucigalpa, se le impuso la sanción de 26,732.13 lempiras, después de que se negó a cumplir con la publicación de información del IPP en el Portal de Transparencia creado por el IAIP, para la rendición de cuentas de las instituciones de gobierno y las que captan fondos públicos.

Los directivos de los periodistas de Honduras, seguramente son los únicos en el mundo que han sido sancionados por ocultar información, una paradoja porque de estos profesionales se espera que sean transparentes tanto en lo personal como en lo público, y en este caso en la administración de las operaciones administrativas y financieras del ente de pensiones.

La resistencia a mostrar las operaciones del sistema de pensiones de los periodistas –el único que no es auditado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS)—caracteriza a los directivos de los periodistas en el IPP, pues por su falta de transparencia ya han sido objeto de sanciones.

 A principios del año 2016, el ex presidente del CPH y de la junta directiva del IPP, Eduin Natividad Romero García, fue sancionado por el IAIP con una multa de un salario mínimo de 8,000 lempiras por negarse a responder en tiempo y forma a más de una decena de peticiones de información formuladas por el periodista Gustavo Palencia, entre ellas las dos últimas auditorías, documentación de la cartera de inversiones y los dos últimos informes actuariales del sistema.

Romero García, que aún es miembro de la directiva del IPP debido a que fue electo como presidente del Tribunal de Honor del CPH, se encuentra en estado de desobediencia, pues nunca acató la orden del IAIP de entregar la información a Palencia.

Rodríguez Coello, quien se jacta de ser usuario de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para documentar reportajes de investigación del diario La Prensa, es multado cuando apenas cumplió un poco más de un año como presidente de la junta directiva del ente de pensiones de los periodistas.

“Es penoso que periodistas sean quienes violen la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se nieguen a entregar información. Es impensable que periodistas luchen tan tenazmente contra la transparencia, si no tienen nada que esconder”, dijo a criterio.hn el periodista Gustavo Palencia, que desde mediados del año 2015 solicita información del IPP.

Los directivos de los periodistas no solo se resisten a publicar y entregar información sobre su sistema de pensiones, sino que rechazan someterse a la auditoría de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), amparándose en una inconstitucional e inaplicable interpretación de la ley del IPP, que exime al ente de la fiscalización y control de su administración por parte de organismos especializados del Estado.

La dirigencia de los periodistas acudió al Congreso Nacional en el año 2000 para que los diputados les otorgaran este inconstitucional privilegio, que no gozó ni el ente de pensiones de los militares en la época de mayor poder en Honduras de la jerarquía castrense.

Rodríguez Coello utiliza esa inconstitucional interpretación para presentar Recursos de Reposición ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Recursos de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia para evitar entregar información solicitada por los mismos periodistas afiliados al IPP.

 Los directivos de los periodistas se agarran de la inaplicable e ilegal interpretación de la ley del IPP del año 2000, similar a la que aprobaron recientemente los diputados para evitar ser investigados por el Ministerio Público en el manejo de más de 1.300 millones de lempiras destinados a ayudas sociales.

La abierta oposición de los dirigentes del IPP a someterse a una auditoría de la CNBS y a entregar información, contrasta con la de sus pares del Colegio de Abogados de Honduras que acudieron al Ministerio Público a solicitar se investigue el desfalco de más de 500 millones de lempiras en su ente de pensiones.

Los episodios de corrupción en los sistemas de previsión en Honduras son casi una constante, registrándose el mayor escándalo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde ocurrió un desfalco de casi 5.000 millones de lempiras.

El instituto de previsión de los periodistas es el único en Honduras que desde que empezó a operar en 1986, nunca ha sido auditado por la CNBS, a lo que se opone abiertamente Rodríguez Coello, ufanándose de que los fondos del IPP se administran con “manos limpias”, extremo que ningún ente fiscalizador en la materia puede certificar.                                                                       

                                                    VIOLADOR DE TRANSPARENCIA

Se impuso la multa a Rodríguez Coello “en virtud de no cumplir con la obligación de mantener actualizado el Portal de Transparencia de conformidad a los artículos 4 y 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública durante el segundo semestre del año dos mil dieciséis (2016)  y por no haber comparecido a las audiencias convocadas”, se indica en la Resolución sancionatoria aprobada por los comisionados del IAIP.

Rodríguez Coello, empleado del grupo OPSA, un conglomerado de medios propietario de diarios, revistas y un canal de televisión, desatendió dos convocatorias a audiencias conciliatorias formuladas por el IAIP, para que justificara la razón por la que el IPP no cumplía con la publicación de la información en el Portal Único de Transparencia.

Los directivos del ente de pensiones de los periodistas, que es sujeto obligado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública debido a que captan fondos públicos, se niegan a publicar información sobre sus operaciones en el Portal Único de Transparencia, donde alojan información las instituciones públicas y los institutos de pensiones del país.

