Por: Redacción CRITERIO.HN
Tegucigalpa. – A sus 85 años, doña Otilia Colindres, quien pese a su avanzada edad sigue afanada acarreando agua en una empobrecida zona en la capital hondureña. Otilia camina un par de kilómetros hasta la colonia Florencia, una selecta residencial cercana a su comunidad.
Es vecina de la aldea de Suyapa y tiene décadas de cargar en baldes, ollas y cualquier enser posible el vital líquido por el que hace unos diez años pagaba 5 lempiras por un galón, 25 lempiras por un barril y 160 lempiras de factura mensual, aunque no tenga el vital líquido o que éste llegue a su casa cada 15 o 20 días.
“Hemos sufrido mucho, pero no me voy de Suyapa porque amamos a la virgencita y soy descendiente de los que la hallaron”, aparte “por ser muy pobres no podemos irnos a una colonia donde hay agua”, relata esta descendiente de Alejandro Colindres, el labrador a quien la iglesia católica le atribuye el hallazgo de la diminuta figura de la Virgen de Suyapa, el 3 de febrero de 1747.
La escasez o inexistencia de agua potable o de calidad, aflige a una buena parte de la población en Honduras, un fenómeno agravado en las principales ciudades del país por la construcción de residenciales en áreas protegidas que alimentan las fuentes del líquido.
Y en las zonas rurales por la edificación de hidroeléctricas y la minería impulsada por políticas de gobierno que alientan la inversión en la industria extractiva.
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El avance de la construcción de hidroeléctricas y explotaciones mineras en áreas habitadas por indígenas y negros o zonas en áreas protegidas, en la mayoría sin consulta previa a las poblaciones, al igual que en las ciudades la edificación de proyectos residenciales, han encontrado la oposición de comunidades organizadas que luchan por la conservación del medio ambiente.
La lucha en contra de las actividades de la industria hidroeléctrica, minera y agroindustrial, que ha provocado el deterioro de las fuentes de agua a causa del desvío de ríos y quebradas y la contaminación, en muchos casos, ya tiene víctimas entre ellas, la más visible y notoria: la líder ambientalista e indígena lenca, Berta Cáceres.
Cáceres un símbolo de la lucha por la tierra y el ambiente en Honduras, fue asesinada a tiros el 3 de marzo de 2016 por sicarios, entre ellos oficiales activos y retirados del ejército de Honduras.
La líder indígena lenca, galardonada en 2015 con el Premio Medioambiental Goldman, fue asesinada por la lucha que librababa contra la construcción de la hidroeléctrica “Agua Zarca”, en tierras ancestrales de la etnia lenca, por parte de la compañía Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA).
Por el crimen fueron condenadas siete personas, entre ellos un ejecutivo de la empresa, y se enjuicia aún también al presidente del Consejo de Administración, Roberto David Castillo.
En 1995, fue asesinada la ambientalista, Jeannette Kawas, presidenta de la Fundación para la Protección de Lancetilla, Punta Sal, Punta Isopo y Texiguat (PROLANSATE), que luchaba contra la tala del bosque tropical, y el avance de la frontera agrícola.
Dos años después el defensor de derechos humanos y ambientalista, Carlos Escaleras, murió acribillado a tiros a manos de dos sicarios por su oposición a la instalación de una planta de extracción de aceite de palma africana en la ribera del río Tocoa poniendo de relieve el peligro de luchar en defensa del ambiente.
La defensa del agua en la región de Tocoa en el departamento de Colón se mantiene por la lucha de pobladores de la comunidad de Guapinol, quienes defienden los ríos y el Parque Nacional Carlos Escaleras, ante la presencia de una explotación minera de óxido de hierro, por lo que siete defensores del agua y el ambiente guardan prisión.
Otros conflictos se han generado también en el departamento de Francisco Morazán, en los municipios de Reitoca y Lepaterique, donde al menos tres pobladores que se oponen a una represa hidroeléctrica han resultado heridos de bala durante desalojos efectuados por las fuerzas de seguridad del Estado y otros dos han sido judicializados.
Las luchas territoriales por el agua abarcan también a las comunidades del municipio de Arizona, en el departamento de Atlántida, que se oponen a la construcción de la hidroeléctrica Jilamito. Aquí cinco líderes comunales enfrentan procesos judiciales por la defensa de un río.
ES UNA GUERRA
La organización Global Witness asegura que Honduras es uno de los países más peligroso para los ambientalistas y defensores de la tierra y que en la última década al menos 150 fueron asesinados, 14 de ellos en 2019, según el último reporte de la organización mundial.
