David Castillo habría comprado una lujosa casa en EE.UU. con pago por asesinar a Berta Cáceres

El imputado en el crimen de la ambientalista es encontrado como socio de Los Cachiros

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-Roberto David Castillo, imputado por la justicia hondureña de ser autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres, habría comprado una lujosa casa en los Estados Unidos, supuestamente, con el pago recibido por cometer el crimen que le segó la vida a la ambientalista y líder indígena.

Lo anterior es parte de lo que establece el informe «Violencia, Corrupción e Impunidad en la Industria Energética Hondureña: Un perfil de Roberto David Castillo Mejía”, publicado el pasado 31 de agosto por un grupo de organizaciones internacionales expertas en derechos humanos que han estado monitoreando la causa de Berta Cáceres.

La investigación detalla que la vivienda fue comprada por Castillo en el Estado de Texas por un valor de 1.6 millones de dólares.

“En representación de las hijas e hijo de Berta Cáceres hemos iniciado un proceso de demanda en los Estados Unidos que tiene que ver con encontrar información en un banco en los Estados Unidos sobre la compra de una lujosa casa a nombre de David Castillo Mejía, que está valorada en alrededor de 1.6 millones de dólares, para encontrar si esto tiene alguna relación a un pago por asesinar a Berta Cáceres”, dijo Berta Zúniga, hija de la ambientalista, asesinada el 2 de marzo de 2016.

El informe, resultado de una investigación, reúne información que implica a Castillo, gerente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), en un patrón de violencia, violaciones a los derechos humanos y corrupción que beneficia a las empresas con las que ha estado asociado. Castillo ha estado involucrado con al menos ocho empresas, registradas en Honduras y Panamá, describe el informe.

El asesinato de Berta Cáceres, en 2016, fue parte de una serie de ataques contra miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), que la ambientalista dirigía, y contra la comunidad indígena de Río Blanco que nunca fue consultada sobre el proyecto hidroeléctrico que se está implementando en su territorio, señala el informe.

La evidencia muestra que cuando las comunidades denunciaron los abusos, DESA desató una campaña de estigmatización y violencia con el apoyo de contactos claves en el Estado para asegurar la impunidad. En el veredicto dado en noviembre de 2018, en el que se condenó a siete hombres por el asesinato de Cáceres, incluyendo a dos ex empleados de DESA, el tribunal llegó a la conclusión de que otros ejecutivos de DESA conocían y consintieron el asesinato, sin embargo, no ha habido más detenciones.

Castillo fue arrestado en marzo de 2018, actualmente se encuentra en prisión preventiva, a la espera de la continuación de la audiencia que decidirá si va a juicio por su presunto papel en el asesinato de Berta Cáceres, sin embargo, las acusaciones de su actividad criminal van más allá del asesinato.

“Un perfil de Roberto David Castillo Mejía” documenta los procesos judiciales, investigaciones abiertas y sanciones administrativas en Honduras que sugieren que Castillo, un ex funcionario público de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), graduado de la academia militar estadounidense West Point y oficial de inteligencia militar hondureño en condición de retiro, influyó ilegalmente en los contratos del gobierno y reclutó la ayuda de las fuerzas de seguridad del estado para cometer violaciones a los derechos humanos.

Castillo y Los Cachiros

El informe revela también las posibles conexiones de Castillo con la red de narcotráfico más notoria de Honduras, Los Cachiros. Según el informe, Castillo actuó como representante legal de PEMSA, una sociedad de cartera (holding company) panameña de la cual no se tiene claridad sobre sus dueños. PEMSA posee acciones significativas en DESA. En 2014, PEMSA también asumió la propiedad de otra empresa generadora de energía en Honduras, PRODERSSA, empresa creada, según los fiscales hondureños, por abogados que administraban los activos del grupo Los Cachiros. La propiedad de PRODERSSA fue transferida a PEMSA unos meses antes de que los líderes de Los Cachiros se rindieran a la DEA.

El informe establece además que faltando apenas 12 días para que finalizara el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, en enero de 2014, el Estado hondureño a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) adjudicó un contrato de compra de energía a la empresa PRODERSSA.

