Tegucigalpa. –Pese a que su derogación se alcanzó con la unanimidad de votos, las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) continúan operando frente a la promesa del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo de eliminar o adherir a la legislación mercantil vigente estos regímenes especiales que mantienen en zozobra al pueblo hondureño.
La frase: “Al derogar la reforma constitucional y la ley orgánica de las ZEDE, estas dejan de existir o desaparece la figura de las ZEDE, se vuelve una empresa más que deben apegarse a la legislación vigente (…) estas no tienen derechos, no tienen atribuciones ni potestades ni pueden expandirse, por lo tanto, ya no pueden funcionar como ZEDE”: Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional de Honduras.
Tras cumplirse más de un mes desde su derogación, los regímenes que instauró el expresidente Juan Orlando Hernández, quien enfrenta un juicio en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, se alejan por mucho de las declaraciones del titular del Poder Legislativo.
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LAS ZEDE INSTALADAS EN TERRIOTORIO HONDUREÑO
En Honduras se instauraron tres regímenes: Próspera, en el municipio de Roatán, departamento de Islas de la Bahía y su anexión en Puerto de Satuyé, La Ceiba, Atlántida; Ciudad Morazán, en Choloma, Cortés y Orquídea en San Marcos de Colón, Choluteca.
Luego de las elecciones generales de noviembre de 2021 el conservador Partido Nacional perdió el poder después de haberse impuesto durante doce años mediante fraudes electorales y financiamientos ilegales del narcotráfico y la corrupción.
La promesa del nuevo gobierno era derogar en su totalidad las ZEDE, promesa de campaña que los llevó a una victoria contundente, por lo cual, el 20 de abril, Redondo presentó el proyecto contentivo de su extinción, siendo evaluado por la Comisión Especial del Congreso Nacional integrada por los congresistas Ramón Barrios, Silvia Ayala, Fátima Mena, Isis Cuellar, y Carlos Raudales.
En tiempo récord, dictaminaron los proyectos y los presentaron al hemiciclo legislativo para su aprobación y por unanimidad de votos, los 128 diputados que conforman el Poder Legislativo, decretaron su derogatoria, hecho calificado como “histórico” al restituir la soberanía y el territorio nacional con el respaldo total de los congresistas.
LAS DECLARACIONES DE REDONDO
El titular del Congreso declaró que desde su proceder las ZEDE “son ilícitas” y que “los empresarios ya sabían que era una inversión fallida, inviable, al margen de la Constitución”.
Redondo afirmó que los regímenes debían acoplarse a las formas de libre empresa que tiene Honduras y que al derogar la reforma constitucional y la ley orgánica de la ZEDE “estas dejan de existir y se vuelven una empresa más”.
La realidad se contrapone al discurso y la promesa de Redondo, quien dejó claro que debía ser el Poder Ejecutivo el que debía determinar bajo qué figura mercantil se acogerían las ZEDE, que se crearon durante la vigencia de las leyes derogadas.
“Ninguna empresa que se creó ilegalmente puede generar derechos o beneficios, porque “están trabajando ilegalmente. Continúan operando ilegalmente e insisten operar ilegalmente al margen de la Constitución sin tener legalidad, con nulidad de origen. No se pueden amparar en la retroactividad de la ley”, agregó Redondo.
En Honduras existen Zonas Libre desde 1976, creadas mediante Decreto Legislativo 356-1976 y reformadas con el Decreto 131-1998. Hasta el 2017, había 39 Zonas Franca constituidas con 439 empresas. Además, existen 24 parques industriales en operación en regiones como Amarateca, Choloma, Comayagua, La Ceiba, El Progreso, La Lima, Puerto Cortés, San Pedro Sula, Tegucigalpa, Villanueva, La Ceiba, entre otros.
A juicio de Redondo, las ZEDE vigentes deben integrarse a las Zonas Libre o cualquier otro régimen que regule la legislación mercantil, sin privilegios ni canonjías especiales, peor aun cuando violan o quebrantan la Constitución.
LAS ZEDE SIGUEN INTACTAS Y AMENAZAN CON SU CONTINUIDAD
Pese a la derogación de las referidas leyes que promovieron su instauración, las zonas especiales que se crearon durante el periodo de vigencia de la normativa mantienen sus operaciones, incluso amenazan al Estado de Honduras con demandas internacionales.
#Próspera tiene estabilidad legal: Próspera ZEDE está garantizada por acuerdos de estabilidad legal y tratados internacionales de inversión, Honduras Próspera Inc. continuará invirtiendo en proyectos de desarrollo económico en #Honduras a través de Próspera ZEDE.
