Seis defensores de los derechos humanos fueron asesinados en Honduras en los primeros 5 meses de la pandemia 

 

Durante la emergencia, 47,749 mujeres fueron víctimas de violencia doméstica y que esos casos en su mayoría están sin resolver. Además, se registran 162 suicidios, entre los que destacan 16 de niños y niñas

Por: Redacción CRITERIO.HN

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De acuerdo con el informe de un monitoreo de la situación de los derechos humanos en Honduras, realizado por el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), sólo en los primeros cinco meses de la emergencia del Covid -19, en este país centroamericano se registraron 1,426 homicidios. Del total, 109 muertes violentas fueron contra mujeres y 12 contra miembros de la comunidad LGTBI.

El informe que recoge datos de hechos registrados hasta el 30 de agosto pasado, fue presentado por el procurador de los derechos humanos,  Ariel Díaz, quien dio a conocer, que dentro de esos asesinatos, se incluyen a 6 personas defensores de los derechos humanos.

De igual manera, el documento registra el desaparecimiento forzado de 6 personas defensoras de los derechos humanos y la detención de al menos 51,923 hondureños, afectados por la suspensión de garantías constitucionales.

Asimismo, según Díaz, el documento detalla que  durante la emergencia, 47,749 mujeres fueron víctimas de violencia doméstica y que esos casos en su mayora están sin resolver. “Vemos también con mucha preocupación la muerte de 48 personas con custodia del Estado”, informó Ariel Díaz, agregando que también es preocupante, la comisión de 162 suicidios, entre los que destacan 16 de niños y niñas

En otro sentido, Díaz también se refirió al retorno de  9,943 personas que fueron deportadas cuando trataban de llegar a Estados Unidos buscando mejores condiciones de vida. Y Sostuvo que es preocupante que para esta semana han anunciado la salida de una nueva caravana de migrantes porque los diferentes  Estados situados en esa ruta, carecen de los mecanismos de protección para garantizarles una migración segura. 

Indicó, que Honduras es incapaz de generar condiciones  de seguridad  para su ciudadanía y para los migrantes internacionales que utilizan el país como territorio de paso.  Ante tal situación Díaz dijo, que por todos esos problemas son precisas las preguntas,  ¿es democracia la que tenemos?, ¿Es Honduras un país democrático?, “todo eso nos  indica que Honduras tiene un gobierno con características poco democráticas”, reiteró.  

Aseguró, que la democracia en Honduras es un desafío y que desde la perspectiva de los derechos humanos se puede ver que hay involución, cuando no hay gobiernos comprometidos con la sociedad, una  Ministra de Derechos Humanos que no tiene  acercamiento con la sociedad civil, un presidente que se reelige declarando  inconstitucional la Constitución, un gobierno central que mantiene concentrado en el poder con el legislativo que es su oficina de trámites y el poder judicial convertido en mandadero del ejecutivo.

“Esa subordinación indica que en Honduras no hay una verdadera impartición de justicia sino un servicio judicial con justicia selectiva”, expresó Díaz.

Por su parte, el director de CIPRODEH, Carlos Leiva, afirmó que es importante monitorear la situación de los derechos humanos porque este régimen ha ocasionado violaciones en todos los sectores vulnerables, como, los campesinos y los indígenas que han sido despojados, encarcelados y asesinados.

Añadió,  que hay desaparecidos y vejaciones en las familias, violencia doméstica y profesionales de la medicina que pierden la vida al estar en primera línea trabajando contra el Covid -19 y sin la debida protección. Y “vemos con preocupación cómo las voces de denuncias y protestas no tiene efectividad en el régimen, los femicidios y masacres han continuado”, relató Leiva.

En la presentación del informe también participó, Byron Espinoza,  quien ha manifestado que a nivel internacional Honduras es conocida como un país con elevados índices de desigualdad  y violencia generalizada que podría tener sus raíces en la corrupción,  que se ha convertido en una regla para la mayoría de los funcionarios  públicos.

Espinoza dice que con la llegada del el coronavirus el 12 de marzo pasado y suspensión de las garantías fundamentales ya se advertía que habría  abusos y violaciones de derechos humanos porque las fuerzas represoras ocuparon los centros públicos y sancionaron a los que desafiaban las medidas impuestas por el Estado. La mayoría de las detenciones registradas en el informe corresponden a personas detenidas durante los toques de queda.

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