Por: Aimée Cárcamo
Edición Emy Padilla
Ilustración de portada: Reynaldo Antonio Raudales
Fotografías: Fernando Destephen
Tegucigalpa. -El 2020 es un año que Lourdes Rodríguez jamás olvidará. En junio pasado, su esposo y padre de sus tres hijos murió en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de Comayagüela después de sufrir varios infartos. El hombre de 43 años, taxista de oficio, tenía sobrepeso e hipertensión.
Su suegro, quien había enviudado hace algunos años y ahora ha perdido también a un hijo, la acompañó a retirar el cuerpo de la morgue del centro asistencial que estaba más saturado que nunca y con largas filas de pacientes esperando atención debido a la pandemia del COVID-19.
Como medida de precaución, decidieron que tanto ellos como sus parientes más cercanos se harían la prueba PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa, por sus siglas en inglés) en un laboratorio privado de la capital hondureña, donde les pidieron dirección, teléfono y hasta el correo electrónico, entre otros datos personales.
En total, en el núcleo familiar fueron once personas las que se hicieron el análisis que costó cuatro mil lempiras por cabeza. Los resultados revelaron que Lourdes, su hijo de 14 años, el único que aún vive con ella, su suegro, la esposa y los padres de esta tenían coronavirus.
Ninguno de ellos presentó síntomas, pero una cuñada médica les ayudó con la receta médica para comprar el tratamiento MAIZ (Microdacyn, Azitromicina, Ivermectina y Zing) combinado con otros medicamentos para reducir la carga viral.
A su esposo también le aplicaron la prueba en el IHSS, pero los resultados -que salieron negativos- se los entregaron tiempo después de su muerte.
Regresó a su trabajo en el área de limpieza de una organización sin fines de lucro más de tres meses después, hasta que las pruebas de anticuerpos que ella y su hijo se realizaban cada 15 días salieron negativas. Por razones de fiabilidad, la empresa donde trabaja le pidió que se hiciera las pruebas en un laboratorio privado.
“Todavía estoy endeudada”, dice la mujer de 41 años, quien tuvo que sacar un préstamo en una cooperativa para costear las pruebas PCR suya y de su hijo, más las dos iniciales de anticuerpos que le costaron 750 lempiras cada una. Su jefe le ayudó a costear las siguientes.
Ninguno de los seis pacientes recibió la llamada de ningún personero de salud, aunque el director de la Región Metropolitana del Distrito Central, Harry Bock, aseguró a Criterio.hn que “cada centro de salud le da un seguimiento personalizado” a cada caso positivo de COVID-19 que les reportan -incluyendo los de laboratorios privados- para conocer la rutina del paciente, saber dónde pudo haberse infectado y “entrevistar a los contactos directos, que son su familia”, así como a los indirectos en los lugares de trabajo u otros.
Pero este es sólo uno de los ejemplos de un discurso que no corresponde con la realidad de Honduras en medio de una pandemia cuyas secuelas todavía es imposible dimensionar.
HONDURAS NO HA SUPERADO LA PRIMERA OLA
Entre febrero y el 12 de noviembre, la Secretaría de Salud realizó 234 mil 508 pruebas PCR en los centros y hospitales públicos de Honduras. Mientras, el sector privado hizo 10,418 pruebas, según datos proporcionados por la Unidad de Vigilancia de la Salud y que Criterio.hn solicitó a través de la Unidad de Transparencia.
Pero para la presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH) Suyapa Figueroa, la proporción de pruebas que se han hecho en el sector privado es mayor a la del sector público. “La población ha tenido que pagar sus propias pruebas, la población ha hecho un esfuerzo económico enorme también para poder tener auxilio”. De hecho, señala, la cantidad de personas que se manejó en casa es mucho mayor a la que se manejó en centros asistenciales.
Las pruebas reportadas por el gobierno equivalen al 2.51 por ciento de la población, insuficientes para detener la propagación del virus que hasta el 18 de noviembre había provocado a nivel global más de un millón 353 mil fallecidos y que sigue teniendo récords de contagios en varios países, en lo que ha sido llamada la segunda ola de la pandemia.