“Es una guerra la que mató a Berta Cáceres y la que tiene hoy en la cárcel a los defensores del agua en Guapinol y San Pedro, los que defienden el ambiente están en prisión y los que han estado en actos de corrupción sobre el agua andan libres”, dijo a Criterio.hn Juan Almendares, defensor de derechos humanos y ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
En el departamento de Copán, pobladores de la comunidad de Azacualpa en el municipio de La Unión, libran una lucha en contra de la empresa Minerales de Occidente Sociedad Anónima (MINOSA), subsidiaria de la canadiense Aura Mineral que, en una explotación a cielo abierto en busca de oro, profana los restos de centenares de personas en un antiguo cementerio, además de contaminar las aguas de ríos, según activistas humanitarios.
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En San Pedro Sula, segunda ciudad en importancia del país, la presión sobre la Cordillera de El Merendón, principal vertiente de agua que alimenta el acuífero Sunseri y que provee el líquido a la mayor parte de la ciudad, está en aumento con la construcción de la llamada “Ciudad Jaraguá”, que implica un fuerte daño a la foresta de la zona.
El megaproyecto, que prevé la construcción de tres zonas residenciales, un hotel cinco estrellas, un parque de negocios para ejecutivos, un centro de convenciones, un country club, un campo de golf y un centro comercial, enfrenta la oposición de ambientalistas y pobladores.
Pero la deforestación en el sitio de construcción avanza aceleradamente con el apoyo del gobierno y la alcaldía local, pese al impacto que tendrá sobre la disposición de agua para la población, dicen ambientalistas.
En Tegucigalpa, el gigantesco proyecto Residencial Bosques de Santa María, que se pretende construir en parte de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra, causaría un severo daño al llamado Sistema Picacho que suple entre el 20 y el 30 por ciento de agua de la capital, especialmente en zonas altas y el casco histórico, advirtieron pobladores organizados y ambientalistas.
El proyecto habitacional prevé la construcción de unas 1.900 viviendas de lujo, 29 centros comerciales, un hotel de montaña, un club ecuestre y carreteras de penetración en un área de casi 500 hectáreas y, según organizaciones ambientalistas, provocaría daños en parte de la zona de amortiguamiento de La Tigra y en los municipios de Santa Lucía, Valle de Ángeles y San Juan de Flores.
“Perderemos el 20 o 30 por ciento de agua de la capital debido al impacto de este proyecto que también demandaría de servicio y va a dejar sin agua a más de 130 colonias que se suplen de El Picacho, sólo para beneficiar a un grupo de ricos y poderosos que quieren hacer negocio”, dijo el presidente de la Asociación de Juntas de Agua de Honduras, Manuel Amador.
El proyecto en marcha desde 2016 de “Ciudad Jaraguá” en la Cordillera de Merendón, es impulsado por Inversiones MPG e Inversiones en Activo, y el de “Bosques de Santa María” en La Tigra por el Grupo Inmobiliario Midence-Soto-Pierrefeu en el que es visible el empresario Guy de Pierrefeu y la Constructora Santos y Compañía propiedad de la familia del diputado, Elvin Santos.
Ambos proyectos son respaldados por el gobierno y las alcaldías de ambas ciudades. En Tegucigalpa protestas de pobladores y ambientalistas fueron reprimidas con bombas lacrimógenas y disparos por fuerzas antimotines de la policía en 2019. Las protestas cesaron en 2020 a causa de la pandemia del coronavirus.
El problema de suministro, es grave tanto por la cantidad como la calidad y golpea las principales ciudades y poblados semiurbanos y rurales de Honduras, pese a que indicadores del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de 2019, aseguran que únicamente un 11.6 por ciento de viviendas no cuentan con un servicio adecuado de agua en el país.
Las estadísticas del INE indican además que en el área urbana un 95. 3 por ciento de las viviendas cuentan con el servicio, mientras que en el rural el 79.4 por ciento, pero no hace consideraciones sobre la frecuencia del suministro, cantidad y calidad del agua. El organismo estima en 2,188,849.00 el número de viviendas en Honduras.
NUEVAS REPRESAS
Los más de 1.2 millones de habitantes de Tegucigalpa, enfrentan casi de manera crónica severos racionamientos en una ciudad en la que no se dispone del suministro diario de agua, ni siquiera en selectas zonas residenciales, y el fenómeno se agrava en verano hasta llegar a situación que sitúa al borde de la ausencia absoluta el servicio.
Y es que las principales fuentes de agua de Tegucigalpa que son el Sistema Picacho y los embalses de Los Laureles y La Concepción enfrentan hace casi tres décadas la creciente demanda estimulada por el aumento de la población y la expansión de construcciones de viviendas y edificios de apartamentos.
El embalse de La Concepción, el último en haber sido edificado tras cuatro años de construcción, financiado por Italia y Francia, empezó a operar en 1993, y desde entonces no se incorpora una fuente importante que permita atender la creciente demanda de agua en la ciudad, que sufre de manera crónica la escasez del vital líquido.
