Si bien la resolución judicial favoreció provisionalmente a los liderazgos, la defensa cuestionó que se busque verificar la pertenencia maya chortí pese a informe presentado por el IHAH.
Defensa de comunidades maya chortí alertó que Minosa pretende extender operaciones hasta 20256, pese a señalamientos por desplazamientos, contaminación y violaciones a derechos colectivos denunciadas ante instancias internacionales.
Tegucigalpa. – El Juzgado de Santa Rosa de Copán dictó sobreseimiento provisional a favor de seis liderazgos maya chortí, acusados por el delito de usurpación por la empresa Minerales de Occidente S.A. (Minosa), filial de la transnacional Aura Minerals que opera en Azacualpa, Copán, occidente de Honduras.
Durante la audiencia inicial, la Fiscalía pasó de acusarlos a solicitar al Tribunal dictar sobreseimiento provisional luego que no se acreditó la participación de las personas imputadas en los hechos denunciados.
Lestter Castro, abogado del Bufete Estudios para la Dignidad (BED) que representa a la comunidad afectada por la minera, manifestó a Criterio.hn que este tipo de sobreseimiento permite la reapertura del proceso en caso de que se encuentren hallazgos a diligencias pendientes que permitan identificar a las personas en la condición del delito.
Noticia relacionada: Fiscalía pasa de acusar a pedir sobreseimiento provisional para defensores Maya Chortí
En este caso, Castro explicó, algunas de las diligencias pendientes por parte del Ministerio Público, es el análisis de un video en el que supuestamente aparecerían los liderazgos, así como solicitud de oficios al Instituto Nacional Agrario (INA) e Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) para que informen sobre si los acusados forman parte del pueblo maya chortí, lo que sería contrario al estándar internacional.
“No le queda duda a la jueza en la resolución de que la comunidad de Azacualpa es maya chortí, pero lo que no se probó, según ella, es que los compañeros que están siendo acusados son indígenas, aun cuando presentamos un extenso informe del IHAH”, explicó Castro.
Los abogados defensores presentarán recurso de amparo al sobreseimiento provisional, por incidencias durante el proceso judicial que consideran deben ser revisadas por la Corte de Apelaciones, como la identificación que se realizó a partir de un padrón fotográfico que contenía los nombres de las personas. La defensa considera que está práctica vulnera el debido proceso y la presunción de inocencia. Además, solicitaron la nulidad de la audiencia, pero fue desestimada en la resolución.
“Es evidente que un testigo de cargo tiene obviamente un interés en favor de la empresa porque es empleada y porque finalmente tiene todo el interés para favorecer a su empleado o a su patrón”, explicó el litigante. Agregó que durante la audiencia inicial solicitaron la anulación del acto y que el reconocimiento fotográfico se realizará acorde a lo que dicta el Código Procesal Penal, mediante el uso de varias imágenes y ocultando los nombres en las fotografías.
De interés: Exigen frenar impunidad y privilegios a minera en la zona del trifinio centroamericano
Castro señaló que no se logró acreditar que Minosa tenga vigente su permiso de operaciones, y que además cuenta con oposiciones del pueblo maya chortí por violentar estándares internacionales, como la consulta previa, libre e informada, ante el Instituto Hondureño de Geologías y Minas (Inhegomin) y el Instituto de Conservación Forestal (ICF).
Para el abogado defensor de los liderazgos maya chortí es preocupante que la empresa pretenda consolidarse por otros 30 años, lo que implicaría su presencia en la zona hasta el año 2053.
A lo largo de los últimos 40 años, la mina ha tenido diferentes dueños, pormenorizo, sin embargo, desde 2009 el dueño de la concesión ha sido Minosa, subsidiara de Aura Minerals. Desde entonces, “se han cometido desplazamientos de comunidades, derramamiento de cianuro, contaminación de ríos y aguas, destrucción del cementerio [San Andrés], y [cuatro] procesos de criminalización”, ahondó.
Con respecto a la expansión de Aura Minerals con la adquisición de la mina Cerro Blanco, rebautizada Era Dorada, en el fronterizo municipio de Asunción Mita en Guatemala, de repetirse la dinámica ejecutada en Honduras, se pueden esperar arbitrariedades, señaló el profesional del derecho.
En Honduras desobedeció una resolución de la Sala de lo Constitucional sobre la prohibición de operar en el camposanto de San Andrés, situación por la que fue denunciada ante instancias internacionales.