La presidenta del CMH considera que el país no ha superado la primera ola porque “nunca controlamos la enfermedad al no tener reportes de casos” suficientes. Dijo que hay un gran número de personas que siguen en confinamiento y cuando salgan serán “altamente susceptibles” de contagiarse, entre ellas las que se resguardan en los albergues, donde la tasa de positividad es del 33 %.
Las estadísticas reflejan una disminución en los pacientes positivos porque estos fueron quienes llegaron a los centros sanitarios con complicaciones de salud y, muchos, fallecieron, dice Figueroa.
Las autoridades tuvieron suficiente tiempo para adquirir más equipo, señala la especialista en Medicina Interna y Neumología, pero la escasa cantidad de pruebas PCR, entre otras falencias del sistema de salud que contrastan con los millonarios fondos aprobados con carácter de urgencia en el marco de la pandemia, tiene que ver con la mala planificación, el poco conocimiento técnico de quienes están manejando la crisis sanitaria y “básicamente, la corrupción”.
Tal es el caso de las 250 mil pruebas PCR que se compraron a la empresa surcoreana Bioneer Corporation a un precio de 46.5 millones de lempiras más 1.4 millones por concepto de flete, las que no se pudieron utilizar porque estaban dañadas debido a que no fueron trasladadas con la temperatura adecuada. Las pruebas, además, venían incompletas.
FALTA DE LABORATORIOS
En la capital de Honduras, al menos cuatro laboratorios privados practican las pruebas PCR con precios que oscilan entre los 3,500 y 5,415 lempiras, inaccesibles para la mayor parte de la población.
Pero Honduras sólo cuenta con dos laboratorios en el sistema sanitario público, el de San Pedro Sula que atiende las muestras que llegan de los departamentos de Cortés, Santa Bárbara, Atlántida y Ocotepeque; y el de Tegucigalpa, que tiene la recepción más grande con 14 departamentos.
“Está por inaugurarse Copán y Atlántida, ya casi están terminados”, dijo la jefa del Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud, Mitzi Castro. La construcción del laboratorio de virología de La Ceiba, Atlántida, se viene anunciando desde abril pasado.
La doctora Figueroa, del CMH, cuestiona “por qué se abrió lo privado y no se abrió el laboratorio de virología” de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), cuya capacidad de procesamiento hubiera permitido agilizar las pruebas PCR. “Se hubiese podido pedir apoyo a la Universidad, como se ha hecho en otras ocasiones, y no se hizo. Ahí es donde nosotros creemos que la pandemia fue aprovechada para el enriquecimiento vía corrupción de algunos sectores, para justificar la tercerización de servicios y hacer ver como que el Estado es incapaz de dar respuesta a la población”.
Consultado sobre el tema, el rector de la UNAH Francisco Herrera dijo que el laboratorio de ese centro de estudios no contaba con las condiciones de bioseguridad ni con los reactivos necesarios para realizar las PCR “y la Sesal (Secretaría de Salud) nunca logró aprovisionarlos”.
Además, “se pensaba regresar en algún momento a las instalaciones universitarias” y no se podía exponer a los estudiantes.
En su Propuesta Integral para el Desarrollo de Honduras Frente a la Pandemia del COVID-19, presentado en mayo pasado, la UNAH alertaba que “la limitada capacidad de realización de pruebas de PCR” no permite conocer el estado actual de la pandemia en Honduras.
Para la doctora Suyapa Sosa, neumóloga del Instituto Nacional Cardiopulmonar, más conocido como Hospital del Tórax, hubo negligencia cuando no se supo manejar de forma correcta la crisis causada por el COVID-19, al no tener el personal necesario y no contar con los suficientes laboratorios para las pruebas PCR. La centralización de las pruebas en uno u otro de los dos laboratorios públicos ha provocado la tardanza de los diagnósticos. “Se decía que las PCR deberían darnos el resultado en seis horas”, pero a veces tardaban más de un mes.