El IPP, debido a la reiterada negativa de sus dirigentes a cumplir con la publicación de la información establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fue evaluado también con cero por ciento por parte del IAIP de enero a junio de 2017, un triste privilegio que los periodistas compartieron con una decena de alcaldías.

Los directivos del ente de pensiones de los periodistas continúan violando la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública pues tampoco han subido información al Portal Único de Transparencia en el período de julio a diciembre de 2017, ni en lo que va del año 2018.

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La ley de Transparencia y Acceso a la Información obliga a los entes públicos y a los que captan transferencias estatales a publicar su estructura orgánica, las atribuciones por unidad administrativa, los servicios que presta, las tasas y derechos, leyes y reglamentos que rigen su funcionamiento.

Actas, informes, estados financieros, liquidaciones presupuestarias trimestrales por programa, la información catastral de las propiedades que posean y su vinculación con el Registro de la Propiedad Inmueble, la remuneración mensual de los empleados, informes de presupuesto trimestrales y anuales, inversiones y transferencias.

                                                     FURIBUNDO DAGOBERTO

La sanción impuesta a Rodríguez Coello desató la airada reacción del periodista, que en un Twitter abogó por la destitución de los actuales Comisionados del IAIP y el nombramiento de nuevos funcionarios en esos cargos, llegando a exigir una de esas posiciones para un miembro del Colegio de Periodistas de Honduras.

“Es urgente que el Congreso elija comisionados del IAIP y exigimos que un periodista profesional integre el nuevo pleno de comisionados, ya que somos los que más utilizamos Ley de Transparencia”, dijo Rodríguez, pero sin revelar que él como presidente del CPH y la junta directiva del IAIP se niega a entregar información, a lo que está obligado, y que viola la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

“Actuales comisionados cumplieron su período y es irregular su continuidad”, dijo el dirigente gremial y periodista del diario La Prensa de San Pedro Sula en un Twitter el 21 de marzo, ocultando la motivación de su ataque contra los Comisionados del IAIP que le multaron.

Los periodistas que dirigen el IPP, en su afán de evadir la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la auditoría de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), desde el año 2014 dejaron incluso de requerir fondos estatales establecidos en la ley del ente, lo que ha generado un daño pecuniario a los afiliados de casi cuatro millones de lempiras hasta 2017.

Los directivos de este ente de pensiones, donde se pagan unas pobres jubilaciones, pese a que históricamente tienen altas cotizaciones, dejaron de requerir los fondos para eludir una norma de la Ley de Protección Social.

Esa legislación obliga a los entes de pensiones que captan directa o indirectamente dineros públicos como el IPP, a someterse a la CNBS y si no lo hacen no podrán incorporar nuevos afiliados, y los que tienen podrán migrar a otros sistemas que les ofrezcan mayores beneficios.

  • Jorge Burgos
    Tengo algunos años de experiencia y me encanta practicar el periodismo incómodo que toque los tinglados del poder, buscando cambios en la forma de gobernar y procurar el combate a la corrupción, develando lo que el poder siempre quiere ocultar. jorgeburgos@criterio.hn

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5 comentarios

  1. Con todo respeto para el Gremio de Periodistas y de Abogados, pero en ambos grupos acogen en su seno a mucha de la peor escoria del país. Los abogados son los que tienen en desgracia nuestra patria y los periodistas corruptos lame culos ocultan sus tropelías. Urge depurar los dos colegios profesionales a través del código de ética y expulsar de por vida a los corruptos que han enlodado a ambos gremios. Aquí cualquier maje es periodista y abogado. ¡Vaya suerte canina!

    1. Es urgente un colegio de ética en especial al periodista que usa y abusa de su condición de informar y formar opinión pública ya que tiene ese poder para dirigir esa opinión a determinado fin político a su favor. Sin ética ni pudor.

  2. Es urgente que tanto dl CPH como el IPP se les audite en forma inmediata y conocer que se hacen con los fondos de estas dos instituciones y de la rentabilidad de los bienes que alli se manejan.

  3. Ay mijos x fabor quidense ponguan el ojo bien quadrado x q solo requerden q c an afrentado con un moustro a ellos nada lea questa aser lo q c les antoje s a ellos ndien les ase nada estan vien acostumbraditos a cojer el dinero x millones d todas las poblaciones y a darse la guran vida. Y comprar todo lo q c les da su regualada guana y amen q nadie digua nada matan a todo el q c les pongua x delante y quien fua no c sabeaparecio en una bolsa o torturado amarrado d manos y piez y con un tiro d guracias y yo no fui y no ay meritos para ir a pricion quidense x fabor inos con otros quidense