Un líder de Los Cachiros testificó ante cortes de los Estados Unidos que sobornó a Lobo a cambio de contratos favorables a compañías que poseía, por lo que no se descarta que el contrato otorgado a PRODERSSA, se haya pactado mediante actos de corrupción.

De acuerdo a las valoraciones de las organizaciones participantes en la elaboración del informe, los fiscales de los Estados Unidos y Honduras deben investigar más a fondo las actividades del holding panameño PEMSA, en el cual David Castillo actuó como representante legal. El gobierno de los EE.UU. tiene la capacidad de sancionar a quienes violan los derechos humanos congelando sus activos y prohibiéndoles ingresar a los EE. UU., sugiere el informe,

Daniel Cerquera, de la Fundación Debido Proceso de Derecho—que participó en la elaboración del informe— manifestó que la idea de dar a conocer la investigación es para visibilizar las estructuras de corrupción y criminalidad que favorecen casos como el de Berta Cáceres, donde se ha demostrado que existe una estructura mediante la cual las empresas privadas han cooptado los procesos políticos en decisiones estatales.

Sanciones para los financistas internacionales

Además de las sanciones directas contra David Castillo, los defensores de los derechos humanos, demandan penas y medidas coercitivas contra las instituciones financieras internacionales y los bancos de desarrollo, incluido el Banco Mundial y el FMO de Holanda, por asociarse en inversiones con redes criminales. Asimismo, instituciones financieras internacionales propiedad de gobiernos extranjeros como Noruega y Finlandia, así como bancos multilaterales de desarrollo, en el que Estados Unidos tiene participación significativa, mediante el financiamiento de proyectos que están involucrados en actos criminales y de corrupción.

En el caso de DESA, algunos bancos de desarrollo cancelaron el financiamiento, sin embargo, aparentemente DESA sigue teniendo licencias y contratos para el desarrollo del proyecto de Agua Zarca.

“Se deben adoptar medidas inmediatas para poner fin a estas prácticas. Tanto DESA como PRODERSSA han recibido financiación de instituciones financieras internacionales”, destaca el documento que añade más información a un caso criminal que también forma parte de investigaciones realizadas por la Unidad Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público (Ufecic) con el acompañamiento de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

La Ufecic y la MACCIH presentaron además el caso del fraude del río Gualcarque, que tiene que ver con la concesión del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, de la empresa DESA.

El caso implica una estructura criminal, que vincula a 16 funcionarios de distintas instituciones del Estado y que significa la reconstrucción integral del caso y un aporte muy importante en las investigaciones criminales, según Víctor Fernández, del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) que representa el cuerpo de abogados de la familia de Berta Cáceres y del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).

Fernández, explicó que el juicio contra David Castillo se encuentra en la etapa intermedia, recientemente se resolvió un recurso de apelación presentado por el Ministerio Público y se espera que a corto plazo, el juzgado que lleva la causa, señale la continuación de la audiencia preliminar.

La parte acusadora espera que la causa sea elevada a juicio oral y público o dicte un sobreseimiento, como corresponde, dijo Fernández.

La MACCIH ha iniciado una investigación sobre posibles sobornos vinculados a las negociaciones de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) con la empresa brasileña Constructora Norberto Odebrecht, e incluso, medios de comunicación han informado que David Castillo formó parte del equipo que negoció los contratos con Odebrecht.

La familia de Berta Cáceres sostiene que Castillo solo es uno de los tantos autores intelectuales en el crimen, en el que además han señalado a la familia Atala Zablah, principales socios de la empresa DESA.

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El informe se produce inmediatamente después de una visita a Honduras por parte del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos en el que concluyeron que, «Con demasiada frecuencia, las empresas y los inversores se benefician de la corrupción y descuidan su responsabilidad de respetar los derechos humanos».

El informe insta a la comunidad internacional a pedir al gobierno hondureño que proteja a los defensores de los derechos humanos, combata la corrupción y la impunidad, y evite la participación de los actores estatales en las violaciones de los derechos humanos.

El informe “Violencia, corrupción e impunidad en la industria energética hondureña: un perfil de Roberto David Castillo Mejía” es una colaboración entre la Fundación Debido Proceso de Derecho, la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala, la Plataforma Internacional contra la Impunidad, Robert F. Kennedy Derechos Humanos y la Escuela del Americas Watch.