Hasta las últimas dos semanas es que, por lo menos en Tegucigalpa, “estamos viendo que el PCR nos lo están dando en menos de cinco días”. Criterio.hn confirmó con el personal asignado a los triajes ubicados en el Distrito Central que los resultados pueden tardar hasta diez días.
La doctora Mitzi Castro aseguró que se contrataron 27 microbiólogos para el diagnóstico de COVID-19, y se adquirió “una lista bien grande” de insumos, reactivos y equipo, incluyendo termocicladores, aparato usado para las PCR, entre otros.
Las contrataciones de personal fueron hechas en el marco del Programa Código Verde, otro de los nombres llamativos con que el gobierno presenta las acciones que estaría realizando para dar respuesta a la pandemia y que supone la contratación de más de dos mil 200 profesionales de diversas áreas de la salud, según una publicación de la Sesal en su página web en mayo pasado. Ese mes, la cantidad mínima de pruebas PCR diarias reportadas fue de 141 y la máxima de 715. A la fecha, esas cifras como mucho se logran triplicar en algunas jornadas, pero siguen siendo insuficientes para ofrecer datos fiables de contagios a nivel nacional.
UNA PRUEBA QUE NO SIRVE PARA MAYOR COSA
La prueba PCR sigue siendo considerada como la más precisa y fiable para detectar el COVID-19. El inconveniente, además del precio, es que los resultados son más lentos.
De allí que la prueba de antígeno, aprobado desde mayo en Estados Unidos y recomendado en septiembre por la Organización Mundial de la Salud (OMS), supone un avance para el diagnóstico rápido del coronavirus ya que sus resultados pueden estar listos en minutos.
Dichas pruebas “están ganando terreno y son muy prácticas”, dijo el rector de la UNAH, Francisco Herrera, quien descartó que el laboratorio de la alma mater realice más adelante la PCR.
Las pruebas de antígeno se realizan también mediante un hisopado nasofaríngeo y detectan fragmentos de proteínas en el virus que causa el COVID-19. Los resultados son fiables y rápidos según la OMS, que ha recomendado a los países implementarlas para eficientar la respuesta ante la pandemia.
Al menos diez de los laboratorios privados de la capital hondureña ya realizan esta prueba, cuyo costo varía entre los 950 y 1,800 lempiras, según pudo constatar en una consulta por teléfono Criterio.hn. Sin embargo, no está disponible en los triajes ni centros sanitarios públicos y “no hay una justificación” para ello, dijo la doctora Suyapa Sosa, del Hospital del Tórax.
Desde mediados de julio pasado la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, anunció que a finales de ese mes llegaría al país un lote de una compra de pruebas de antígenos, pero han pasado más de tres meses y medio y todavía no hay una respuesta al respecto.
El 10 de noviembre pasado la Organización Panamericana de la Salud (OPS)/OMS informó sobre la entrega de 40 mil pruebas de antígenos al gobierno de Honduras que serían destinadas a los albergues en todo el país, pero con especial énfasis en la zona norte y la Mosquitia para brindar atención a los damnificados de la tormenta Eta. La organización precisó que las pruebas tenían un costo de US$200,000.00, de fondos que fueron reenfocados para atender la emergencia.
La vida de un paciente puede depender de la rapidez con que estén los resultados de una prueba, pero a falta de la prueba de antígeno y ante la tardanza de la PCR las decisiones médicas se deben tomar según otros criterios, como la parte clínica, epidemiológica, pruebas de rayos X o de tomografía.
Además de la PCR, la otra prueba que está disponible en los triajes es la de inmunoglobulina (IgG/IgM), que mide la concentración de anticuerpos para determinar si el paciente ha tenido una infección recientemente o en el pasado. Los resultados están listos en unos 15 minutos.
Se asemeja a la prueba rápida de embarazo en orina, pero la muestra consiste en una pequeña gota de sangre que se extrae del dedo índice del paciente.
