Instituto de Previsión del Periodista rechaza aportes del Estado para impedir auditoría

Por: Redacción CRITERIO

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Los periodistas afiliados al IPP ven con preocupación
Los periodistas afiliados al IPP ven con preocupación la medida adoptada por las autoridades de este organismo.

TEGUCIGALPA. – La junta directiva del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP) rechazó las aportaciones del Estado para escapar de una eventual auditoria de sus oscuras finanzas por parte de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

La decisión ha sorprendido a  los periodistas afiliados al IPP porque los directivos del instituto lo hicieron de manera inconsulta y están afectando la sostenibilidad del sistema de previsión social  al dejar de percibir  un promedio anual de 2.3 millones de lempiras por concepto de  aportaciones estatales, en los últimos 14 años.

Con la disminución en los ingresos, debido al rechazo a la contribución estatal, no obstante que está estipulada en la ley que dio vida al IPP,   la gerencia del instituto está echando mano de las aportaciones empresariales para sufragar los beneficios de los afiliados, tales como el seguro de vida, seguro médico hospitalario y el auxilio funerario, gastos que hasta 2013 eran cubiertos con las aportaciones del Estado.

Las aportaciones estatales establecidas en la Ley del IPP sumaron la cantidad de 53, 262,571.63 lempiras de 1987 a 2013, lo que adicionalmente  generó también utilidades al sistema al colocarse a través de inversiones y productos financieros como bonos y depósitos a plazo. 

Ese aporte cubrió con creces entre 1987 y 2013 el pago de los beneficios de seguro de vida, seguro médico hospitalario y auxilio funerario por un monto acumulado de 39, 120,886.86  lempiras en ese mismo período.

La Ley del Instituto de Previsión Social del Periodista, aprobada por el Congreso Nacional en noviembre de 1985, establece en el artículo 27 la contribución  obligatoria anual del gobierno que era desembolsada trimestralmente desde mayo de 1987.

¨El Instituto de Previsión Social del Periodista dejó de solicitar los desembolsos asignados en el presupuesto de gobierno que se entregaban cumpliendo con el decreto número 190-85 que creó ese sistema», dijo un funcionario que pidió no ser identificado. «Renunciaron a esos fondos, no los quieren», agregó.

Los aportes anuales del Estado entre 1987 y 2013 fueron en su mayoría de 2.5 millones de lempiras y en un solo año la cifra más alta alcanzó 3.1 millones de lempiras, según los mismos informes financieros. La menor aportación al IPP fue de un millón de lempiras.

La increíble determinación de la junta directiva del IPP, en detrimento de los afiliados al sistema de previsión de los periodistas, es oficializada en el informe de ejecución presupuestaria del organismo correspondiente al año 2014, en el que se excluye la fuerte contribución del Estado.

Eduin Romero, presidente del IPP
Eduin Romero, presidente del IPP

En el informe financiero del 2014 únicamente se consignan como ingresos corrientes las aportaciones de los empresarios de los medios de comunicación, las de los periodistas afiliados y los rendimientos de las inversiones. 

En el informe de ejecución presupuestaria del año 2013, el gobierno aparece por última vez como aportante del sistema. La contribución aparece  como un «ingreso por tasa de ventas de publicidad». 

La renuncia a las aportaciones estatales por parte de los directivos y ejecutivos del IPP coincide con las reformas en materia de previsión social que el gobierno impulsa tras el desfalco multimillonario en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, y que obligarían a todos los entes de previsión que reciben fondos públicos a someterse a la supervisión y vigilancia de la CNBS.

SI NO TIENEN NADA QUE ESCONDER…

La decisión de los directivos y ejecutivos del IPP vendrá en detrimento de los afiliados al mermar las fuentes de financiamiento del sistema, que por cierto es el único en el país que no es supervisado por la CNBS.

Los directivos del IPP «fueron al Congreso Nacional a pedir que el Instituto de Previsión del Periodista no fuera supervisado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que es el ente supervisor de este tipo de fondos», dijo el Comisionado de la CNBS, Roberto Salinas, en una reciente comparecencia en el Foro del Canal 10 de televisión, aludiendo a una interpretación de la ley del organismo aprobada en el año 2000.

