Instalación de ZEDE confirma que Fuerzas Armadas no cumplen mandato de defender el territorio y la soberanía

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa, Honduras.- La Coalición contra Impunidad en Honduras (CCI) ha condenado la política entreguista del gobierno de Juan Hernández y la amenaza que sufren las comunidades caribeñas con la instalación de la primera Zona Especial de Desarrollo (ZEDE), en Roatán, departamento de Islas de la Bahía.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales en la mañana de este miércoles 30 de septiembre, la CCI repudió que en el marco de la crisis sanitaria,  social y humanitaria  generada por el Covid-19 el gobierno haya publicado la instalación de la primera ZEDE, denotando una vez más su interés de seguir entregando el territorio hondureño a los grandes empresarios nacionales y extranjeros.

“Nos solidarizamos con la digna lucha  y resistencia de las comunidades  y organizaciones de Roatán que pese a la actual política de confinamiento  y a la suspensión de garantías constitucionales  han salido pacífica y masivamente  a defender su territorio y bienes comunes naturales”, dice el comunicado de la CCI, que también exige la pronta derogación  de la Ley para la creación de los Regímenes Especiales de Desarrollo.

Para la CCI esa Ley violenta la Constitución de la República y pone en clara evidencia la confirmación vergonzosa  de la complicidad  de las Fuerzas Armadas  al no cumplir su mandato  de defender la integridad territorial, la soberanía de la República  y el imperio de la Constitución.

La Ley para la creación de los Regímenes Especiales de Desarrollo fue aprobada por el Congreso Nacional el 23 de enero del 2014 con el voto favorable de 110 diputados nacionalistas y liberales, que también reformaron  los artículos  294, 303 y 329 de la Constitución de la República, para darles paso a las ZEDE, también conocidas como ciudades modelo.

De acuerdo con la Ley estas ZEDE o ciudades modelo serán instaladas en partes del territorio nacional cedidas por el Estado hondureño a empresarios que tendrán su propio gobierno, policía y tribunales de justicia. Es decir, una autonomía funcional y administrativa en la que las leyes de Honduras no podrán ser aplicadas.

Vale mencionar que la instalación de las ZEDE es un proyecto impulsado por el jefe de Estado, Juan Hernández, quien en el momento de ser presidente del Congreso Nacional limpió el camino destituyendo ilegalmente a los magistrados de la Sala de lo Constitucional que al inicio declararon inconstitucional esa Ley.

Y por tal razón, la CCI ha repudiado que para promover este tipo de proyectos se instrumentalice al sistema judicial, se fomenten normativas que atentan  contra la soberanía y el territorio y se promueva una lógica de despojo  a gran escala. El documento detalla, que esa situación acrecienta  la vulneración de los derechos  humanos, agudiza la exclusión social y la desigualdad de las comunidades. 

Denunció, que recientemente, Erick Brimen, director ejecutivo de la ZEDE, Roatán Prospera, conmocionó a los pobladores de la comunidad al manifestarles que el Estado hondureño puede expropiarles  las tierras, desatando una campaña de estigmatización y criminalización  contra la población  que se opone a la instalación del proyecto.

La Coalición también ha denunciado la violación del derecho de participación ciudadana  de las comunidades de Roatán  que se ven afectadas directamente por la instalación del proyecto  inconsulto  y sus consecuencias de un alto costo ambiental, social y humanitario.

Asimismo, le hace un llamado al Alto Comisionado de los Derechos Humanos  y a las instituciones públicas del Estado en materia de derechos humanos  a darles seguimiento y acompañamiento  a las labores de defensoría  que realizan las comunidades de Roatán y de otras zonas del país que se oponen a las ZEDE.

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