La prueba “no sirve para mayor cosa”, explica la doctora Suyapa Sosa, ya que da una falsa información y el hecho de que salga negativa no excluye al paciente de tener la enfermedad. La fiabilidad de los resultados dependerá del momento en que el paciente se la está haciendo, de “si se la leen bien y de la calidad de la prueba”. Y si sale positiva, igual se tiene que confirmar con la PCR.
De su lado, la OMS ha señalado que la prueba rápida de anticuerpos puede mostrar cuando un paciente ha tenido COVID-19, pero durante las primeras etapas de la infección dan a menudo un resultado negativo.
“Entonces esto nos da mala información y también vamos a tomar malas decisiones”, sostiene Sosa.
SUBREGISTRO DE DATOS
El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) reportaba el 16 de noviembre 2,839 muertes por coronavirus, 103 mil 239 casos positivos y un total acumulado de 251 mil 826 pruebas PCR equivalentes al 2.69 por ciento de la población.
A criterio de la doctora Suyapa Figueroa, el número de fallecimientos por COVID-19 es el doble de lo que reporta el gobierno, ya que muchos pacientes contagiados acuden a centros privados para diagnosticar el virus y mueren en sus casas, pero, además porque al personal sanitario se le ha obligado a poner como causa de defunción una distinta a la de coronavirus. Tal afirmación incluye a colegas que fallecieron a causa del virus, pero se les puso que fue debido a otras patologías.
Sin pruebas suficientes, con personas que no tienen las competencias para tomar decisiones y que de remate priman intereses distintos a los de la población, se seguirán tomando decisiones a ciegas y haciendo acciones erróneas que ponen en mayor riesgo a la población hondureña.
Cuando el gobierno anunció la Semana Morazánica, cancelada posteriormente por el huracán Eta, los datos permitieron dar una falsa sensación de control, la misma con que se ha ido abriendo paulatinamente la economía.
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Pero ni el gremio médico, ni el personal de salud que está en primera línea ven como reales las cifras oficiales de COVID-19.
“Estamos más que convencidos de que los datos que nos dan en cadena no son reales”, sostuvo la doctora Suyapa Sosa.
El seguimiento que supuestamente hacen las autoridades a los pacientes asintomáticos es parte de esa falsa información con la que se pretende ocultar la corrupción, la negligencia y el verdadero impacto de la pandemia.
La hermana de 13 años de Misael Cortez, quien se dedica a la venta de productos de bioseguridad en la colonia Kennedy, es paciente asintomática. La menor, que también trabaja como vendedora ambulante, tiene una boleta emitida por el Centro de Salud Alonso Suazo en la que se consigna que la prueba PCR que se hizo el 22 de octubre salió positiva.
“Quedaron de darle medicinas o receta, pero nunca llamaron”, dice su hermano, quien la acompañó semanas después a hacerse una prueba de anticuerpos al triaje donde funciona el Bazar del Sábado. También salió positiva.
“Generalmente el portador asintomático es infeccioso y como no tiene síntomas entonces él anda haciendo su vida normal”, dijo la doctora Sosa, para quien la falta de seguimiento a los casos positivos asintomáticos es un punto “de los más torales y conflictivos que hay” porque el paciente puede empeorar o andar infectando a medio mundo.
Refirió que la mayoría de los portadores asintomáticos son jóvenes que andan en todas partes, trabajando, en los centros comerciales, en discotecas, entre otros. Remarcó la necesidad de que estos pacientes se confinen en sus casas al menos 14 días, porque es la única manera de romper la cadena de transmisión, y que se les dé seguimiento. “Lamentablemente, eso nunca se ha hecho”.
La hermana de Misael se hará una nueva prueba en los próximos días con la esperanza de que el resultado le permita salir del país para reunirse con sus padres, quienes radican en México desde hace cuatro años y le consiguieron los documentos para que ingrese legalmente a ese país. Los dos se fueron sin papeles en el pasado, pero los deportaron. Él también quiere irse de nuevo, pero no puede dejar sola a su hermana. Cuando se le pregunta por qué se quiere ir, su respuesta es inmediata: “Aquí no hay nada”.
