Institucionalidad hondureña se llama al silencio ante inminente desgracia del pueblo Tolupán

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- El pueblo Tolupán de la comunidad de Locomapa, en el municipio de San Francisco, departamento de Yoro, están enfrentados entre ellos y a punto de ocurrir una enorme desgracia mientras las autoridades del estado de Honduras se llaman al silencio.

El vicepresidente del Consejo Directivo de la Tribu indígena Tolupán San Francisco de Locomapa en Yoro, Cándido Matute agredió a machetazos a Ramón Matute líder indígena integrante del Movimiento Amplio que lucha por la defensa del bosque y el territorio ancestral Tolupán.

Los hechos se suscitaron ayer 13 de junio, los machetazos fueron lanzados e impactados en la frente y espalda de Ramón Matute a quien además le robaron sus pertenencias. Este suceso es consecuencia del conflicto generado por el saqueo del bosque que han permitido las autoridades de Yoro. Ramón Matute es beneficiario de medidas cautelares dictadas por la CIDH desde el 2013 luego del asesinato de 3 líderes indígenas de su tribu quienes se oponían a un plan de manejo otorgado por autoridades sobre su territorio y sus bosques.

El consejo Directivo de la tribu San Francisco Locomapa encabezado por el señor Cristian Medina ha entregado el bosque y ha permitido el saqueo del mismo, amenazando e intimidando a las y los que defienden los bienes comunes y naturales. El reciente fin de semana, varias rastras entraron a las montañas y salieron cargadas de madera que fue cortada ante la oposición de quienes hoy cuidan y defienden el bosque de la tribu de San Francisco Locomapa.

Los que están a favor de la depredación del  bosque retiran las piedras que bloquean

el camino  para que pasen los camiones cargados con madera

El origen del conflicto y la deplorable corrupción de FETRIXI

En abril de 2017, el Empresario Wilder Domínguez propietario de la empresa maderera INMARE, el Consejo Directivo de Tribu y FETRIXI firmaron un contrato de venta de madera en el cual según lo publicado se trataba del otorgamiento de 5000 metros de bosque, sin embargo, recientemente ha salido a la luz pública que realmente firmaron otorgando 17, 000 metros todo ello violentando el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado del resto del pueblo indígena Tolupán.

FETRIXI y el Consejo Directivo, pactaron cada metro de madera por un valor de L. 200 lo que implica que están regalando la madera por una cantidad pírrica. Pero lo que es aún más grave es que, el presidente de FETRIXI, Noé Rodríguez, no firmó el contrato en el acto público aduciendo la falta de consulta, pero, posteriormente y de forma oculta autorizó el corte de madera.

Noé Rodríguez debió haber entregado su cargo desde diciembre de 2017, fecha en la que debió haberse convocado asamblea para la elección de nuevas autoridades del pueblo tolupán, pero que, sin dar a conocer ninguna razón han postergado por más de 6 meses hasta la fecha, lo que implica que, tanto Noé en su condición de presidente, como el resto de FETRIXI están en su cargo de forma ilegítima y que, los contratos firmados a la fecha son nulos.

Por su parte, el Consejo Preventivo de Tribu, órgano dedicado a la protección de su territorio y bosque ancestral, se aferran a la protección de su título ancestral que data de 1864, a pesar de la existencia de títulos supletorios otorgados por el INA a ladinos y terratenientes en claros actos de corrupción. Como respuesta por parte de los dos órganos afines a la empresa y la empresa misma se han desatado campañas de difamación en contra de José María Pineda y María Ángela, integrantes del MADJ, tolupanes, a través de redes sociales, acusándoles de delincuentes, entre otras cosas, al igual que en contra de Víctor Fernández encargado de asuntos políticos y Martín Fernández, coordinador general del MADJ, todo esto empujado por el secretario del Consejo Directivo, Cristian Medina.

Sumado a esto, el agresor de Ramón Matute, el señor Cándido Matute, quien funge actualmente como vicepresidente de la tribu Tolupán y defiende el saqueo de madera que en este momento realiza la empresa INMARE, propiedad del empresario Wilder Domínguez, anteriormente se desempeñó como cacique de la tribu entre 1984 y 1985 pero fue destituido porque se quedó con un cheque por 24 mil Lempiras que la COHDEFOR entregaba a la tribu producto del porcentaje acordado por la extracción de madera. Cándido Matute huyó, regresando unos meses después de haber dilapidado los fondos destinados a la tribu San Francisco.

Un conflicto en alarmante escalada incrementado por el silencio y corrupción cómplice de la institucionalidad hondureña

Desde octubre de 2017 los líderes indígenas del Movimiento Amplio han realizado una oposición férrea a la explotación inconsulta de madera dentro del territorio de la tribu San Francisco Locomapa a través del Campamento Digno del Pueblo Tolupán.

El 17 de abril de 2018 el Consejo Directivo de tribu y la Federación de Tribus Xicaques de Yoro (FETRIXY) realizó una reunión para dialogar sobre la explotación de madera, en la que convocaron a integrantes del Consejo Preventivo de Tribu y del Movimiento Amplio, quienes anteriormente fueron amenazados por parte de personeros de la empresa maderera INMARE, y los referidos directivos indígenas en represalia por las actividades de defensa del bosque de pino. A esta reunión asistieron personas vinculadas a los intereses de la empresa, de las cuales, al menos 15 se encontraban absolutamente alcoholizadas.

