Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa, Honduras.- La Coalición contra Impunidad en Honduras (CCI) ha condenado la política entreguista del gobierno de Juan Hernández y la amenaza que sufren las comunidades caribeñas con la instalación de la primera Zona Especial de Desarrollo (ZEDE), en Roatán, departamento de Islas de la Bahía.
A través de un comunicado publicado en sus redes sociales en la mañana de este miércoles 30 de septiembre, la CCI repudió que en el marco de la crisis sanitaria, social y humanitaria generada por el Covid-19 el gobierno haya publicado la instalación de la primera ZEDE, denotando una vez más su interés de seguir entregando el territorio hondureño a los grandes empresarios nacionales y extranjeros.
“Nos solidarizamos con la digna lucha y resistencia de las comunidades y organizaciones de Roatán que pese a la actual política de confinamiento y a la suspensión de garantías constitucionales han salido pacífica y masivamente a defender su territorio y bienes comunes naturales”, dice el comunicado de la CCI, que también exige la pronta derogación de la Ley para la creación de los Regímenes Especiales de Desarrollo.
Para la CCI esa Ley violenta la Constitución de la República y pone en clara evidencia la confirmación vergonzosa de la complicidad de las Fuerzas Armadas al no cumplir su mandato de defender la integridad territorial, la soberanía de la República y el imperio de la Constitución.
La Ley para la creación de los Regímenes Especiales de Desarrollo fue aprobada por el Congreso Nacional el 23 de enero del 2014 con el voto favorable de 110 diputados nacionalistas y liberales, que también reformaron los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución de la República, para darles paso a las ZEDE, también conocidas como ciudades modelo.
De acuerdo con la Ley estas ZEDE o ciudades modelo serán instaladas en partes del territorio nacional cedidas por el Estado hondureño a empresarios que tendrán su propio gobierno, policía y tribunales de justicia. Es decir, una autonomía funcional y administrativa en la que las leyes de Honduras no podrán ser aplicadas.
Vale mencionar que la instalación de las ZEDE es un proyecto impulsado por el jefe de Estado, Juan Hernández, quien en el momento de ser presidente del Congreso Nacional limpió el camino destituyendo ilegalmente a los magistrados de la Sala de lo Constitucional que al inicio declararon inconstitucional esa Ley.
Y por tal razón, la CCI ha repudiado que para promover este tipo de proyectos se instrumentalice al sistema judicial, se fomenten normativas que atentan contra la soberanía y el territorio y se promueva una lógica de despojo a gran escala. El documento detalla, que esa situación acrecienta la vulneración de los derechos humanos, agudiza la exclusión social y la desigualdad de las comunidades.
Denunció, que recientemente, Erick Brimen, director ejecutivo de la ZEDE, Roatán Prospera, conmocionó a los pobladores de la comunidad al manifestarles que el Estado hondureño puede expropiarles las tierras, desatando una campaña de estigmatización y criminalización contra la población que se opone a la instalación del proyecto.
La Coalición también ha denunciado la violación del derecho de participación ciudadana de las comunidades de Roatán que se ven afectadas directamente por la instalación del proyecto inconsulto y sus consecuencias de un alto costo ambiental, social y humanitario.
Asimismo, le hace un llamado al Alto Comisionado de los Derechos Humanos y a las instituciones públicas del Estado en materia de derechos humanos a darles seguimiento y acompañamiento a las labores de defensoría que realizan las comunidades de Roatán y de otras zonas del país que se oponen a las ZEDE.
