Por: Redacción CRITERIO.HN
Tegucigalpa. –En el marco de la pandemia del coronavirus (Covid-19) los organismos internacionales, que protegen los derechos de la niñez y la adolescencia, instan a los Estados adoptar medidas de protección para esta población. Pero, en Honduras la situación de riesgo y vulnerabilidad se acrecienta.
El pasado 10 de abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adoptó la resolución 1-2020, “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, en la que pide a los Estados de la región reforzar la protección de niños, niñas y adolescente (NNA), ante la pandemia del Codiv-19
De acuerdo con la CIDH, los niños, niñas y adolescentes se encuentran en la clasificación de grupos en situación de especial vulnerabilidad, por lo tanto, las medias de emergencia y contención implementadas deben aplicar perspectivas intersecciones y prestar especial atención a las necesidades en materia de derechos humanos de los grupos históricamente excluidos o en especial riesgo.
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La sección de niños, niñas y adolescentes, consta de cinco enunciados los cuales se detallan a continuación:
- Reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes (NNA) –incluyendo muy especialmente aquellos que no cuentan con cuidados familiares y que se encuentran en instituciones de cuidado–, y prevenir el contagio por el COVID-19, implementando medidas que consideren sus particularidades como personas en etapa de desarrollo y que atiendan de manera más amplia posible su interés superior. La protección debe, en la medida de lo posible, garantizar los vínculos familiares y comunitarios.
- En cuanto al derecho a la educación, los Estados deben disponer de mecanismos que permitan a los NNA seguir con el acceso a la educación y con estímulos que su edad y nivel de desarrollo requieran. En particular, los Estados deben proveer herramientas para que los adultos responsables realicen actividades con sus niños y niñas, privilegiando el refuerzo de los vínculos familiares y previniendo la violencia en el hogar. Asegurar, que las niñas y los niños con algún tipo de discapacidad, puedan acceder a la educación en línea sin exclusiones, mediante sistemas de apoyo, estrategias de comunicación y contenidos accesibles.
- Adoptar medidas de prevención del abuso y violencia intrafamiliar, facilitando el acceso a los medios de denuncia y actuando con la debida diligencia ante las denuncias realizadas.
- Respecto de las instituciones de cuidado residenciales, los Estados deben revisar las medidas especiales de protección vigentes promoviendo la re-vinculación familiar de los niños, niñas y adolescentes cuando sea posible y siempre que esta medida no sea contraria a su interés superior. Además, se debe asegurar acciones de prevención del contagio en estas unidades, además de establecer protocolos de emergencia orientadores para los equipos y personas que tengan niños a su cargo.
- Dar atención especial a los niños, niñas y adolescentes, que viven en la calle o en zonas rurales. Las medidas de atención especial deben considerar las condiciones económicas y sociales y, además, considerar que los efectos de la pandemia son diferenciados para cada grupo poblacional de NNA debido al contexto social en que están insertados, incluida la brecha digital. La Comisión recomienda que los Estados usen de los medios de comunicación para garantizar el acceso a la educación a todos los NNA sin ningún tipo de discriminación.
Población eternamente vulnerada
En el año 2019, la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden)—una plataforma de incidencia política en materia de promoción, protección y defensa de derechos de la niñez, adolescencia y juventud en Honduras—publicó el informe “Una Mirada Crítica a la Inversión Pública en Niñez y Adolescencia”.
El documento plantea que la inversión en niñez y adolescencia debe facilitar el acceso a una educación y salud de calidad, de manera que los incentivos para asistir a un centro educativo sean mayores que los que ofrezca el trabajo infantil.
Además detalla que los altos índices de pobreza y su relación con los problemas que afecta a la niñez y adolescencia en Honduras plantean la necesidad de revisar y readecuar las prioridades del Estado, atender a la juventud y niñez que es afectada por la incidencia de la pobreza y canalizar mejor los recursos a fin de promover el crecimiento y desarrollo económico, así como el bienestar social.
De acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), los niños, niñas y adolescentes representaban para el año 2018, casi el 50 % de la población hondureña, es decir personas menores de 17 años.
Acceso al derecho a la educación
Al respecto la Encuesta Permanente de Hogares del INE, en lo referente al nivel educativo, asistencia a centros educativos, estado y condición de trabajo y acceso a internet, detalla que, en el año 2015, la población entre 5 y 18 años que asistía a un centro educativo fue de 1,509,505 (1,129,500 con edades entre 5-12 años y 380,006 entre 13-18 años).
En cuanto a los años promedio de estudio fueron de 7.7 (8tvo grado), teniendo una tasa de cobertura de 58.2 %, lo que significa que seis de cada 10 personas menores de 17 años asistieron a un centro educativo.
A partir del viernes 13 de marzo, el gobierno de Honduras ordenó el cierre de las escuelas públicas y privadas para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus en el país.
Ante la suspensión de las clases presenciales, el secretario de Educación Arnaldo Bueso instruyó a los docentes para que se conectarán con sus estudiantes a través de la tecnología y de esa manera continuar el proceso de aprendizaje.
Es decir que los educandos deberán tener a su disposición, mínimamente un teléfono celular con tecnología Androi, tablets o computadora y desde luego con acceso a internet.
Al respecto la misma encuesta Permanente de Hogares del INE, señala que un total de 326,246 personas dentro del rango de la población de NNA, es decir menores de 17 años, no tienen acceso a internet.
De igual manera la encuesta indica que el 16.2% de la población no tiene acceso al servicio de energía eléctrica en Honduras. La energía eléctrica es una característica predominante del área urbana, pues en el área rural el 7.6 por ciento de los hogares aún se alumbra con candil o lámpara de gas y un 6.3 por ciento lo hace con ocote.
Niños en riesgo histórico
Según informes del Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef), en el año 2018 un total de 475 mil menores de edad trabajan en las calles limpiando vidrios de carros bajo los semáforos, vendiendo dulces en las calles, siendo usados para la mendicidad forzada, realizando piruetas para recibir limosna.
También laboran en el sector de la construcción en ciudades con mayor movimiento y, en el peor de los casos, son explotados al ser usados para la prostitución o pornografía infantil. De igual manera en el área rural la mayoría de los menores de edad son expuestos al trabajo de la agricultura y ganadería.
Sumado a ello el 23% de los niños y niñas menores de cinco años sufre de desnutrición crónica en la zona urbana y un 28.8% en zona rural, pero las cifras se duplican en departamentos de predominio indígena como Intibucá con un 48.2% y en Lempira con 47.6%.
Niños en la calle
Ante el peligro que representa la actual pandemia del Covid-19, el pasado 13 de abril un grupo de organizaciones defensoras de los derechos humanos presentó ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un recurso de amparo a favor 15 mil menores de edad que viven en las calles. La acción legal busca proteger a la niñez y juventud, que vive en la calle, del coronavirus por considerar que corren riesgo de morir.
El recurso fue presentado por Casa Alianza, Coiproden, el Bufete de Derechos Humanos, Fundambiente y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).
Las organizaciones, siguiendo las recomendaciones de la CIDH, demandaron que la Corte ordene 10 medidas cautelares urgentes de protección a los menores, entre estas, que se habiliten de manera inmediata albergues para los niños que viven en las calles a nivel nacional y se les apliquen pruebas rápidas para detectar contagios.
Hasta el momento la Corte Suprema de Justicia no se ha pronunciado y su silencio se conjuga con la crisis económica originada por el Covid-19, que en los últimos días ha incrementado el número de hondureños que viven en las calles.
