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Fiscales en Honduras, entre la verdad, la justicia y la muerte

Fiscales en Honduras, entre la verdad, la justicia y la muerte

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Tegucigalpa.- La impunidad carcome la institucionalidad en Honduras. Las y los fiscales, al igual que los denunciantes, son víctimas de amenazas, persecución y asesinatos.

La víctima más reciente es la fiscal del medio ambiente, asignada a Nacaome, en el departamento de Valle en el sur de Honduras, Karla Alméndarez, quien fue asesinada con arma de fuego cuando ingresaba a su residencia el viernes por la noche.

El informe 2021 de la organización Human Rights Watch específica que tanto fiscales, como denunciantes reciben amenazas de muerte en Honduras.

TIBIEZA INSTITUCIONAL PONE EN RIESGO A FISCALES

El titular de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, recordó que con el homicidio de Alméndarez, ya suman dos asesinatos contra fiscales en la zona sur, “donde silenciosamente el crimen organizado ha venido en aumento” y cuestionó “¿Qué más tendría que pasar para que se proceda a desarticular las mafias del sur?”

El fiscal Santos se refiere al crimen contra Manuel Eduardo Díaz Mazariegos, fiscal de derechos humanos en las oficinas regionales del Ministerio Público en Choluteca, asesinado el 24 de septiembre de 2012 mientras caminaba del Juzgado Primero de Letras de dicha ciudad hacia la Fiscalía.

Santos reclamó que la respuesta institucional ante el asesinato de fiscales, tanto del Ministerio Público como la Secretaría de Seguridad, es siempre tibia.

Incluso cuando se trata de amenazas y atentados, la tibieza es la respuesta institucional. Esto, el fiscal de la Uferco lo sabe mejor que nadie. El 1 de septiembre de 2008, Luis Javier Santos sufrió un atentado en San Pedro Sula, cuando era acompañado por su hijo, menor de edad.

“Creo que ante esos hechos se necesita una respuesta contundente de la institucionalidad, sino van a seguir matando fiscales, van a seguir matando a agentes, van a seguir matando a empleados del Ministerio Público y nada pasa”, manifestó Santos a un medio televisivo de la capital hondureña.

Santos recordó el primer asesinato cometido contra un fiscal en Honduras, ocurrido en Santa Barbara, y señaló que el fiscal general del Ministerio Público en ese momento era Edmundo Orellana Mercado. De acuerdo con lo señalado por Santos, Orellana Mercado dirigió la operación para la captura de los hechores y los diferentes operativos que llevaron a esta.

“Fue una respuesta contundente la que hubo contra ese hecho. Ahora matan a un fiscal, matan a otro fiscal, agarran al que disparó, pero nadie va a ir a matar a un fiscal solo por así”, dijo.

Agregó que “a un fiscal se le mata porque está involucrado en alguna investigación y hay otras personas interesadas detrás” de la acción criminal, interesadas en parar las pesquisas.

CASOS EMBLEMÁTICOS

Como se evidenció al inicio, el asesinato de la fiscal del medio ambiente, Karla Gabriela Almendárez, no es el primero en la zona sur. A su caso precedió el del fiscal de Derechos Humanos, Manuel Eduardo Díaz Mazariegos.

Ella y él no son las únicas víctimas en el país. Estos casos obedecen a cierto patrón de violencia contra los operadores de justicia y nos recuerdan los homicidios de la fiscal especial de delitos contra la vida, Marlene Banegas, y la fiscal del medio ambiente, Olga Patricia Eufragio, ocurrido el 10 de noviembre de 2014.

La fiscal Marlene Banegas al momento de su homicidio investigaba el asesinato por sicarios de la dirigente campesina Margarita Murillo, el 27 de agosto de 2014, mientras sembraba su parcela de tierra. Con la muerte de Banegas, la investigación por el crimen contra la vida de Murillo se paralizó.

El 18 de abril de 2013 fue asesinado el jefe de la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado, Orlan Arturo Chávez, apodado el fiscal de oro, debido a su eficiente, valiente y comprometida labor como fiscal.

Otro caso que impactó a la sociedad hondureña, especialmente tras las fuertes declaraciones que realizó días antes de su muerte -7 de diciembre de 2011- implicando la participación de políticos, fuerzas de seguridad pública y empresarios en el narcotráfico, fue el asesinato de Alfredo Landaverde. Este se había desempeñado como coordinador y posteriormente asesor de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN).

En el marco del golpe de Estado y la reestructuración político criminal que siguió a la misma, fue asesinado el 8 de diciembre de 2009, el entonces coordinador de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN), adscrita al Ministerio Público, Julián Arístides González, conocido como el zar antidrogas.

Durante el juicio en el Distrito Sur de Nueva York contra el narcotraficante y jefe de los Cachiros, Devis Leonel Maradiaga, se conocieron todos los pormenores detrás de la planificación e involucrados en el asesinato de Julián Arístides González y Alfredo Landaverde, así como la participación de fuerzas de seguridad pública en estos.

De interés: Documentos revelan quienes asesinaron a Julián Arístides González

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) mediante un comunicado declaró que desde el 2004 a la fecha, se reportan alrededor de 200 profesionales del derecho que han perdido la vida en circunstancias violentas, de estas el 18% de las víctimas son mujeres. El 90% de estos casos se encuentran en la impunidad.

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