Tegucigalpa, Honduras. – En los últimos años las comunidades garífunas de Honduras han enfrentando diversos escenarios de desprotección y vulneración de garantías esenciales, derivados principalmente de su resistencia y oposición al desalojo de sus territorios, una situación que ha sido ignorada durante años por el Estado hondureño y sus distintos gobiernos.
Prueba de ello es el historial de sentencias incumplidas por el Estado de Honduras en relación con la vulneración de los derechos de las comunidades garífunas sobre la propiedad colectiva de sus territorios ancestrales, dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), a las que recientemente se ha sumado el caso de Cayos Cochinos.
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UNA REALIDAD INVISIBILIZADA
Con la finalidad de conocer a profundidad las problemáticas actuales que enfrenta el pueblo garífuna, Criterio.hn contacto a la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), que explicó a este medio digital que los desalojos forzados, la criminalización, las desapariciones forzadas y los asesinatos forman parte de la realidad a la que se están enfrentando, principalmente aquellos que realizan un ejercicio activo de defensoría territorial.
Según los registros de la OFRANEH, la situación del pueblo garífuna se ha ido complicando de manera gradual con el pasar de los años, principalmente en el tema de los desalojos forzados a partir de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2015, por la violación del derecho a la propiedad colectiva de las comunidades de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz.
Los datos contabilizados y expuestos a Criterio.hn por uno de los integrantes de la organización garífuna señalan además, que de 2015 hasta la fecha se ha documentado el asesinato de 50 personas vinculadas a la defensa de territorios y derechos de las comunidades.
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¿HAY CLARIDAD EN LOS CASOS DE DESAPARICIONES FORZADAS?
Aunque no se hizo una referencia específica a las cifras, la OFRANEH señaló que otra de las problemáticas presentes son las desapariciones forzadas. Según los registros de la organización, el primer caso se documentó en 2018 en la comunidad de Triunfo de la Cruz. Dos años después, se reportó la desaparición forzada de cuatro líderes garífunas, cuyo paradero continúa siendo desconocido hasta la fecha.
Sobre este último caso, Rony Castillo, integrante de la Organización Fraternal Negra Hondureña, explicó a Criterio.hn que debido a que las autoridades hondureñas continúa sin dar indicios sobre el paradero de los cuatro jóvenes, la OFRANEH optó por presentar un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para requerir al Ministerio Público por la inacción en el caso.
Castillo informó que el año pasado la Corte Suprema de Justicia notificó al Ministerio Público la sentencia, sin embargo, afirmó que continúan sin tener mayores respuestas sobre la desaparición.
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¿CUALES SON LAS COMUNIDADES GARÍFUNAS QUE SUFREN MÁS DESALOJOS FORZADOS?
Para dar respuesta a esta interrogante Criterio.hn, consultó al integrante de la OFRANEH, Rony Castillo, quien informó que durante este año se han registrado casos de intentos de desalojo, en la Comunidad de Nueva Armenia en Jutiapa, Atlántida, y en la bahía de Trujillo, lugar en el que se registran amenazas de desalojo casi todos los días por ciudadanos canadienses, principalmente por Randy Jorgensen, el Rey del Porno.
Castillo señaló además, que las comunidades garífunas en las que se presentan mayor amenaza de desalojos son Punta Piedra, Sangre Laya e Iriona, donde existe un desalojo sistemático forzado por grupos ligados al narcotráfico.
El activista garífuna señaló que, en el caso de las comunidades ubicadas en la bahía de Trujillo como Cristales, Río Negro, Barranco, Castilla, Guadalupe y San Antonio, han enfrentado distintos tipos de desplazamiento y desalojo forzado, impulsados por intereses de ciudadanos canadienses, especialmente por el empresario Randy Jorgensen.
Castillo explicó que otra de las comunidades afectadas es Nueva Armenia, en la que los miembros del pueblo garífuna están enfrentando desalojo y desplazamiento, pero que además, en el departamento de Cortés hay unas comunidades garífunas de las que muy poco se han mencionado, pero que están enfrentando intentos de desplazamiento este año.
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CRIMINALIZACIÓN A LOS DEFENSORES GARÍFUNAS
Sobre los casos de criminalización, datos de la OFRANEH indican que desde 2015 al menos 56 defensores y defensoras garífunas han sido criminalizados. Este medio digital intentó indagar sobre los casos registrados durante 2025; sin embargo, se informó que aún no se cuenta con esos datos.
Lo antes mencionado fue confirmado por el activista garífuna Rony Castillo, quien explicó que hasta el momento la fiscalía no les han revelado cifras de criminalización de 2025, cómo ha sucedido en años anteriores.
Castillo aseguró que durante este año han cambiado las estrategias, y que desde la OFRANEH creen que posiblemente existen órdenes de captura y requerimientos fiscales, pero que es información que no ha sido procesada.
El representante de la OFRANEH señaló que, ante las múltiples problemáticas que enfrenta el pueblo garífuna, los integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña creen que existe un plan para desaparecer a las comunidades ubicadas en la orilla de las playas, impulsado por grupos de poder y sectores de la oligarquía del país, que buscan apropiarse de sus territorios ancestrales.
Pie de foto: “Un garífuna sin territorio deja de ser garífuna, desaparece y desaparecería nuestra cultura”, manifestó a Criterio.hn Rony Castilo
