Honduras sería el único país en pagarle prestaciones a altos funcionarios públicos

Tegucigalpa.- La población mostró su rechazó ante las jugosas prestaciones que pretenden recibir los funcionarios públicos, entre ellos el actual canciller Lisandro Rosales, el secretario de finanzas Luis Mata y la subsecretaria de finanzas, Liliam Odalis Rivera, entre otros.

Rosales en comparecencia publica alegó estar en todo su derecho a pesar de desconocer cómo funciona la ley en relación al Código de Trabajo y Servicio Civil.

El gerente de asesoría legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Gustavo Solorzano, explicó que el acuerdo de cancelación de los funcionarios difundido en medios surte efecto hasta el 27 de enero.

“Lo que ha circulado son cálculos de lo que se le puede llegar a pagar también a algunos funcionarios que se encuentran dentro del servicio excluido”, detalló.

Solorzano también explicó que el 25 de enero se instala el próximo Congreso Nacional y que ese día se puede presentar un proyecto de ley derogando el segundo párrafo del artículo 129 de las disposiciones generales del presupuesto, por no estar enmarcadas dentro de la ley orgánica del presupuesto y también violentar normas de derecho administrativo.

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“Con esto nos hacemos un doble favor, dejamos las cosas claras y no dejamos cuestiones a nivel de interpretación y, también el favor que le hacemos al Estado de Honduras a no generar esa derogación que sería el único país en el mundo que estaría pagando prestaciones a los altos funcionarios del Estado”, exclamó.

De acuerdo con el artículo 129 “Los servidores de la Administración Central que han laborado de forma consecutiva para el Estado se les concederá indemnización conforme al beneficio que se les otorga a los empleados regidos por la Ley de Servicio Civil. Este beneficio también aplicará a aquellos servidores públicos que desempeñen cargos de servicio excluido.

Artículo que fue criticado por la abogada, Rosangel Sandoval a través de su cuenta personal en Twitter

Ante una eventual demanda, cualquier juez/a, con uso de lógica y razón, debe aplicar el control difuso de inconstitucionalidad, e inaplicar esta aberración de norma inconstitucional pic.twitter.com/AKUoVMe9Rv

— Rosangel Sandoval (@Rosangelsand) January 12, 2022

Además, Sandoval también explicó que los servidores públicos se rigen por la Ley de Servicio Civil no por el Código del Trabajo y, los derechos de la Ley de Servicio Civil (como las prestaciones) no son aplicables a: ministros, viceministros, empleados de confianza, gobernadores, directores, etc.

Un nuevo acto de corrupción

Según una investigación realizada por el equipo de Criterio.hn, este sería un nuevo acto de corrupción el que se pretende ejecutar bajo la administración de Juan Orlando Hernández quien cesa el cargo el 27 de enero del presente mes.

“La Ley de Servicio Civil en su artículo 3 indica que las disposiciones de la normativa no son aplicables a todos los secretarios de Estado, subsecretarios y sus empleados de confianza, tampoco a los directores generales, personal de la secretaría general de la presidencia”, cita la nota.

Olvin Rodríguez, experto en derecho laboral señaló que los funcionarios que otorgaron y quienes recibieron indemnizaciones tendrán responsabilidad civil porque nadie está obligado a obedecer disposiciones ilegales o inconstitucionales.

Rodríguez es del criterio que la persona que ha recibido un pago que no lo merece, debe devolverlo, además, eso entra en lo que se conoce como el pago de lo no debido, esto quiere decir que, si el que por error hizo un pago y prueba que no lo debía, tiene derecho para repetir lo pagado.

Finalizó diciendo que los diputados que aprobaron esas disposiciones, se les puede someter a juicio político por extralimitarse en sus funciones.

Antes los señalamientos y el descontento de la población referente al tema, Lisandro Rosales argumentó que él está en todo su derecho de recibir prestaciones como cualquier ciudadano que es despedido de sus funciones, sin embargo, también explicó que desconoce el contenido de ley del Código de Trabajo y la Ley de Servicio Civil.

Estas declaraciones reflejan una burla e insulto a la población teniendo en cuenta que en tiempos de pandemia muchos trabajadores fueron despedidos de sus cargos sin sus prestaciones, además, los funcionarios de la administración de Hernández siguen buscando artimañas para llenarse los bolsillos de lo poco que ha quedado en el país.