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Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad debe ser extinguido por Congreso no mediante Decreto Ejecutivo

Consejo Nacional de Defensa y Seguridad debe ser extinguido

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Tegucigalpa.- La Ley Especial del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad es considerado un mecanismo perverso que doblegó al Poder Legislativo y Judicial al igual que los organismos operadores de justicia a los intereses de la figura presidencial al mando del extraditado exgobernante Juan Orlando Hernández, por lo que su derogación es una exigencia de diversos sectores de la sociedad.

El ministro de la Presidencial, Rodolfo Pastor de María, en declaraciones a otros medios de comunicación se refirió que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro plantea suprimir el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, a través de Consejo de ministros.

“Efectivamente lo que se tiene contemplado es que se elimine y suprema lo que es el Consejo de Defensa y Seguridad, este es un consejo que obedecía a intereses de una administración anterior y en este momento eso está bajo revisión”, declaró.

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El equipo de Criterio.hn intentó conocer más a profundidad la postura del gobierno al referirse que, a través de un Decreto Ejecutivo, extinguirá el Consejo de Defensa y Seguridad, sin embargo, el ministro de la presidencia Rodolfo Pastor de María, por motivos de salud no pudo atender a nuestra solicitud.

Según el diputado del Partido Nacional, Mario Pérez, el gobierno pretende “dejar inactivo” el organismo que controla la figura presidencial y caer en “inactividad como una medida”, pero considera que se debe retornar el rol por el que fue creado el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, es decir, reformar la ley especial.

La Ley Especial del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad se aprobó en 2011 en el Congreso Nacional que presidía “JOH” como se le conoce a Hernández, mediante el Decreto Legislativo 239-2011, dando paso a la creación del Consejo que rige y otorga control absoluto al presidente o presidenta de la nación y está integrado por el titular del Poder Legislativo, del Poder Judicial, el fiscal general, el ministro de la Secretaría de Seguridad y también de la Secretaría de Defensa y Seguridad.

“La persona que ejerció ilegal e ilegítimamente la presidencia de la república era quien estaba por sobre los otros poderes del Estado, estaban subordinados el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, el actual fiscal general, la Secretaría de Seguridad”, reprochó la congresista del Partido Libertad y Refundación (Libre), Silvia Ayala.

De igual manera, el analista político Raúl Pineda señala que la idea del Consejo de Defensa y Seguridad “se tergiversó y se depravó, era una forma que el presidente anterior ejercía el control en la policía entes de justicia y fiscalía”, al tiempo que indica que para hacer una derogatoria constitucional conllevaría dos años.

Asimismo, el analista político Jorge Yllescas concuerda que la normativa legal que impulsó Hernández permitió controlar los demás poderes por lo que considera urgente reformar la ley y enfocarla estrictamente a los parámetros constitucionales.

“Indudablemente cómo ha estado funcionando durante la administración de Juan Orlando no era la mejor porque concentraba todo el poder, incluso una institución que no debería estar ahí es la fiscalía porque es un ente exógeno que no depende de ninguno de los poderes, tiene la obligación de fiscalizar de controlar entonces el Consejo Nacional de Seguridad no debe estar integrado como lo tenía Juan Orlando porque ahí controlaba todas las instituciones, eso indudablemente hay que cambiarlo de urgencia y ceñirse a lo que dice la Constitución de la Republica”, dijo.

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El propio ministro de defensa, José Manuel Zelaya, a través de Twitter, anunció como ordenanza es que el Consejo de Defensa y Seguridad será derogado, sin embargo, quien tiene esa atribución es únicamente es el Poder Legislativo mediante su derogación o reforma o la Corte Suprema mediante la Sala Constitucional declarando inconstitucional la ley especial.

La Constitución de Honduras en su artículo 287, contempla la creación del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad siendo una ley especial que regulará su organización y funcionamiento.

La congresista del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, presentó la iniciativa de ley contentiva para derogar la actual ley mientras se aprueba una nueva normativa el Poder Ejecutivo deberá realizar la correspondiente reasignación y reformulación presupuestaria asignada a Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia creada en el decreto que se deroga, para luego ser presentada para su aprobación de conformidad con la ley.

“Es importante aprobar una nueva ley del Consejo Nacional Defensa Seguridad sin la participación de la Corte Suprema, sin la participación del Ministerio Público y del Congreso porque eso era lo inconstitucional, se desnaturalizó completamente la forma de gobierno adoptada por el Estado de Honduras conforme se establece en la norma irreformable contenida el artículo 4 constitucional”, expresó la congresista.

La abogada Espinoza detalló que cualquier determinación que vaya a tomar el Poder Ejecutivo sobre el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad tiene que esperar la derogación de la ley.

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Cabe indicar que para derogar la Ley Especial no requiere de mayoría calificada de diputados, es decir, 86 votos ya que es una norma secundaria y solo se necesitan 65 votos, sin embargo, para derogar en su totalidad el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad sí se requieren de la mayoría calificada y ser ratificado en otra legislatura.

No obstante, el problema radica en la ley secundaria que le asignó atribuciones arbitrarias a la figura presidencial y que violentaba la división de poderes.

¿Cómo era posible que el Ejecutivo era el jefe del Ministerio Público, de la Corte, de todo? ¿Cómo iban a actuar independientes si tenían arriba al presidente del Poder Ejecutivo?, se preguntó el congresista y exfiscal, Jari Dixon Herrera.

A juicio del director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) y director de Radio Progreso, Ismael Moreno, la extinción del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad es el camino primordial para restituir el estado de derecho en Honduras.

“El Consejo de Defensa y Seguridad es el instrumento a través del cual se cercena el estado de derecho porque se concentra el poder en los militares y la policía y el propio Poder Ejecutivo, eliminar el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad es un aporte a la democracia y el estado de derecho”, instó.

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