Esta situación de ausencia o escasez crónica de agua, que afecta la mayor parte de Honduras, se torna letal especialmente con la pandemia de la Covid-19 que tiene en el esquema de prevención el lavado de manos. La ausencia de agua también golpea los mercados, centros de salud, escuelas, colegios e infraestructura comunitaria pública y privada.
Los gobiernos de Honduras desde 1993, no hicieron inversiones en nuevos embalses para proveer de agua a la capital, pese a que las urbanizaciones han continuado expandiéndose y arrastrando problemas de suministro, especialmente en barrios y colonias marginales a los que no llega ni siquiera la red de acueducto.
La alcaldía de Tegucigalpa, dentro de un proceso de municipalización del servicio de agua potable, asumió en enero de 2017 la gerencia del Sistema Nacional de Acueductos y Alcantarillado (SANAA), que marcha a la privatización del servicio, similar a como ocurrió en San Pedro Sula, vía concesión.
El alcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura, licitó a finales de 2020 la construcción de dos micro represas, un reservorio y una represa donde se podrían almacenar 25 millones de metros cúbicos, pero se espera aún la adjudicación de las obras, informaron fuentes de la Alcaldía Municipal del Distrito Central.
Pobladores de las colonias Santa Teresita, El Guanábano, San José, Miller, Peniel, Cerro Grande, Las Flores y La Ciénega, al nororiente de Comayagüela, se han tomado en varias ocasiones la carretera al departamento de Olancho exigiendo al SANAA habilitar un proyecto por el que han luchado por 16 años para tener agua en sus casas.
“No somos políticos ni terroristas, estamos reclamando un derecho que nos corresponde como ciudadanos que es el derecho al agua, el líquido vital para 10 comunidades”, acotó una dirigente comunal.
“No es justo que estas pipas todo el tiempo vienen a llenar agua y que nosotros, viviendo a pocos metros de las pilas, no nos den agua y que el recibo nos llega cada mes; una empleada nos dijo que es más fácil dar agua a las pipas que a nosotros”, critica otra habitante.
Mientras, en los mercados San Isidro, Las Américas, Colón y Álvarez, en Comayagüela, se quejan porque durante “ocho meses no viene el agua, la economizamos, compramos y sacamos de un pozo artesanal”, por el fuerte racionamiento del SANAA.
“Y qué hacemos, ya tenemos varios días así…”, comenta Irasema Rodríguez, madre de familia y dueña de un puesto en el mercado San Isidro.
PRIVATIZACION
En 2018, el gobierno municipal inició el proceso de privatización del agua y la red de saneamiento de la capital, al traspasar el servicio a la empresa de capital ecuatoriano Hidalgo e Hidalgo (H&H). La constructora ha sido denunciada por pagó de coimas a funcionarios públicos en Colombia, Panamá, Ecuador y Perú.
Y en octubre del año pasado oenegés que protegen el Parque Nacional La Tigra denunciaron la firma del contrato de manejo financiero y contable de los ingresos de la tesorería de la Unidad Municipal de Agua Potable, (UMAPS), por 30 años entre el alcalde Nasry Asfura y Banco FICOHSA.
Asimismo, en noviembre de 2019 Criterio.hn hizo trascender un contrato para el pago de más de 238 millones de lempiras para la limpieza de tubería en el acueducto de la capital hondureña, firmado entre el alcalde del Municipio del Distrito Central, Nasry Asfura, con la empresa Hidalgo e Hidalgo Honduras, S.A. de C.V.
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El 11 de mayo de 2018 el alcalde Nasry Asfura y el ciudadano ecuatoriano, Franklin Medardo Ruiz Vega, representante legal de la empresa Hidalgo e Hidalgo Honduras, S.A. de C.V., firmaron la contratación de la cuestionada compañía.
Sobre el particular Alba López, periodista y ambientalista afirmó a Criterio.hn que la organización Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), ejerciendo la Ley de Acceso a la Información Pública, pidió una copia del contrato y la alcaldía capitalina respondió asegurando que dicho documento no existía.
Días después en una rueda de prensa en las afueras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), representantes de ARCAH mostraron el contrato, lo que puso en evidencia el oscuro proceder de la comuna capitalina.
ARCAH acusó al alcalde Asfura de abuso de autoridad y usurpación de funciones al sobrepasar potestades del cargo, debido a que el proceso de municipalización de aguas no ha ocurrido porque no se ha pagado el 100 % del pasivo laboral a los empleados del SANAA, como establece la Ley Marco de Agua, sostuvo la ambientalista.
La comunicadora pidió, en aquel entonces, al Ministerio Público investigar el origen de la empresa Hidalgo e Hidalgo Honduras, pues se “maneja que el yerno de Nasry Asfura, es socio de esta empresa”.