Nota relacionada Agreden a machetazos a Ramón Matute líder indígena e integrante del MADJ en Locomapa

No hubo diálogo alguno y los directivos de la tribu y Noé Rodríguez, presidente de la FETRIXY, acusaron al MADJ de ser el responsable del asesinato de los tres mártires tolupanes ocurrido en 2013 y amenazaron con declararlos sin la calidad de indígena y desterrar del territorio tribal a todos los integrantes del movimiento que se opongan a la explotación inconsulta de madera. Posterior a ello, las explotaciones de madera se han realizado continuamente, impulsada por el Consejo Directivo de Tribu a través de sus directivos, a base de soborno económico minoritario e induciendo bajo los efectos del alcohol a varios indígenas.

Camiones como este salen todos los días cargados con madera

Recientemente, el pasado 25 de mayo de 2018 a las 4.00 am llegaron 4 rastras propiedad de la empresa INMARE, al Campamento Digno, seguidamente, a las 10:00 am se instaló frente al Campamento Digno un operativo policial con 40 agentes preventivos y de la fuerza especial rural, dirigido por el Subinspector Alvarado, quienes llegaron en vehículos policiales, encapuchados, con bombas lacrimógenas y vestidos con antimotines, se hicieron acompañar de un agente de CONADEH y el fiscal del ambiente de Yoro Edwin García, a quien desde el equipo legal del MADJ se contactó para explicarle la situación y el contexto de la problemática.

Sin embargo, el fiscal intervino intimidando a los líderes Ramón Matute y José María Pineda acusándoles de cometer el delito de obstaculización de un plan forestal e indicando que los procesaría penalmente. Además, el fiscal García sostuvo que la empresa INMARE realizaba la extracción de madera de forma legal y “que el Movimiento Amplio les estaba engañando”.

Pese a que el Ministerio Público es conocedor de las reiteradas acciones de denuncias interpuestas por integrantes de la tribu y del MADH pidiendo investiguen los abusos y procedimientos fraudulentos mediante los cuales el ICF sin consulta ni consentimiento previo, libre, informado y de buena fe, favorecieron a la empresa INMARE para que explorara madera en el territorio tribal.

El 08 de junio de 2018, nuevamente el empresario ha burlado la dignidad del pueblo de San Francisco, introduciendo su maquinaria al territorio de la tribu para seguir extrayendo madera de los bosques indígenas. Ante ello, la población indígena ha realizado acciones de protesta y defensa de sus bosques.

El 10 de Junio del 2018, en la tribu de San Francisco de Locomapa a las 11:30 de la mañana personas afines al Consejo Directivo y a la FETRIXI llegaron al Campamento Digno Tolupan, con armas de fuego, machetes y palos amenazaron y amedrentaron a integrantes del MADJ y del Campamento. Consuelo Soto, fue agredida mientras esta grababa los hechos con su teléfono celular, el desconocido se aproximó a Consuelo colocando el machete en su cuello.

De la misma forma, el 11 de Junio de 2018, Ana Maritza Marcia, hija de Consuelo Soto fue agredida e intimidada por Danilo Matute, indígena afín a la empresa quien estaba en compañía de alrededor de 60 personas armadas en su mayoría con piedras, envueltas en trapos y garrotes. Matute levantó su machete con la intención de agredir a Ana Marcia y fue detenido por Adalid Zerón también promotor de la explotación inconsulta de la madera, logrando pasar el camión con aserrín se retiraron. En el trayecto de ese día ingresaron 4 rastras para cargar madera de pino en rollo y uno para cargar aserrín.

La respuesta institucional: una condena a nueva desgracia 

Ramón Matute, al igual que José María Pineda y el resto de integrantes del MADJ pertenecientes a la tribu son beneficiarios de medidas cautelares desde 2013, a pesar de eso, el Estado de Honduras a través del Mecanismo de Protección ha sido incapaz de implementar de forma efectiva las medidas otorgadas y esto se debe a que, desde el MADJ y la tribu se planteó como medida de protección la integración de una comisión interinstitucional que atendiera el fondo del conflicto referente al saqueo del territorio ancestral Tolupán y el papel de las empresas madereras, quienes incurren en delitos con su actividad en la zona.

Evidentemente, para el mecanismo de protección, al igual que para el resto de instituciones del Estado las acciones que representen atacar frontalmente la corrupción, impunidad y la situación de privilegios de quienes impunemente delinquen representan un reto que pasa antes de cualquier cosa por la voluntad gubernamental, la cual, aún más referente al pueblo Tolupán es históricamente inexistente. Es así que luego de varias comunicaciones al mecanismo de protección, este atendió y realizó diligencias hasta el día de ayer 13 de junio luego que Ramón Matute fue agredido.

El conflicto de la tribu de San Francisco no es nuevo para el Ministerio Público, entre 2016 y 2017 tolupanes han interpuesto 4 denuncias por la tala ilegal del bosque y hasta la fecha estas continúan sin ni una tan sola diligencia investigativa reportada a las víctimas. El 22 de mayo, el fiscal Edwin García informó al equipo legal del MADJ que las denuncias habían sido trasladadas a San Pedro Sula ya que era “mucho conflicto con esa gente”.

El 25 de mayo de 2018, integrantes de la tribu y del MADJ presentaron denuncia ante el MP por la firma inconsulta de los contratos, el 8 de junio desde el equipo legal del MADJ se envió comunicación al departamento de DDHH de la Secretaria de Seguridad y al Sistema Nacional de Protección, sobre los últimos hechos sucedidos en el Campamento Digno Tolupán y en relación a las medidas cautelares de las cuales son beneficiarias las personas en situación de riesgo y el día de ayer, 13 de junio se presentó denuncia sobre los hechos ocurridos el 25 de mayo ante la Fiscalía Especial de etnias.

Sin embargo, el conflicto Tolupán es una situación ante la que las instituciones del Estado han decidido cerrar los ojos desde hace muchos años atrás, condenándoles a la indiferencia sistemática a y a la repetición de hechos fatales como los asesinatos de 2013 y 2015.