Ministerio Público investiga irregularidades en Copeco, pero limitado por pacto de impunidad

Autoridades del Ministerio Público marginaron de la investigación al fiscal Luis Javier Santos de la Uferco

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. Tras las denuncias de compras irregulares a lo interno de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), el Ministerio Público anunció este miércoles que ha comenzado a investigar a esta institución donde se centralizan las compras y contrataciones en el marco de la emergencia por el coronavirus (Covid-19).

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El anuncio de las pesquisas fue dado a conocer mediante un comunicado en el que la Fiscalía refiere que éstas iniciaron desde el pasado 4 de abril y que el proceso es realizado por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) en conjunto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

En el proceso investigativo no participa la Unidad Fiscal Especializada Contra la Corrupción (Uferco) que dirige el fiscal Luis Javier Santos, quien goza de credibilidad por su trabajo intachable en la lucha contra la corrupción y que encabezó la desaparecida Unidad Fiscal Especial Contra Impunidad de la Corrupción (Ufecic).

Ante la especulación en los medios de comunicación sobre la supuesta participación de la Uferco en la investigación de Copeco, Santos aclaró en su cuenta de Twitter que estaba en la disposición de sumarse, pero que no podía mientras no se le instruya por sus superiores.

LIMITACIONES

Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición Cuentas de Fondos Públicos, aprobada en octubre del año pasado, establece que antes de una investigación debe existir un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), no obstante, el órgano investigativo consignó en su comunicado que “consideró oportuno adelantar el proceso investigativo a la espera del trabajo que realiza el TSC en torno a las compras de emergencia en COPECO”.

La referida ley es parte de los pactos de impunidad aprobados por el oficialismo en el Congreso Nacional, que además limita la acción de juzgamiento que, por mandato constitucional, le corresponde al Poder Judicial y otorga dicha facultad al TSC, frenando de esta manera las atribuciones investigativas y la lucha contra la corrupción.

Las aberraciones jurídicas establecidas en la ley facultan también al TSC para conocer de manera exclusiva sobre el delito de enriquecimiento ilícito, lo que imposibilita al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal pública en delitos relacionados con el uso y aprovechamiento indebido de recursos públicos como la malversación de caudales públicos y otros vinculados con la corrupción de los funcionarios.

Tras las denuncias de compras sobrevaloradas, como la adquisición de una percoladora valorada en 4,000 lempiras cuando el precio de tienda es de 1,450, el TSC anunció la elaboración de un informe forense sobre las compras efectuadas en el marco de la emergencia sanitaria. 

En esa sucesión de hechos también ha coincido en las últimas horas la suspensión de Cristian Elías Santelli Echeverría, administrador de Copeco. El funcionario fue suspendido de su cargo por haber proporcionado información sobre compras sobrevaloradas en el marco de la emergencia por el coronavirus (Covid-19).

La suspensión fue ordenada por el secretario privado y jefe del gabinete presidencial, Ricardo Cardona, quien dio la instrucción al secretario del Sistema Nacional de Riesgos y Contingencias Nacionales, Gabriel Rubí, mediante el oficio SPGO-030-2020 con fecha 14 de abril de 2020.

Santelli proporcionó la información  a la secretaria de Finanzas sobre las compras realizadas para atender la crisis del Covid-19, en donde, precisamente, figura la sobrevaloración de la percoladora, televisores,  entre otros artículos.

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