Tegucigalpa. El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) presentó este lunes el informe «Sistematización de los Obstáculos Normativos en la Lucha Contra la Corrupción 2016-2021».
En el mismo planteó la urgencia de regresar al Ministerio Público las facultades que han sido coartadas a través de reformas enfocadas en prevenir la investigación y penalización de actos de corrupción.
Uno de los ejemplos claros de este accionar, según refiere el informe fue el Decreto No. 141-2017, mediante el cual se le dio potestad al Tribunal Superior de Cuentas de ejecutar auditoría e investigación especial de todos los fondos comprendidos en los períodos de gobierno 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018.
Podría parecer inocuo excepto que mediante esta reforma se determinó que sólo mediante investigación del TSC se podía deducir la responsabilidad penal, civil y administrativa de las personas investigadas, y solo después de esto podría el Ministerio Público actuar.
Nota relacionada: Disposición de pasar investigaciones de fondos públicos al TSC, entorpece las facultades constitucionales de la CSJ y el MP: IUDPAS
Otro obstáculo normativo que restringe al MP, según el informe del Fosdeh, es la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y la Defensa Nacional, la cual permite al Estado que contratos, muchos de los cuales no tienen nada que ver con seguridad o defensa nacional, sean clasificados como ultra secretos, y de esta forma sean mantenidos bajo reserva por hasta 25 años.
Entre los contratos que han sido clasificados bajo esta ley como secretos por razón de «seguridad y defensa nacional» destacan los contratos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y los contratos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Asimismo, esta Ley de Secretos resta autoridad al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), subrayó el informe del Fosdeh.
De interés: Hace 10 años que el Ministerio Público no investiga de origen un caso de alto impacto
NUEVO CÓDIGO PENAL Y SALIDA DE LA MACCIH
Mención especial en el informe es la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, el cual rebajó todas las penas de los delitos contra la administración pública y que fue utilizado por todos los acusados por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) para salir de prisión, y obtener rebaja en las condenas, entre otros.
Adicional a los factores externos, el Ministerio Público cuenta con obstáculos institucionales que según señala el informe «afectan directamente la función fiscal en el ejercicio de la acción penal pública».
Uno de estos es el debilitamiento institucional ocasionado tras la salida de la MACCIH con el desmantelamiento de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC) para la creación de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), esta última con mucha menor independencia, presupuesto y personal.
Lea también: Ministerio Público estaría fraguando salida del fiscal de la UFERCO, Luis Javier Santos
De acuerdo a las estadísticas recolectadas por el Fosdeh, en el periodo entre 2016 a 2020 se han realizado cuatro reformas, promulgado cinco leyes y una interpretación del Congreso Nacional, estos han tenido que ver con el tema de lucha contra la corrupción; sin embargo, en algunos casos el enfoque fue el fomento de dicho flagelo.
RECOMENDACIONES
En la sección de recomendaciones, el Fosdeh subrayó la necesidad de regresar al Ministerio Público sus facultades coartadas; recalca en el deber del MP en la persecución de delitos, sin esperar dictámenes o pliegos de responsabilidades de otras instituciones.
Asimismo, subrayó la necesidad de que la Corte Suprema de Justicia emita tesis jurisprudenciales que establezcan criterios de algunos preceptos relacionados con el código penal vigente y las figuras típicas de los delitos relacionados con lavado de activos y corrupción.
Además: Ley de Secretos y la no aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz siguen siendo un obstáculo para la MACCIH
Con respecto al Congreso Nacional exhortó reformar los proyectos de ley e iniciativa que
la MACCIH presentó en el periodo de sus funciones, como ser la Ley de colaboración Eficaz y la necesidad de implementación de un protocolo de protección de testigos.
