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Por: Karen Karniol-Tambour*

NUEVA YORK – Entramos en un nuevo período de inseguridad energética en el que las situaciones de escasez aguda similares a las de este verano serán un riesgo persistente. Las consecuencias económicas, políticas y sociales de este cambio ya son patentes. La escasez energética implicará racionamientos que si quedan en manos del mercado tendrán resultados profundamente regresivos (los pobres gastarán una parte desproporcionadamente mayor de su ingreso en necesidades básicas como calefacción y transporte).

La inflación energética, a su vez, aumentará el riesgo de agitación social, algo que rápidamente están aprendiendo los líderes en ejercicio, tanto en los países ricos como pobres. Aunque la escasez energética naturalmente llevará a un aumento de la inversión en capacidad adicional, los nuevos proyectos requerirán tiempo y, a menos que la mayoría sean neutrales en carbono, las inversiones para solucionar necesidades a corto plazo exacerbarán un problema mucho mayor a largo plazo.

La inseguridad energética actual comenzó a gestarse hace mucho tiempo. La mayoría de las inversiones en energía requieren años para dar frutos y la infraestructura asociada suele funcionar durante décadas. La huella energética actual mundial se incorporó al sistema hace años, por eso los combustibles fósiles aún representan más del 80 % del consumo energético mundial.

Incluso antes de que Rusia invadiera a Ucrania, debido a los años de inversión insuficiente la demanda mundial de petróleo sobrepasó decididamente a la oferta. La guerra amplificó rápidamente el desequilibrio al eliminar la oferta rusa del mercado (debido a una combinación de sanciones gubernamentales oficiales y sanciones impuestas por voluntad propia de los comerciantes y consumidores). Considerando que Rusia aún entregaba sus productos a algunos compradores, para mayo la guerra había reducido la oferta mundial tal vez en un 1,5 %.

Quizás no parezca mucho, pero incluso una pequeña reducción puede tener graves ramificaciones sobre los precios cuando la oferta ya es limitada. Con la caída del régimen de Muamar el Gadafi durante un período de vulnerabilidad similar, en 2011, la pérdida de combustible libio redujo la oferta mundial el 1 % y los precios del petróleo aumentaron el 50 %. Por otra parte, la disminución de la producción rusa probablemente continúe a medida que la sanciones sobre la tecnología, los equipos y el conocimiento occidental erosionen su capacidad para exportar gas y petróleo, incluso a quienes deseen comprarlos.

Debido a la significativa demora entre las nuevas inversiones y la producción, no es posible aliviar rápidamente la escasez actual de petróleo. Las empresas de esquisto estadounidenses están excepcionalmente equipadas para aumentar la producción de manera relativamente rápida, pero debido a las pérdidas que sufrieron en el pasado son renuentes a actuar agresivamente, e incluso ellas necesitan al menos nueve meses para lograr resultados.

La capacidad real de los productores de petróleo tradicionales de la OPEC+ para aumentar aún más la producción respecto de las mayores cuotas ya pactadas es escasa. después de años de subinversión muchos productores tienen dificultades incluso para cubrir esos aumentos. Finalmente, aunque la reactivación del pacto nuclear de EE. UU. con Irán podría permitir el ingreso de nuevo petróleo iraní al mercado, ese es un escenario optimista y poco probable antes de fines de 2022.

Las instalaciones para generar energía nuclear, solar y eólica requieren incluso más tiempo de desarrollo y puesta en marcha. Y aún si se pudiera aumentar la oferta energética habría restricciones logísticas para su envío, en los puertos y en la capacidad de refinación. Por ejemplo, los gaseoductos europeos existentes no pueden transportar gas natural licuado si no se conectan a ellos terminales de importación de GNL, algo que ocurre hoy en Alemania.

