Crisis del Aguán y Tocoa ha sido generada por el propio Estado: Diócesis de Trujillo

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. – La Diócesis de Trujillo ha acusado directamente al gobierno de Honduras de ser el responsable de la crisis que está viviendo el valle del Aguan y la comunidad de Tocoa específicamente.

Todo se genera desde el momento en que dio en concesión un área para explotación minera metálica dentro del Parque Nacional Montaña de Botaderos, en favor de una empresa minera siendo zona de alta producción de agua.

La minería no es la solución a la pobreza y desigualad en Honduras
La tensión se ha apoderado en las últimas horas en la comunidad de Guapinol, Tocoa

Señala como otro agravante que, de manera planificada, para beneficiar a las empresas mineras, el congreso nacional –en menos de un año– haya modificado el decreto legislativo #127-2012 de creación del Parque Nacional Montaña de Botaderos (Carlos Escaleras) para reducir la zona núcleo del parque y entregar dos (2) proyectos mineros a la empresa Inversiones los Pinares.

Señala además que los medios de comunicación de manera irresponsable, siguiendo el guion mediático de la gran empresa digan que el conflicto es entre un grupo de personas de la comunidad de Guapinol y una empresa minera.

Argumenta también que las instituciones, llamadas a solucionar el conflicto y la crisis socio ambiental, las personas responsables en (MIAMBIENTE, INHGEOMIN, ICF, Municipalidad de Tocoa), hayan desaparecido como funcionarios públicos permitiendo que la crisis se agudizara, lo que los hace cómplices de esa danza macabra.

IGLESIA CATÓLICA – DIOCESIS DE TRUJILLO

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO

La Iglesia Católica de la Diócesis de Trujillo, que comprende los departamentos de Colón y Gracias a Dios, ante la crisis violenta suscitada en la Región del Aguán, en Tocoa específicamente, nos expresamos:

Lamentamos profundamente:

  1. Que la crisis violenta haya sido generada, principalmente por el Estado de Honduras, a través de la institucionalidad gubernamental, desde el momento en que dio en concesión un área para explotación minera metálica dentro del Parque Nacional Montaña de Botaderos, en favor de una empresa minera siendo zona de alta producción de agua.
  2. Que, de manera planificada, para beneficiar a las empresas mineras, el congreso nacional –en menos de un año– haya modificado el decreto legislativo #127-2012 de creación del Parque Nacional Montaña de Botaderos (Carlos Escaleras) para reducir la zona núcleo del parque y entregar dos (2) proyectos mineros a la empresa Inversiones los Pinares.
  3. Que los medios de comunicación, de manera irresponsable, siguiendo el guion mediático de la gran empresa digan que el conflicto es entre un grupo de personas de la comunidad de Guapinol y una empresa minera. aclaramos que no es así. La crisis involucra a toda la población del departamento de Colón que está en favor de la vida: en favor del derecho humano al agua y a un ambiente sano. Prueba de ello es que cinco de los diez municipios del departamento de Colón, mediante cabildos abiertos, han declarado a sus municipios libres de minería. Por otra parte, el domingo 14 de octubre, la Iglesia Diocesana, por mandato de la asamblea Diocesana de Pastoral, junto a diversas organizaciones sociales se movilizó desde la comunidad de Cayo Campo hasta la ciudad de Tocoa elevando su voz en contra de la minería en nuestro territorio.
  4. Que los impactos de apertura de carreta que ha realizado la empresa minera han sedimentado dos ríos en el Municipio dejando sin acceso al agua a las comunidades. Que la crisis ha evolucionado hacia la violencia dejando un saldo de: a. dieciocho miembros del Comité Municipal de Defensa de Bienes Comunes y Públicos, criminalizados, con órdenes de captura por defender el agua y el ambiente. b. el desalojo violento del campamento por la dignidad y la vida instalado en la parte alta de la comunidad de Ceibita, municipio de Tocoa en el que participó un gran número de efectivos (alrededor de mil) de la policía nacional y del ejército quienes lanzaron un estimado de 500 bombas lacrimógenas, golpeando y torturando a muchos miembros del campamento. c. un primer herido el 7 de septiembre en disparo realizado por un empleado de Inversiones los Pinares. d. Un bus de la empresa de transportes Mirna calcinado e. Una vivienda quemada y la propietaria seriamente amenazada por empleados de la empresa minera en Ceibita. f. tres personas fallecidas (un civil del grupo COVIPERCE de Ceibita el día domingo 28 donde presuntamente, también salió herido el Jefe de la Unidad Municipal Ambiental UMA de Tocoa, y dos militares el lunes 29 durante desalojo de la manifestación en la carretera CA-13 a la altura del desvío a la comunidad de Guapinol).
  5. Que las instituciones, llamadas a solucionar el conflicto y la crisis socio ambiental, las personas responsables en (MIAMBIENTE, INHGEOMIN, ICF, Municipalidad de Tocoa), hayan desaparecido como funcionarios públicos permitiendo que la crisis se agudizara, lo que los hace cómplices de esta danza macabra.

