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Crear un nuevo Código Penal podría atrasar instalación de la CICIH

un nuevo Código Penal podría atrasar instalación de la CICIH

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Tegucigalpa.- El presidente del Congreso Nacional, Luis Rolando Redondo, anunció la creación de un nuevo Código Penal que sustituya el vigente que aprobó el Partido Nacional, considerado un instrumento de impunidad, sin embargo, esto podría retrasar la instalación del mecanismo internacional contra la corrupción, aseguran analistas.

En conferencia de prensa, el titular del Poder Legislativo aseguró que trabajarán en la creación de una nueva normativa penal que endurezca las penas contra los implicados en corrupción y lavado de activos y fortalezca la labor de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) que pretende instalar el gobierno de Honduras.

“Nosotros vamos a trabajar en un nuevo Código Penal totalmente nuevo, vamos a agarrar lo mejor de lo que hay ahora. Vamos a endurecer las penas contra los funcionarios públicos que quieran robar y también contra el Lavado de Activos”, manifestó.

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Según Redondo, existe una “voluntad manifiesta” de ese poder del Estado que permita que el mecanismo internacional anticorrupción, adscrito a la Organización de Naciones Unidas (ONU), que se pretende instaurar en la nación centroamericana tenga herramientas necesarias para combatir el flagelo y enfrentar los involucrados con penas considerables.

Entre el compendio de acciones que se procuran crear es una nueva ley de Lavado de Activos, otorgar a la CICIH la atribución de ser querellante adhesivo que faculta al mecanismo provocar la persecución penal o adherirse a la iniciada por el Ministerio Público siendo parte involucrada en el proceso y no solo ser un acompañante como la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

Ministerio Público se ensaña

En declaraciones recientes, el vicealcalde de San Pedro Sula y abogado Omar Menjívar declaró que el Código Penal vigente “es mil veces superior” a la normativa abrogada, además de considerarlo como “un avance importante en materia de justicia penal”, no obstante, cuestiona que si el problema son la disminución de penas en delitos de corrupción y lavado de activos lo más pertinente es aprobar reformas.

A juicio del reconocido abogado experto en derechos humanos, Joaquín Mejía, el Congreso Nacional debería plantear una revisión de ciertas disposiciones del Código Penal que concluya en reformas considerables y no promover la creación de uno nuevo.

“No se puede satanizar este Código Penal porque representa, en muchas cosas, un avance en relación con el Código de 1982 que teníamos, sin embargo, hay que destacar que en algunas cuestiones vinculadas con derechos fundamentales como el tema de derechos sexuales y reproductivos, con el tema de libertad de expresión, delitos relacionados con el terrorismo, también temas de narcotráfico y corrupción, obviamente ese Código representa un retroceso porque ha implicado una reducción de penas, lo que es necesario es revisar el Código existente”, explicó.

Reiteró que el Poder Legislativo debe tomar en cuenta diferentes estudios que se realizaron antes de la entrada en vigencia de la actual normativa penal como la Articulación 611, la Asociación de Jueces por la Democracia, organizaciones feministas y LGTBIQ+, entre otras.

“Sí  realmente el Congreso Nacional tiene voluntad política y un terreno fértil para que una posible CICIH pueda realizarse de manera efectiva, es necesario que en vez de empezar de cero, construir un proceso largo de un nuevo Código Penal, se debe realizar una revisión, convocar a sectores sociales y derechos humanos con el objetivo que se pueda detectar aquellas disposiciones necesarias del Código Penal y reformarlo, ese sería el camino”, concretó.

De igual manera, el abogado Raúl Paniagua concuerda que será infructuoso implementar un nuevo Código Penal que aletargaría la instalación de un mecanismo anticorrupción, por el contrario, cuestiona que promoverlo responde a estrategias para desviar temas de exigencia nacional.

“Sería totalmente infructuoso un nuevo Código Penal eso más bien vendría, de alguna manera, a ser como un distractor. Los legisladores saben que, si se reforma o deroga este Código con penas más altas, todo imputado va a solicitar la pena más benigna que el vigente, aunque esté derogado el Código. Eso podría obedecer a un plan estratégico para distraer a la sociedad hondureña de otros temas importantes”, indicó.

Añadió que el daño con la actual normativa se consumó por lo tanto lo conveniente son reformas, al tiempo lamentó que, en vez de promoverse reformas electorales que garanticen procesos de elección trasparentes y pronunciarse contra las operaciones que mantienen en ejecución las lesivas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), anuncien acciones que entorpecen la puesta en marcha de la CICIH.

“De nada serviría un nuevo Código Penal, se va a gastar una enorme cantidad de dinero y tiempo que puede ser invertido en cosas más interesantes y de mayor importancia al pueblo hondureño. Un nuevo Código Penal no sirve para nada, se debe revisar y ver qué tipo de reformas se debe hacer”, cuestionó.

Cabe explicar que poner en marcha un nuevo Código Penal requiere ser socializado con todos los sectores, además de su aprobación debe ser ratificado en otro periodo legislativo esto representaría un proceso mayor a los dos años.

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Asimismo, diversos abogados entrevistados por el equipo de Criterio.hn concuerdan que la puesta en vigencia de la actual normativa penal causó un daño irremediable en la lucha anticorrupción debido que, al reducirse sustancialmente las penas por este flagelo, pese a ser abrogado los implicados podrían invocar la retroactividad de la ley que beneficia al imputado.

Es importante explicar que el imputado en un delito podrá invocar la retroactividad de la ley si el hecho o el ilícito que cometió fue durante la vigencia o antes de su vigencia del Código Penal, pero si se cometió el delito en vigencia de una nueva norma, no puede invocar que se aplica un Código Penal ya abrogado.

El vigente Código Penal entró en vigencia mediante Decreto Legislativo 130-2017, según denuncia del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la normativa presenta inconsistencias jurídicas técnicas, contraviene principios constitucionales, genera mayor impunidad, presenta errores de forma y fondo al contradecir principios de convenios internacionales y fue aprobado de manera irregular e ilegal sin cumplir con los requisitos legislativos para la creación de leyes.

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