Desde entonces, la administración del IPP opera en la opacidad, sin informar o rendir cuentas ante ningún organismo, ni tampoco ante los afiliados, pues su órgano de gobierno es únicamente la Junta Directiva y la Gerencia.

La renuncia a la contribución del Estado es el último acto de los directivos del IPP para evitar que las operaciones financieras y administrativas sean vigiladas por la CNBS.

«A mí me parecería que el que no las debe no las teme y, en todo caso, lo que quiere uno es enseñar su gestión para que todo el mundo la vea y haya transparencia en lo que yo estoy haciendo», agregó Salinas.

La cúpula del IPP, anticipándose a la vigencia de  la nueva legislación que los sometería a la fiscalización de la CNBS, decidió, además, fraccionar los recursos del instituto y firmar un contrato privado para la administración de un fondo patronal autónomo de seguridad social, por parte de un banco privado, en el que colocarían únicamente las aportaciones individuales de los afiliados, para lo que sería eventualmente su jubilación.

Mediante ese contrato, que causó preocupación y malestar entre los afiliados, los directivos del IPP les sustraen a los afiliados las aportaciones empresariales, las contribuciones estatales y las utilidades o rendimientos sobre inversiones.  Solamente les entregan sus cuotas personales.

Las utilidades o rendimientos sobre inversiones del IPP de 1987 al 2013 sumaron 124.3 millones de lempiras, los aportes de gobierno 53.2 millones de lempiras, la aportación de las empresas de comunicación 56.6 millones de lempiras y las contribuciones individuales 26.8 millones de lempiras.

MANIPULACIÓN Y OSCURIDAD

El contrato, presentado en forma reservada e individual a los afiliados, sin que hubiera una asamblea ni siquiera de carácter informativo, ha sido firmado por un medio centenar de periodistas, embaucados por la artimaña de los directivos y ejecutivos del IPP de que es mejor colocar las aportaciones en una administradora privada para evitar que el gobierno le “caiga” a los fondos.

«A mi me dijeron que el gobierno del presidente Juan Orlando (Hernández) se quiere tomar estos fondos y que es más seguro tenerlos en una administradora de fondos privados», dijo un periodista que firmó el contrato.

Eduin Romero, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras y presidente del IPP, ante el malestar de decenas de afiliados por las decisiones inconsultas que golpean las finanzas del instituto, envió en las últimas semanas varios archivos con un mensaje personal a los miembros del sistema.

Esta fue la primera vez en casi 30 años que el IPP ha enviado información a los afiliados sobre las decisiones administrativas, aunque sobre hechos consumados, que implican el resquebrajamiento del sistema de previsión de los periodistas.

Romero, en uno de los inusuales mensajes que acompañan a su carta, comparte malas noticias con los afiliados al IPP, como resultado de la decisión de la junta directiva de renunciar a la contribución estatal para huir de la auditoría de la CNBS.

Las autoridades del IPP tras renunciar al aporte del Estado ahora han continuado con un plan de aumentar el porcentaje que deben aportar los periodistas, de 8 por ciento en el 2015 a un 9 por ciento en el 2016.

Abogados consultados sobre esta situación han manifestado que los directivos del IPP se han abrogado atribuciones legislativas, usurpando las funciones del Congreso Nacional, que es el único facultado para reformar  la Ley que creó el IPP. 

“Una directiva no puede renunciar a los derechos de los afiliados”, es decir a las aportaciones estatales ya garantizadas, lo que significa que se les pueden deducir responsabilidades.

La junta directiva no tiene facultades para renunciar a las aportaciones del gobierno o cualquiera de las otras tres fuentes de financiamiento del sistema y por tanto está obligada a requerir su entrega.

La ley del IPP dice que “en las resoluciones de la Junta Directiva, que infrinjan disposiciones legales se deducirán las responsabilidades por daños y perjuicios a todos los miembros de la Junta Directiva que hayan votado favorablemente a la resolución así tomada”.

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