Corte de Apelaciones dictamina auto de prisión preventiva para miembros del Consejo de la Judicatura

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. – La corte de Apelaciones de lo Penal con jurisdicción nacional por unanimidad revoco las medidas cautelares sustitutivas impuestas por el juzgado de letras e impone la medida cautelar de prisión preventiva a los miembros del Consejo de la Judicatura.

Además, confirmó el auto de formal procesamiento de los miembros del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial: Jorge Alberto Rivera Avilés, Teodoro Bonilla Euceda, Julio Cesar Barahona Henríquez, José Francisco Quiroz Mejía, Liliam Emelina Maldonado Sierra, Celino Aguilera Amador.

Los apoderados legales de los procesados podrán presentar un nuevo recurso de reposición para evitar que sus representados vayan a la cárcel.

La prisión preventiva lo decidirá el juzgado de letras que lleva el caso luego de dar a conocer la resolución a las partes involucradas.

El Ministerio Público presentó el pasado 9 de abril un requerimiento fiscal por 600 delitos de corrupción relacionados al manejo irregular de fondos públicos, en contra del pleno del desaparecido Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, entre los que se incluye al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés.

El requerimiento fue presentado por la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ), con el apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), ante el Juzgado con Competencia Nacional en Materia de Corrupción.

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 Al expresidente del Consejo de la Judicatura y Carrera y a la vez expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés, se le supone responsable de 131 delitos de abuso de autoridad y 60 de malversación de caudales públicos, mientras que al expresidente del Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial, Teodoro Bonilla Euceda se le acusa de 88 delitos de malversación de caudales públicos y 14 de abuso de autoridad.

En el caso de Julio César Barahona Henríquez se le presume responsable de 67 delitos de malversación de caudales públicos y a José Francisco Quiroz Mejía se le imputan 93 delitos de malversación de caudales públicos.

Asimismo, a Liliam Emelina Maldonado Sierra se le considera responsable de la comisión de 67 delitos de malversación de caudales públicos y finalmente a Celino Arístides Aguilera se le acusa de 78 delitos de malversación de caudales Públicos y 3 delitos de uso de documentos privados falsos.

 

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