— Honduras Próspera (@Prosperahn) May 27, 2022
La ZEDE Próspera defiende que las leyes derogadas le dan la facultad de mantenerse en operaciones al argüir que durante su creación estas estaban en vigencia y constituían parte de la normativa hondureña. Además, invoca tratados internacionales de libre comercio como garantías internacionales para su continuidad.
El pasado 19 de mayo, se juramentó como secretario técnico de Próspera a Jorge Colindres lo que demuestra una clara evidencia de su operatividad, incluso, el funcionario insinuó al Estado de Honduras que su continuidad será permanente por décadas.
“Para brindar seguridad jurídica ante la crisis sociales y políticas que enfrenta el país desde 1981, el Estado garantizó mediante tratados internacionales y contratos de estabilidad que las ZEDE continuarán operando por muchas décadas aún después de su derogatoria”, aseveró Colindres.
El pasado viernes la ZEDE Próspera informó a través de su página web que había iniciado un proceso formal para hacer valer sus derechos y dijo que funcionarios del gobierno han emitido en los medios de comunicación declaraciones engañosas en cuanto a que la ZEDE no podrá operar.
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LAS ZEDE QUE NO FUE
“Mariposa” era uno de los tantos proyectos de ZEDE que se pretendía instalar en Honduras, pero recientemente sus inversionistas anunciaron su salida del país debido a que la derogatoria de la ley impide ejecutar el plan de instauración en el caribe.
El aviso se realizó arguyendo que “las elecciones presidenciales en Honduras no estuvieron a la altura de nuestras expectativas” y que la presidenta Xiomara Castro dio prioridad a revertir la ley orgánica lo que impide su continuidad.
Aseguraron que se convertirán en “un centro de información que ayudará a cualquier comunidad o grupo de personas que quieran crear una ciudad que quiera implementar algunas o todas las ideas del modelo de Ciudad Mariposa”.
LA OTRA REALIDAD DE LAS ZEDE
El equipo de Criterio.hn entrevistó al comisionado presidencial contra las ZEDE, Fernando García, quien se ha dedicado por más de diez años al estudio de los regímenes especiales y ha mantenido una lucha frontal para su extinción.
En sus declaraciones detalló que las ZEDE perdieron su vigencia a partir de la derogación de la Ley Orgánica, de la Ley de Promoción de las ZEDE, de la ratificación del acuerdo de nombramientos de los miembros del Comité de Mejores Prácticas (CAMP) y de la derogación de las dos reformas a la ley de Impuesto Sobre Ventas (ISV).
Sin embargo, es necesaria la ratificación de la derogatoria que deberá ser aprobada en la siguiente legislatura del Congreso Nacional, en enero de 2023, “esa desaparición total entraría en vigencia al ser ratificada la derogatoria”, dijo.
García reconoció que el Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos, que contiene el capítulo de Promoción y Protección de Inversión y otros tratados internacionales de protección de inversión, blindaría a los regímenes, por lo que el conflicto trascenderá a instancias internacionales.
“Es un tema de debate jurídico muy profundo, muy serio que, en este caso, no me corresponde a mí precisar, sino que a las autoridades competentes en la materia que manejan los tratados de libre comercio, de promoción y protección de inversiones, los regímenes especiales y la contraparte de la Secretaría de Desarrollo Económico”, refirió.
“Por otra parte, corresponde a la Procuraduría General de la República, como abogado del Estado, la defensa en cualquier litigio internacional de los sagrados intereses del país”, añadió.
La Constitución de Honduras establece y reconoce la superioridad jerárquica de los tratados internacionales suscritos, pero García considera que estos son válidos “siempre y cuando no violenten la norma constitucional”.
Contrario con las ZEDE que afectan artículos irreformables de la soberanía nacional, forma de gobierno y el territorio de Honduras, inclusive el presidente del Congreso, Luis Redondo denunció que se aprobaron sin los votos requeridos.
García concluyó que corresponderá a los poderes del Estado, entidades públicas y toda la población “estar claros y en una forma contundente, listos para defender nuestra patria, nuestro territorio, nuestra nación, nuestro Estado de Derecho”.
También, la congresista del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, de forma hermética, confirmó a Criterio.hn que las ZEDE ya creadas continuarán en operatividad por al menos una década más.
El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, plantea la misma postura de Redondo, pero añade como otro posible escenario que la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) declare la ilegalidad y arbitrariedades que se cometieron por la actual Corte.
No obstante, detalló en declaraciones pasadas que uno de los candados legales que dejó Hernández es que, en caso de su derogación, la legislación contempla que los beneficios recibidos quedarán vigentes por diez años después de la supresión de la ley.