Como iglesia católica estamos en contra de todo acto de violencia; en contra de toda violación a los derechos humanos porque estamos a favor de la vida, y vida en abundancia. Es prioridad la garantía del derecho al agua y a un ambiente sano, a la promoción de la justicia y el derecho por encima de la legalidad secuestrado por la corrupción y la impunidad. Nos solidarizamos con las y los hermanos perseguidos, con la Fundación “San Alonso Rodríguez” la “Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan-COPA” y con la Parroquia San Isidro Labrador de Tocoa, criminalizadas por un estado coludido con el poder económico.

Lamentamos que esta espiral de violencia empezara en el Congreso Nacional, y evolucione hasta tener que perder vidas humanas. La gota que derramó el vaso ha sido la permisividad de la movilidad de armas y la organización de grupo armado en Ceibita como estrategia para disolver el campamento en defensa del agua, los resultados son evidentes. ¿Qué pasa con los órganos de investigación del Ministerio Publico y la Policía Nacional?

Exigimos:

  1. Que se haga una investigación profunda y seria de todo el proceso de concesionamiento y licenciamiento ambiental otorgados en favor de la explotación minera en el Parque Nacional Carlos Alfonso Escaleras Mejía.
  2. Que se detenga todo trámite de concesionamiento en todo el territorio de la diócesis de Trujillo, mientras no se resuelva la crisis ambiental y humana en la región del Aguán y podamos tener la participación directa de las comunidades en la definición de proyectos de desarrollo sostenible.
  3. Que, de manera inmediata, se haga presente en la región del aguan, los ministros de las secretarias e Institutos; MIAMBIENTE, DDHH, SALUD, INGEOMIN, ICF, y la comisión de MINERÍA y ENERGÍA del Congreso Nacional para sentarse con las organizaciones populares y la Iglesia Católica Diócesis de Trujillo y poner fin a la crisis violenta originada por ellos mismos en la región del Aguán. La delegación oficial debe traer consigo, toda la documentación necesaria que se consideró para modificar el área de la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos y para otorgar la concesión de explotación minera a la empresa.

Finalmente, hacemos un llamado a medios de comunicación local, nacional e internacional para que hagan acto de presencia en la zona del Aguán para que informen con la verdad, todo lo que acontece. Extendemos el llamado y la invitación a todas las organizaciones de Derechos humanos con presencia en el país, para que hagan acto de presencia en la región para que juntos exijamos la garantía de los derechos humanos, en especial de las y los hermanos e instituciones criminalizadas.

La región del Aguán arrastra un conflicto histórico en sus diversas expresiones, que debe ser atendido con la más amplia y profunda voluntad política.

Exhortamos a la feligresía en general, unirse en oración y solidaridad por esta causa.

Dado en Tocoa, Colón a los 30 días del mes de octubre de 2018.

Consejo Diocesano de Pastoral de Conjunto.

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