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Concesión al grupo británico BGG, para explorar y explotar petróleo en Honduras se maneja con mucho hermetismo

Gobierno de Honduras

El memoramdo de entendimiento se firmó en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa en agosto de 2013

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Por: Carlos Zelaya Herrera

A inicios de la tercera semana del mes de enero del 2014, el gobierno de Honduras  otorgó al consorcio transnacional, Brithis Group, más de 35 mil 246 kilómetros cuadrados de áreas marinas frente a La Mosquitia hondureña, para explorar y eventualmente explotar petróleo en esa área que encierra una joya natural, tanto de costa como en áreas marinas.

En el año 2015 Brithis Group vendió el área de mar territorial a explorar a la compañía anglo-holandesa Royal Dutch Shell. El contrato otorga un permiso de operación, cuyo inicio se desconoce, al grupo Shell BG para explorar un 15 por ciento del total del área con potencial de hidrocarburos, por el plazo de 10 años.

El memorando de entendimiento se firmó en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa en agosto de 2013

El acuerdo instituye que en un máximo de cuatro años Shell BG retornará a Honduras el 50 por ciento del área y que el gobierno habrá negociaciones con otra empresa. Esta dinámica se desarrolló con el desconocimiento oficial al llamado de la Organización Fraternal Negra de Honduras, (OFRANEH) para una moratoria al proyecto.

Las comunidades afrodescendientes y miskitas temen impactos ambientales, posibilidad de derrames y daños a recursos marinos, principal fuente económica y base alimenticia de las comunidades locales; y posibles daños al Sistema de Arrecifes Mesoamericano, el segundo mayor del mundo.

También han criticado a la SERNA, que socializó un contrato previamente firmado con la empresa y para el cual no hubo consulta previa e informada, como indica el convenio 169 de la OIT.

En enero de 2014, el Estado entregó los permisos de impacto ambiental, los resultados de la exploración se darán a conocer en el 2016. De existir petróleo en la zona el gobierno firmará un contrato de explotación por los próximos 20 años y de haber reservas de hidrocarburos el gobierno de Honduras recibiría el 15 por ciento del petróleo y gas comercializado hasta que la empresa recupera sus costos de inversión. 

Alcanzada la recuperación de las inversiones efectuadas, el gobierno de Honduras recibiría el 50 por ciento de lo extraído hasta llegar a un 58%.

A esta altura de marzo de 2018, sucede un gran vacío de información de los avances obtenidos hasta ahora en este emprendimiento estratégico; así como el resultado de prospecciones marinas en ese sector del mar Caribe, tanto del gobierno hondureño como de Brithis Group.

Los beneficios del contrato al parecer no son muy redituables y en este momento no existe investigación independiente alguna que corroboren los alcances y letra menuda de la contrata, esto en procura de la verdad, el beneficio ambiental que esto entraña, para la comunidad nacional y el país en general.

       Uno de los islotes de los Cayos Cochinos donde se realizará el estudio 

Las fuentes mejor documentadas, por los análisis puntuales, científicos y jurídicos es el Instituto de Derecho Ambiental de Honduras, refrendados por Alianza Mundial de Derecho Ambiental confirman estas inquietudes.

Por ahora, sí podemos afirmar que al menos 200 muestras de suelo submarino han tomadas de un área de 36 mil 246 kilómetros cuadrados, para determinar la calidad y volumen del hidrocarburo. Las muestras se tomarán a cuatro metros bajo el lecho marino. 

La verdadera amenaza es doble debido al riesgo que la extracción entraña en sí misma y la  lamentable falta de rigor de la Secretaría de Recursos Naturales y el Ambiente, (SERNA), al catalogar la amenaza ambiental y lo que esto significa para el arrecife hondureño y mesoamericano.

El 20 por ciento de la población mundial depende de los arrecifes para su alimentación, sin embargo, las actividades humanas cobra su cuota en desmedro del equilibrio natural.

Pedro Landa, del Centro Hondureño de Promoción del Desarrollo Comunitario (CEPRODEC), cuestionó el origen ilegal de la concesión del permiso que da vida al proyecto; “es ilegal, ya que en el manejo de un bien tan escaso, conflictivo e importante, como es el petróleo, correspondía hacer una licitación pública internacional, sin embargo, se hizo una  adjudicación directa a BG Group.

Además, el proceso se hizo al margen de los derechos de los pueblos, como el derecho al conocimiento libre, previo e informado. Explicar que la plataforma donde están explorando el yacimiento petrolero, son las mismas zonas de producción económica de la población Misquita, protegida por el convenio 169 de la OIT como por la declaración americana de los pueblos indígenas y afro descendientes,” explicó Landa.

Lo que se percibe es que tanto el gobierno entrante como el que está por terminar le interesa obtener recursos a como dé lugar, sin importar si se vende la soberanía nacional, el territorio y debilitar la institucionalidad del Estado.

Planes de la autoridad hondureña que colocan en serio peligro a las comunidades Miskitas y Garífunas de la costa caribe de Honduras, Guatemala y Belice, concluyó.

 

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