En los últimos años, los presupuestos asignados a la Fiscalía Especial de Medio Ambiente (FEMA) han tenido una tendencia fluctuante. En 2025, recibió apenas 11,823,591.00 lempiras
El año con mayor asignación fue 2019, con 16,872,502.00 lempiras, lo que muestra que, en lugar de avanzar, el Estado ha retrocedido en su respaldo financiero a la institución encargada de proteger el ambiente
Tegucigalpa, Honduras. -En 2025, el Ministerio Público asignó apenas 11.8 millones de lempiras a la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA), marcando el presupuesto más bajo en los últimos nueve años para esta unidad encargada de investigar y judicializar los delitos contra los recursos naturales.
Esta reducción presupuestaria contrasta con las promesas y emergencia ambiental declarada en mayo de 2024 por la presidenta Xiomara Castro, ante los masivos incendios forestales devastaron miles de hectáreas en todo el territorio hondureño.
En esa ocasión, durante una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), del cual el Ministerio Público forma parte, se presentó la estrategia “Cero deforestaciones al 2029”, con el objetivo de revertir el daño ambiental derivado de incendios forestales, tala ilegal y explotación ilegal de recursos.
Además, se anunció una inversión de 19 mil millones de lempiras para proyectos de reforestación y la promesa de un fortalecimiento legal para combatir los delitos ambientales, que serían coordinados por el Poder Judicial y el Ministerio Público.
No obstante, la asignación presupuestaria para FEMA revela una evidente contradicción. En lugar de fortalecerse, la Fiscalía Ambiental fue debilitada financieramente, incluso cuando el gobierno demandaba respuestas institucionales más sólidas para frenar la tala ilegal, los incendios provocados y la contaminación.
Otra de las resoluciones tomadas en ese Consejo fue que el Ministerio Público debía liderar operativos y presentar informes detallados sobre el avance del control territorial en zonas afectadas por crímenes ambientales.
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2025 EL AÑO CON LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA MÁS BAJA EN NUEVE AÑOS
La Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA) tiene como mandato investigar delitos como la explotación ilegal de recursos naturales, violaciones a normativas ambientales, contaminación, tala ilegal y la destrucción de ecosistemas.
En los últimos años, los presupuestos asignados a esta unidad han sufrido altas y bajas. Por ejemplo, 2025 es el año con la asignación presupuestaría más baja, en nueve años, teniendo un monto de 11,823,591.00 lempiras frente a los 12.6 millones de 2023 y los 12.6 millones de 2021.
En 2017 y 2018, la cifra fue más alta, alcanzando 15.4 millones de lempiras. Mientras que el 2019 fue el año con mayor asignación, con un monto de 16,872,502.00 lempiras, lo que muestra que, en lugar de avanzar, el Estado ha retrocedido en su respaldo financiero a la institución encargada de requerir a quienes atentan contra el ambiente y explotan los recursos naturales.
Sumado a ello, la carga laboral de esta fiscalía se divide en cuatro fiscales, biólogos e ingenieros forestales asignados en Tegucigalpa (Francisco Morazán). Otras zonas del país con asignación de fiscales de medio ambiente son: La Ceiba (Atlántida) y San Pedro Sula (Cortés), las otras zonas del país son apoyadas por personal de las fiscalías regionales.
Pese a los compromisos oficiales, la efectividad de FEMAha sido cuestionada por organizaciones ambientalistas y defensores de los bienes comunes, quienes aseguran que el presupuesto limitado se traduce en falta de personal, escasa capacidad investigativa y mínima presencia territorial.
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En 2024, Criterio.hn publicó que, de las 5,696 denuncias registradas en el Ministerio Público por delitos ambientales, sólo 1,024 terminaron en requerimientos fiscales, lo que representa un 18% de respuesta judicial efectiva.
Los casos de minería extractiva y deforestación masiva son los que más preocupan a los defensores de los bienes comunes y organizaciones de derechos ambientales, ya que estos proyectos extractivos destruyen los recursos naturales, y provocan conflictos en las zonas donde se instalan estas industrias.
A ello se suma la creciente criminalización de defensores ambientales, algunos de los cuales han sido judicializados, amenazados, y, en el peor de los casos, asesinados por denunciar prácticas extractivistas o la complicidad de autoridades locales.
Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), dijo a Criterio.hn que las deficiencias presupuestarias son un reflejo de la “importancia” que se le da en los distintos gobiernos a los temas de derechos humanos, protección del ambiente y de los recursos naturales.
Añadió que “no solamente es una responsabilidad del Ministerio Público, sino que como sociedad deberíamos movilizarnos y exigir que se doten de más recursos a esta institución, ya que, es una suerte de garante en la lucha contra la impunidad en el país”.
