Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa. Una firma de abogados en representación de la «República de Honduras» contactó a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York para advertir sobre lo que ellos consideraban «consecuencias colaterales» relacionadas al caso contra Antonio Hernández, dentro de las que se incluía el posible cierre de bases militares estadounidenses en Honduras.
La aseveración fue incluida en la «Presentación de la Sentencia del Gobierno» en el caso contra «Tony» Hernández, hermano del presidente de Honduras, por medio de la cual la Fiscalía pide a la Corte una condena de cadena perpetua para el acusado, así como el decomiso por un monto de US$ 138.5 millones y el pago de una multa legal por US$ 10 millones.
En esta documentación, la Fiscalía señala que existieron «esfuerzos adicionales para influir en el curso de la investigación» entre los que incluyen una llamada en 2019 por parte de una firma de abogados radicada en Estados Unidos. Durante esa comunicación, «los abogados declararon que se estaban acercando “como parte de la diligencia debida” para una “transacción” no especificada y que no representaban al acusado», detallan.
- Nota relacionada: Fiscalía de Nueva York está preparando el caso contra Juan Hernández: Edmundo Orellana
La firma de abogados contratada, que en la documentación solo es identificada como «Firma-1» reveló en su presentación ante el Departamento de Justicia que «puede participar en actividades políticas en nombre de [la República de Honduras], incluido el contacto con funcionarios estadounidenses en relación con la debida diligencia para el financiamiento en el mercado internacional, incluso con respecto a la asistencia económica y técnica de Estados Unidos a Honduras, y asuntos que afecten las relaciones entre Estados Unidos y Honduras».
En la llamada, los profesionales del derecho «describieron lo que vieron como “consecuencias colaterales” relacionadas con este caso, incluidas referencias a problemas de inmigración no relacionados y posibles cierres de bases militares estadounidenses en Honduras», describe la Fiscalía en relación a la llamada realizada por el bufete legal.
El texto continúa: «Los abogados también afirmaron que un perito contratado por el Gobierno [estadounidense] era parcial y que algunas de las pruebas del Gobierno [estadounidense] eran demasiado anticuadas para tener mucho valor probatorio en relación con las consecuencias colaterales negativas que identificaron los abogados». En este apartado, es importante destacar nuevamente que la firma de abogados declaró llamar en representación de la «República de Honduras» y no de parte de la defensa del acusado.
Sumado a esto, «los abogados también hicieron referencia a contactos con el Consejo de Seguridad Nacional de EE. UU. y le dijeron al equipo de la fiscalía que planeaban contactar a otras partes del gobierno de EE. UU. con respecto a sus preocupaciones sobre este caso. El equipo de la fiscalía no proporcionó información a los abogados de la Firma-1 y no alteró la presentación del juicio de ninguna manera con base en los esfuerzos de la Firma-1».
La Fiscalía del Distrito Sur expuso que el bufete de abogados fue contratado a nombre de la «República de Honduras» alrededor del 23 de septiembre de 2019, «para brindar asesoramiento “en relación con la legislación bancaria y de valores de EE. UU. en relación con el financiamiento en el mercado internacional y la debida diligencia relacionada”». Este rastreo fue realizado a partir de documentación obtenida en conformidad con la Ley de Registro de Agentes Extranjeros [FARA, por sus siglas en inglés].
Otros esfuerzos para influir en la investigación, según Fiscalía en NY
Otros «esfuerzos adicionales para influir en el curso de la investigación» identificados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York incluyen: el asesinato de Nery López Sanabria ocurrido en octubre de 2019, los asesinatos de José Luis Pinto y Pedro Ildefonso Armas en diciembre de ese mismo año y el asesinato de Normando Rafael Lozano en febrero de 2021.
El escrito indica que el asesinato de Nery López Sanabria, conocido también como Magdaleno Meza Funez, ocurrió en una prisión de máxima seguridad en el departamento de Santa Bárbara el 26 de octubre de 2019, ocho días después de que el jurado emitió su veredicto en el caso de «Tony» Hernández el 18 de octubre de 2019.
De acuerdo a la Fiscalía, en ese momento López Sanabria guardaba prisión con cargos pendientes en Estados Unidos. Durante su aprehensión, López Sanabria recibió visitas no autorizadas por parte del investigador Chase Lalani, contratado por familiares del acusado, y José Amilcar Hernández Flores, hermano de «Tony» Hernández, enfocadas en obtener información sobre si estaba cooperando con la Administración de Control de Drogas [DEA, por sus siglas en inglés]. López Sanabria habría rechazado sus esfuerzos y planeaba cooperar con la DEA en contra de Juan Hernández y su hermano «Tony».
En relación a los asesinatos contra José Luis Pinto, abogado defensor de López Sanabria; e Ildefonso Armas, director de la cárcel en la que murió López Sanabria; estas ocurrieron el 9 y 12 de diciembre de 2019, respectivamente. Según los detalles recolectados y presentados por la Fiscalía de Nueva York, ambos habrían tenido los mismos perpetradores y estarían ligados al crimen contra López Sanabria.
En cuanto a Normando Rafael Lozano, ex miembro de la Policía Nacional y quien fue identificado como uno de los cómplices del acusado en el juicio, este fue asesinado en San Pedro Sula junto a otras cinco personas [incluido el empresario Miguel Carrión], el 26 de febrero de 2021. Según testigos mencionados en el documento de la Fiscalía, el acusado [«Tony» Hernández] habría recibido un soborno para evitar la transferencia de Lozano a otro lugar en Honduras y que de esta forma continuara transportando cargamentos de cocaína.
En el inicio del juicio contra Geovanny Fuentes Ramírez, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York dijo que el negocio de drogas de Fuentes “prosperó” con ayuda de Juan Hernández. Por su parte, el presidente de Honduras advirtió sobre «colapso» de alianza contra narcotráfico y recurrió a Twitter a ratificar su inocencia afirmando que «los testimonios falsos de los narcos son mentiras obvias».
La lectura de la sentencia contra «Tony» Hernández está planificada para el martes 30 de marzo. El hermano del presidente de Honduras fue declarado culpable en la Corte del Distrito Sur de Nueva York en octubre de 2019, por los delitos de narcotráfico, tráfico de armas, conspiración para introducir droga a los Estados Unidos y falso testimonio.
2 respuestas
esta medio complicado hasta opinar, no quiero morir. sin comentarios.
“Aquí así es” la frase célebre del Historiador Hondureño, Medardo Mejia, hemos caído en un abismo de corrupción e impunidad donde la ciudadanía acepta de manera displicente los actos más atroces de corrupción contra las arcas públicas, privando a millones de Hondureños de acceso a vacuna contra el COVID 19, atención médica e insumos necesarios en la red de atención en salud pública, la deserción escolar de más de un millón de escolares, la migración de miles de jóvenes buscando oportunidades, dejar en precario el dinero para jubilaciones de los empleados públicos, el aumento a la cromo alidad y la Inseguridad ciudadana, desempleo masivo, quiebra d ela pequeña empresa, y el ahogamiento financiero de la mediana empresa, elecciones g fraudulentas y cómo resultado un panorama de desesperanza generalizada