Bajo el lema “construido para perdurar”, el secretario de la ZEDE Próspera, Jorge Colindres, asevera que los regímenes mantienen su personalidad jurídica, derechos, obligaciones, facultades y procedimientos, sean explícitos o implícitos aún después de la derogatoria, amparados en el sistema de garantías de seguridad jurídica.
LA PROMESA ENGAÑOSA
Sobre el tema de las ZEDE existe mucha complejidad, no obstante, los entrevistados por Criterio.hn concuerdan que la única salida para determinar o no la extinción de las ZEDE, que ya están en funcionamiento, será a través de instancias legales internacionales, por lo tanto, será la Procuraduría General de la República (PGR) quien deberá demostrar la ilegalidad de los regímenes.
Ante lo expuesto anteriormente y en especial por las declaraciones de Fernando García, la promesa de Luis Redondo, en cuanto a que las ZEDE “dejan de existir” luego que se aprobó la derogación en el Congreso, es engañosa ya que estas continuarán en funcionamiento hasta que concluya su vigencia que se pactó en los acuerdos o, en caso contrario, el Estado se enfrentará en tribunales internacionales a demandas multimillonarias.
La defensa por la ilegalidad que estas representan al socavar la Constitución, la soberanía y el territorio deberá demostrarse fuera del país, sin embargo, como bien indica Redondo, deberá ser el Poder Ejecutivo que logre persuadir a los inversionistas para que se adhieran a regímenes ya existentes, sino estas seguirán siendo un Estado dentro del Estado de Honduras.
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LA HISTORIA QUE VENDIÓ EL TERRITORIO HONDUREÑO
Las ZEDE fueron concebidas bajo la premisa de generar empleos masivos para los hondureños. Fue así como, en octubre de 2012, el Congreso Nacional presidido por Juan Orlando Hernández, aprobó el Decreto Legislativo 283-2010 que creó las Regiones Especiales de Desarrollo (RED), bautizadas también como Ciudades Modelo, no obstante, 13 de 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declararon inconstitucional el proyecto.
El fallo estableció que los regímenes violaban la soberanía y territorio nacional, también porque laceraba la forma de gobierno al crearse una nación independiente dentro de Honduras.
Dos meses después, cinco magistrados de la Sala Constitucional fueron destituidos de sus cargos de manera arbitraria por parte del Congreso sin remover del cargo a Óscar Fernando Chinchilla, quien fue el único en votar a favor y posteriormente fue nombrado fiscal general, cargo que actualmente desempeña al ser reelecto ilegalmente a finales de junio de 2018.
Con los nuevos magistrados afines a las pretensiones de Hernández, el Congreso aprobó el Decreto Legislativo 236-2012 que permitió la creación de las ZEDE gracias a reformas de los artículos constitucionales 294, 303, 304 y 329, relativo a la forma de gobierno, territorio nacional y soberanía.
Para darle blindaje al modelo lesivo de inversión que no es más que la creación de un Estado dentro de otro Estado, se aprobó el Decreto Legislativo 09-2013 y se ratificó el decreto 236-2012 lo que permitió instaurar los regímenes, además se le instituyó su propia Ley Orgánica regida en el Decreto Legislativo 120-2013 y se dio paso al Comité de Adopción para Mejores Prácticas con el Decreto Legislativo 368-2013.
Con la estrategia de consolidar y fortalecer la ilegalidad, se creó el programa para el establecimiento de las ZEDE mediante el Decreto Legislativo 153-2013 y se le otorgó exoneraciones y excepciones contentivas en el Decreto Legislativo 32-2021 que le permitió librarse del pago de impuestos, entre otros gravámenes.
El 2 de junio de 2021, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) se pronunció en contra de los regímenes especiales advirtiendo a inversionistas nacionales e internacionales que las inversiones que se realizaran en esas zonas eran de alto riesgo por la falta de seguridad jurídica.
De igual forma, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en reiteradas ocasiones advirtió al gobierno de Hernández que la puesta en marcha de las ZEDE era inconstitucional por lo que se presentó un recurso de inconstitucionalidad por violentar la autonomía universitaria al darle potestad a los regímenes de regir por cuenta propia el sistema de educación superior cuando le compete a la UNAH, según lo contempla el artículo 160 de la Constitución.
A las ZEDE se le facultó tener su propia normativa constitucional, fuerzas de seguridad, sistemas de salud, educación, sistema monetario y de justicia, en pocas palabras, se creó un Estado dentro de Honduras. Ninguna autoridad hondureña podía tomar partida dentro de estas.
Incluso se llegó a considerar que esas zonas serían un refugio político para Hernández debido a las implicaciones directas en el crimen organizado y la narcoactividad, de hecho, en la actualidad el exmandatario se enfrenta a un juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York luego de ser extraditado a Estados Unidos acusado de introducir más de 500 mil kilogramos de cocaína.