Hidalgo e Hidalgo se hará cargo de distribuir, facturar y cobrar por la concesión, contratación de embalses, otro foco de atención considerando que el Congreso Nacional aprobó en abril de año pasado un proyecto de ley para que la alcaldía capitalina adquiera una deuda de cinco mil millones de lempiras para ese tipo de obras
En el 2000 el Fondo Monetario Internacional, (FMI), prestó recursos a 12 países con la condición de privatizar el agua, entre estas naciones estaba Honduras; el BM, de su parte, entre 1990 y 1995 financió 20 millones de dólares en préstamos para proyectos de agua.
La privatización del agua y el saneamiento básico en Honduras comenzó en 1995, cuando el gobierno aceptó descentralizar el SANAA y crear la Ley Marco del Servicio de Agua Potable, que entró en vigor en 2003, como hoja de ruta para desregular al sector a propuesta del Banco Interamericano de Desarrollo, (BID).
El proceso de privatización ha ido avanzando mientras comunidades enteras, barrios y colonias pobres, en zonas altas y marginales de la capital y la ciudad de San Pedro Sula, pagan hasta dos mil lempiras mensuales (más de $ 80) para que una pipa abastezca el vital líquido a un hogar.
LA GUERRA MUNDIAL POR EL AGUA
En 1995 el ex vicepresidente del Banco Mundial, Ismail Serageldin, predijo que “las guerras del próximo siglo serán por el agua” debido al comportamiento humano que lleva a una creciente escasez de agua potable en algunas de las zonas políticas más conflictivas del mundo.
La creciente falta del vital líquido generará conflictos a medida que la disponibilidad se reduzca por la falta acuíferos, cambio climático, destrucción de los bosques, contaminación y el crecimiento poblacional, sostuvo Serageldin, con quien el doctor Almendares concuerda.
“La guerra por el agua ya comenzó; hay una guerra donde se estigmatiza a los huracanes como si la naturaleza tuviera la culpa del capitalismo salvaje que nos ha quitado las cuencas hídricas, destruido montañas y los acuíferos, que en el Valle de Siria ya desaparecieron”, destacó.
Veinticinco años después de que Serageldin hiciera la advertencia sobre las posibles razones de las nuevas guerras mundiales, el agua comenzó a cotizarse en la bolsa de valores de Nueva York, Wall Street.
En diciembre de 2020 las redes sociales fueron “inundadas” con la noticia de la cotización del agua en el mercado de valores del fututo. El hecho se convirtió en un escándalo y puso de relieve el peligro que un recurso natural vital para la sobrevivencia humana se convierta en una mercancía.
La Organización de las Naciones Unidas reaccionó ante el hecho el cual, dijo, viola los derechos humanos básicos. “Poner el agua en la bolsa de valores como si fuera oro o petróleo atenta contra el derecho básico de todos al agua”, dijo Pedro Arrojo-Agudo, relator especial sobre el derecho al agua potable y al saneamiento de las Naciones Unidas.
El futuro del mundo descansa en el agua y Honduras es uno de los países más ricos en agua, cuando llueve y más pobre en tiempos de calor.
“La geopolítica identifica a Honduras como área estratégica militar y área estratégica acuática como parte del Caribe y costas con el Atlántico y el Pacífico, quizás uno de los países pequeños con más interconexión geopolítica, esa es nuestra verdadera tragedia”, dijo el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Juan Almendares.
Este bien vital para la vida ocupa hoy lo que fue el petróleo en la geopolítica del siglo XXI, como centro de grandes conflictos como vemos hoy con la criminalización de quienes defienden los bosques y ríos en todo el país, sostiene Almendares, quien dirige el Centro de Prevención, Rehabilitación y Tratamiento de la Tortura en Honduras, (CPTRT).
Esa guerra la viven las comunidades que rechazan el abuso de poder, la corrupción y la voracidad de industrias extractivas impulsadas desde el gobierno.
LAS CIFRAS
Al menos 2.200 millones de personas en todo el mundo carecen de servicios de agua potable gestionados de manera segura, otros 4.200 millones de humanos no cuentan con servicios de saneamiento gestionados de manera segura y 3.000 millones necesitan de instalaciones básicas para el lavado de manos.
América Latina, que posee un tercio del agua dulce del mundo, es a la vez la región con deficiencias en la gestión del agua cuando 34 millones de personas no tienen acceso al líquido potable y la cobertura de saneamiento es por debajo del 15 %.
El continente sufre el cambio climático que trae sequías, escasez o exceso de lluvias en Centroamérica, México, Perú, Brasil, Bolivia y el Caribe, región que en 2020 vivió una temporada histórica de tormentas y huracanes.
Tendremos sequías e inundaciones más frecuentes e intensas y eso afecta la calidad de los acuíferos. En este contexto “la administración de agua va a ser fundamental”, advierte Sergio Campos, jefe de la División de Aguas del Banco Internacional de Desarrollo, (BID).