Como para ampliar la mayoría de las fuentes energéticas son necesarios varios años y las existencias disponibles están en sus mínimos históricos, el mercado tiene una única forma de lograr el equilibrio en el corto plazo: un brusco aumento de los precios que limite la demanda agregada. El nuevo mundo de escasez energética sostenida es entonces estanflacionario además de regresivo. Con el aumento de la inflación se reduce la actividad económica porque no alcanza la energía para mantenerla. Sin subsidios es posible que quienes tienen menores ingresos queden completamente fuera del mercado energético debido a los precios, lo que crearía una peligrosa desigualdad.

Europa experimentó un «ensayo» de estas circunstancias en 2021 cuando Rusia restringió sus envíos de gas natural. Los gobiernos intervinieron para contrarrestar los crecientes costos energéticos para los hogares más vulnerables, pero las industrias intensivas en energía perdieron rentabilidad y debieron limitar o interrumpir su producción. Esta fue una manera eficiente de racionar la energía, pero causó de todos modos un menor crecimiento. La escasez empeoró en 2022 y estas mismas circunstancias se dan en todo el mundo. Los gobiernos aún no han diseñado una respuesta coordinada.

El desafío no solo es la producción de más energía en el corto plazo sino la introducción de infraestructura energética que contribuya a combatir el cambio climático. Lo único que lograremos si nos encasillamos en los combustibles será aumentar el calentamiento global. Solo hay dos maneras de evitar ese resultado.

La primera estrategia es crear la certeza regulatoria de impuestos al carbono en el futuro. Esto ya está ocurriendo en alguna medida, muchos productores de petróleo dudan antes de encarar nuevas inversiones en campos petroleros cuyas operaciones duran décadas. Pero aún persiste una incertidumbre significativa sobre la manera en que las nuevas políticas lograrán reducir el consumo de combustibles fósiles en las próximas décadas. Además, un amplio grupo de productores —especialmente los gigantes petroleros de propiedad estatal, que dependen menos del financiamiento privado— tendrán incentivos para ampliar su capacidad productiva en respuesta a la escasez actual.

La inflación ya alcanzó su máximo en 40 años y el apetito político de medidas que aumentarían aún más los precios de la energía será escaso. Una posibilidad entonces es legislar el precio del carbono para un futuro distante, de modo que solo entre en vigencia cuando las presiones inflacionarias actuales hayan disminuido. Dado que muchos productores de combustibles fósiles mantienen presupuestos a largo plazo, incluso la fijación de precios del carbono para dentro de una década sería suficiente como para desalentar inversiones a largo plazo para aumentar la capacidad.

La segunda estrategia es garantizar que se implementen más inversiones verdes en la actualidad. Esto podría implementarse como gasto fiscal en investigación y desarrollo, y desarrollo de mercados (pedidos de compra anticipados) para las tecnologías potencialmente revolucionarias, especialmente aquellas que actualmente resultan excesivamente riesgosas o que el sector privado no ha desarrollado lo suficiente. Además, los gobiernos podrían subsidiar la adopción de energías renovables, vehículos eléctricos (VE), bombas de calor, y la modernización de edificios mediante créditos fiscales y políticas públicas de adquisición.

Si bien el gasto gubernamental podría aumentar las presiones inflacionarias (según su implementación y las medidas que se apliquen para compensarlo) también reduciría los precios y costos para las empresas y hogares que aprovechen los nuevos subsidios e incentivos. Frente a la fijación de precios del carbono o las restricciones de la oferta, este enfoque parece más prometedor en el entorno estanflacionario actual.

Independientemente de lo que hagan los gobiernos frente a la escasez energética actual, sus decisiones tendrán importantes implicaciones para el crecimiento mundial, la inflación y los precios de los activos. Serán necesarias gigantescas cantidades de hierro, cobre, níquel y otros productos básicos para construir la red eléctrica de energías renovables y aumentar la escala de producción de los VE. Pero garantizar la oferta adecuada de esos metales llevará años. Lo irónico es que para hacer frente al cambio climático los responsables de las políticas tendrán que adoptar los mismos horizontes temporales prolongados —de décadas de duración— que los productores de petróleo a quienes quieren desplazar.

Karen Karniol-Tambour es oficial en jefe conjunta de inversiones en Sostenibilidad en Bridgewater Associates.

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